El colectivo LGTBI ha sido utilizado puntualmente de un tiempo a esta parte para intentar favorecer determinados intereses de sectores económicos bastante oscuros.
La resistencia de sus miembros a esta instrumentalización cada vez menos sutil, ha ido variando dependiendo del momento político y de quiénes estaban al frente de las principales organizaciones LGTB de nuestro país.
Los próximos días 8, 9 y 10 de octubre se celebrará el congreso de una de las entidades más importantes de este ámbito, la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales), y en dicho encuentro, algunas organizaciones pertenecientes a esa federación han aprovechado para presentar una resolución a favor del mal llamado “trabajo sexual”, es decir, a favor de la prostitución.
Lo primero que llama la atención de este amplio documento de casi seis páginas, es que podría ser presentado en cualquier congreso de cualquier cosa, ya que no hace absolutamente ninguna distinción entre las personas del colectivo y las que no lo son que están en el mundo de la prostitución. No importa si son gais o lesbianas, sólo se habla del “trabajo sexual” en general.
La resolución aboga por el reconocimiento legal de la prostitución, así como por el “empoderamiento” de quienes lo practican, hasta el punto mismo de exigir una cuota de poder en cada órgano de dirección para que sea ocupado por “trabajadores sexuales”, sin mencionar ni si quiera las circunstancias específicas de las personas del colectivo que están en esta situación.
Una resolución que inicia con una descripción del “trabajo sexual” como algo que ejercen “hombres cis y mujeres trans”, libremente y sin ningún tipo de intermediario. “Trabajo sexual” que ejercen personas que han decidido ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero, o de otros bienes como, y cito textualmente, “cobijo, alimentación, protección, pago de servicios médicos – dentista, cirugías plásticas, etc- pago de alquileres u otras facturas, etc) u objetos materiales (ropa, calzado, móviles, artículos de lujo, etc.)”. A esto del sexo por comida lo han rebautizado en el propio documento como “sexo compensado”, muy acorde con la posmodernidad y el neolenguaje que todo lo intoxica en nuestros días.
Al hilo de esta tendencia de esconder el horror bajo palabras aceptables, la resolución viene salpicada de otros conceptos tan etéreos como la “dimensión holística del trabajo sexual” o necesidad de definir el “trabajo sexual sin carga moral”. La verdad, no logro hallar el punto de conecte entre este discurso metafísico y los problemas absolutamente tangibles y reales que tiene el colectivo LGTBI.
Sin embargo, el neolenguaje utilizado a conciencia no logra esconder las múltiples contradicciones del documento, como por ejemplo cuando se recoge que los “trabajadores sexuales” lo hacen libremente y sin intermediarios, pero se solicitan acciones para que sean reconocidos como trabajadores dependientes de algún patrón.
Otro sinsentido del documento es que, si bien se reconoce que la trata de personas para fines de explotación sexual no está bien, la resolución y las medidas que en ellas se reivindican que debiera hacer la FELGTB, sólo estarían dirigidas a quienes se “prostituyen libremente”, obviando el detalle de que no más del 5 % de las personas prostituidas se auto incluyen en esa categoría de “libres”.
Entonces, nos encontramos ante una reivindicación para la minoría de “hombres cis y mujeres trans”, dentro de un espectro ocupado casi exclusivamente por mujeres prostituidas.
Y así durante seis páginas, porque en realidad, el auténtico objetivo del documento es situar la importancia del “empoderamiento” de las personas que llaman “trabajadores sexuales” y conseguir la visibilidad del negocio de la prostitución como socialmente aceptable, y para ello, dar entrada a estas personas en los ámbitos de toma de decisión del colectivo LGTB.
La pregunta es ¿en qué podría beneficiar a la comunidad LGTB que miembros del mundo de la prostitución estuvieran al mando sus reivindicaciones? ¿Qué avance social y de derechos civiles supondría que personas que, según el propio documento, intercambian sexo por comida y techo, fueran los que tomaran las decisiones?
De nuevo, estamos ante un intento completamente descarado y a cara perro de querer vincular, de manera traicionera, una violación brutal de los derechos humanos como es la prostitución, con los derechos y reivindicaciones del colectivo LGTB. Como ya ha pasado, por ejemplo, con el alquiler de vientres y la adquisición de bebés mediante este contrato, que constituye otra violación de los derechos humanos de las mujeres y de los menores que los intereses económicos quieren cargar a la cuenta de esta comunidad.
Esta vez, me gustaría ver por parte de los y las dirigentes de la FELGTB, una oposición más contundente y sin fisuras a esta trampa de los “derechos diversos”.
