¿Quién defiende a los proxenetas?

Los proxenetas realizan una actividad criminal, la brutal explotación sexual de mujeres y niñas. Una gran mayoría de esa actividad se realiza a través de la trata, respecto de la cual parece haber un aparente consenso sobre la necesidad de su penalización; y digo “aparente” porque para acabar con la trata, nada mejor que abolir la prostitución, ya que “muerto el perro se acabó la rabia”. Pero nada de eso ocurre. Además, incluso sin mediar la trata, o simultáneamente con ella, también puede realizarse esta actividad usando de la violencia, la extorsión, el engaño, etc. en el que, a menudo, se producen sobornos, mercadeo con drogas, etc.

El proxenetismo, además, es la actividad que posibilita que hombres prostituidores (o, si lo prefieren, puteros), ejerzan todo tipo de violencia física y psicológica contra mujeres y niñas mediante un precio. En definitiva, poca gente estaría en desacuerdo con la afirmación de que el proxenetismo es una actividad claramente delictiva que permite -lejos, muy lejos de la libertad sexual- los tratos más violentos y degradantes contra las mujeres.

El proxenetismo, además, es la actividad que posibilita que hombres prostituidores (o, si lo prefieren, puteros), ejerzan todo tipo de violencia física y psicológica contra mujeres

El pasado 28 de mayo se realizó una manifestación, secundada por casi 200 asociaciones feministas, que tenía por objeto reclamar la abolición de la prostitución mediante una Ley, la LOASP (acrónimo de la Ley orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional). A ello hubiera contribuido decisivamente que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, popularmente conocida como “la ley del solo sí es sí”, hubiera penalizado a los proxenetas, ya que -sin ellos- el mercado de la prostitución no podría tener el grado de organización y crecimiento que actualmente tiene.

Pero Unidas Podemos, y otros partidos que les secundan, como ocurre en València con Compromís, o en Catalunya con Barcelona en Comú, ERC…consideran que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, con la lógica consecuencia de conceptuar al proxeneta como empresario, al putero como cliente y a la mujer explotada, como trabajadora sexual. En base a ello, Unidas Podemos ha presionado y conseguido que el PSOE -su socio en el Gobierno de la nación- retirara la enmienda que introducía penas de cárcel a quien se lucre de la explotación de mujeres.

Por cierto que se trata del mismo Gobierno que no quiere renunciar a recaudar un tipo abusivo de IVA en los productos de higiene íntima femenina, de uso irrenunciable, y que suponen una carga impositiva que han de soportar, casi en exclusiva, las mujeres.

Es también el Gobierno que no indulta a madres protectoras que se encuentran en riesgo inminente de entrar en prisión. Siendo el “delito” de estas mujeres intentar proteger a sus hijas e hijos. Y lo hacen, entre otras razones, porque los poderes públicos no cumplen con su obligación de proteger a la infancia y salvaguardar su interés superior y no el de sus progenitores varones.

Es el Gobierno que, en el Proyecto de Ley del Aborto, ni siquiera anula la disposición del registro civil que permite “regularizar” a las criaturas nacidas por medio de contrato de compra-venta (mal llamada gestación subrogada). Resulta cuanto menos paradójico que, mientras la propia ley reconoce que alquilar el cuerpo y la vida de una mujer para engendrar una criatura que posteriormente será comprada es violencia contra las mujeres, siga permitiendo que esa violencia pueda ser regularizada mediante una simple artimaña administrativa.

Y es también el Gobierno que, en el borrador del Proyecto de Ley Trans, lejos de incrementar derechos de ese colectivo (ya recogidos en la Ley 3/2007), fulmina -o compromete gravemente- derechos de las mujeres y de la infancia al permitir -por ejemplo- la hormonación y mutilación temprana de niños, niñas y adolescentes; la invasión de espacios de privacidad y seguridad de las mujeres, la usurpación de cuotas establecidas por razón de sexo y no de género, la injusta invasión de las competiciones deportivas femeninas; o el hecho de que cualquier persona (y no sólo las personas trans, como quieren hacernos creer) pueda autodeterminarse, por su sola voluntad y sin criterio objetivo o comprobable alguno, del “género” que libremente elija. Como con ello lo que en realidad se modifica es el sexo registral, la consecuencia inmediata es la distorsión de las estadísticas, borrando así la opresión de las mujeres al imposibilitar su medición. Todo ello, dicen, en nombre de la inclusión. Curiosa inclusión la que, para amparar a un colectivo reducido, excluye a la mitad de la humanidad.

Estos son unos pocos ejemplos de las políticas que viene realizando un Gobierno que, no obstante todo lo anterior, se autoproclama “el más feminista de la historia”. Claro que lo hacen en nombre de “los Feminismos”, plural cómodo y muy oportuno para que en el Feminismo quepa todo, hasta el antifeminismo más acérrimo.

En fin, volviendo a la prostitución ¿Se podrían imaginar a Unidas Podemos -incluso con su imaginario de conceptuar como empresarios a los proxenetas- defendiendo los intereses de cualquier otra “patronal” que no fuera la del proxenetismo?

¿Se puede seguir creyendo que -con la honrosa excepción de sus militantes feministas y del PSPV- el PSOE y Unidas Podemos configuran un gobierno feminista, cuando el segundo antepone los intereses de los proxenetas sexuales y reproductivos a los derechos de las mujeres, y el primero se pliega a ello?

Antes he mencionado la estrategia fraccionadora que implica hablar de “feminismos”. Pero puedo asegurar que machismo solo hay uno. Así lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria amparan el proxenetismo sexual y/o el reproductivo, sin los cuales sería materialmente imposible dar soporte a la explotación de las mujeres que se ven imposibilitadas de salir -o no han tenido más remedio que entrar- en esos infames “mercados”.

El panorama de la derecha española es -si cabe- más desolador que el de la autoproclamada izquierda. En su extremo, encontramos a un partido -salido de la costilla del Partido Popular- que tiene por bandera la más descarada misoginia. Por su parte, el PP no tiene reparo alguno en compartir poder y agenda con esos añorantes del franquismo ¡tienen, en realidad, tanto en común! Además, con su típica hipocresía, el PP se opone a leyes (divorcio, aborto, matrimonio igualitario, etc.), que luego utilizan ellos y sus militantes sin pudor alguno. Y con la prostitución les ocurre lo mismo: dicen estar en contra de la prostitución, pero le ponen toda clase de pegas a secundar leyes que posibilitarían su abolición. Por su parte, Ciudadanos, partido que está en la senda de la total irrelevancia, se posiciona a favor del mercado; y si lo que se vende o alquila en ese mercado son mujeres o niñas únicamente hay que “regular” las condiciones (para que los “empresarios” no corran riesgos, claro), pero desde luego, en absoluto desactivar la más antigua forma de explotación humana. Lo cierto es que los prostíbulos de este país se llenan con hombres de todos los colores políticos, sin que a ninguno de ellos le tiemble el pulso a la hora de violar a mujeres vulnerables previo pago.

¿No sería en cambio más lógico que todos los partidos políticos del arco parlamentario secundaran con urgencia la ley de abolición del sistema prostitucional (incluyendo la pornografía, que es su escuela), siquiera sea para dar cumplimiento al artículo 15 de la Constitución Española que dice “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, ¿en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”? Salvo, claro está, que consideren que dicho artículo no aplica a las mujeres en base a la calculada ambigüedad del masculino genérico, que permite -en este caso a conveniencia de quienes legislan- excluir al sexo femenino de tan firme y solemne enunciado constitucional.

En conclusión, las mujeres estamos solas y asistiendo a un ataque sin precedentes a nuestros derechos humanos. O nos organizamos y votamos a partidos con auténtico compromiso feminista -no con palabras sino con hechos- o nos arriesgamos a perder buena parte de lo conseguido en tres siglos de Feminismo. Sea como fuere, lo que no debemos hacer es otorgar nuestra confianza a quienes nos vuelven la espalda una y otra vez. Porque si hay algo más indigno que la traición es que -sabiéndolo- facilitemos el acceso al poder de quienes nos traicionan. Las mujeres, como Roma, no debemos “pagar a traidores”.