“Sigue siendo muy complejo para la administración (…) que a día de hoy no tenemos claro qué ha pasado o dónde están exactamente dedicados los 80 millones de euros que comprometía al Pacto de Estado en la Administración General de Estado”. Estas eran las sorprendentes declaraciones que hacía la Secretaria de Estado contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, en la presentanción de la agenda del Ministerio de Igualdad contra las violencias machistas para el periodo 2022-2025 el pasado 17 de enero. Son 80 millones anuales con los que los PGE dotan directamente y ex profeso a la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas o ex parejas a través del Pacto de Estado, suscrito en 2017, y del que Podemos se abstuvo en su aprobación unánime por el resto de grupos parlamentarios.
Las declaraciones pasaron desapercibidas para la prensa porque en la misma presentación se hacían públicas las medidas que el Ministerio de Igualdad iba a tomar por el repunte de asesinadas sólo en el mes de diciembre de 2022, once mujeres. Pero de boca de la propia Secretaria, “no hay control de las medidas que se han tomado del Pacto de Estado ni de su financiación asociada”. 80 millones anuales, 320 millones.
El resto de la financiación para cumplir las medidas del Pacto corre a cargo de autonomías y entidades locales e insulares. Si desde el propio Ministerio no nos pueden informar en qué y cómo se está gastando este presupuesto, las mujeres, las feministas y las víctimas de violencia les podemos decir algunos de los destinos que se le han dado. De los presupuestos del propio Pacto de Estado y de la lucha para la Igualdad y la Violencia de Género, con las instituciones públicas responsables como promotoras:
Jornadas de inclusión Trans y teoría Queer, Congresos de Periodismo varios sin repercusión alguna; Talleres de “diversidad” y Festivales (de “perreos feministas”). Catas sensoriales de chocolates, Ediciones de revistas, guías y manuales oficiales con capítulos dedicado a lo ‘Trans’; Campañas, Formación y publicidad institucional para la detección y sensibilización ‘Trans’. Gordofobia, Coeducación sexual para menores, personas con discapacidad y familias; Actividades ‘Trans’ el 25N, día contra la Violencia de Género, en numerosos municipios de todo el país. Financiación a Asociaciones de “Mujeres Trans”, Estudios e Investigaciones de impacto Trans, Educación en Género…, justo lo que hace que seamos maltratadas: el género. Campañas para denominar a las mujeres “cis, personas con vulva, con vagina, menstruantes o gestantes” en un empeño por eliminar la palabra “mujer”. En un empeño por eliminarnos. Lo que no se nombra no existe.
ha adjudicado por la vía de urgencia y en el mes de diciembre, con el acumulado repito de once mujeres asesinadas, el teléfono para la atención contra la LGTBIfobia, con “especial atención a las personas Trans”, una adjudicación de más de 3 millones de euros.
Además, la Secretaría de Estado y contra la Violencia de Género ha adjudicado por la vía de urgencia y en el mes de diciembre, con el acumulado repito de once mujeres asesinadas, el teléfono para la atención contra la LGTBIfobia, con “especial atención a las personas Trans”, una adjudicación de más de 3 millones de euros. También estudios para la “Inclusión de las Personas Trans” por casi 300.000 euros, cuando los estudios para cualquier otro colectivo el mismo Ministerio los adjudica por 50.000 euros (portal de Transparencia).
Un mes de diciembre negro en cuanto a cifras de asesinadas y activo políticamente, en el que se modificó la ‘Ley Trans’ canaria para incluir como víctimas de violencia de género a las mujeres Trans, propuesta presentada fuera de plazo de la convocatoria pública pero aún así admitida y ejecutada por el Gobierno de Canarias. Tenemos una comunidad canaria que se vende desde la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad como “pionera y a la vanguardia” en políticas Trans; de “inclusión y diversidad” le llaman ellos. No en vano seremos la primera CC.AA., junto con Castilla-La Mancha, en presentar a hombres biológicos a las elecciones como mujeres porque así lo sienten ellos y así se lo permiten las leyes autonómicas. Ya son mujeres, ya son candidatas, ya está ocupada la cuota femenina que sólo alcanzamos porque lo obliga la ley, nunca por voluntad patriarcal.
Se trata de recursos y prioridades. El concepto y objeto jurídico de la Igualdad constaba de la igualdad de las mujeres con los hombres, en evidente y sangrante desventaja secular. Y digo bien en pasado porque esto ha dejado de ser así. Pero parece, a tres años de legislatura estatal y casi los cuatro autonómicos cumplidos, que la prioridad para este Ministerio ha estado en la cuestión Trans. Esta agenda política ha absorbido recursos y prioridades en contraposición y vulneración de la seguridad jurídica y social de las mujeres, contrario en difinitiva a toda igualdad. Para esto sí han llegado a tiempo. Nos dijeron que llegarían, pero no nos dijeron a dónde.
