Plataforma feminista exige la derogación de Ley Trans por colisión con leyes de protección a mujeres

Redacción Tribuna
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Los casos conocidos en Madrid, donde al menos seis hombres con sentencias por malos tratos han cambiado su sexo registral pasando a ser considerados legalmente mujeres, ponen de actualidad nuestras alertas sobre la inseguridad jurídica de la ley

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 El pasado 18 de marzo, la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid se dirigió a la ministra de Igualdad informando de que agresores registrados en el sistema VioGén, el sistema de protección para víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja, habían demandado servicios de la Comunidad de Madrid tras su cambio de sexo registral a mujeres.

La posibilidad de solicitar el ingreso en casas de acogida es factible para cualquiera que recurra al cambio registral de sexo, como consecuencia de la aprobación de la Ley Trans que incluye la autodeterminación como elemento central de la norma.

En su carta, la Consejera Ana Dávila-Ponce de León afirma que algunos de esos agresores han acudido a los Puntos Municipales del Observatorio de Violencia de Género solicitando ser atendidos. Se da el caso de que “alguna de las víctimas está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor”.

 Según informaciones de la Consejería recogidas por la prensa, en Madrid son ya seis los casos de varones identificados como maltratadores en el sistema VioGén que han modificado su apunte registral de sexo y tres de ellos han pretendido recibir la atención prevista para las mujeres víctimas de violencia en los Puntos Municipales.

Uno de los casos citados en informaciones hechas públicas por el diario El Mundo es el de una mujer que ha denunciado a su ex pareja por agresión sexual, utilizando métodos de sumisión química para violarla. Cuando la mujer denunció los hechos, descubrió que el agresor ya no es legalmente hombre, sino mujer, por lo que a ella no se le ha podido aplicar la especial protección que prevé la Ley de Violencia de Género de 2004 para las víctimas de maltrato.

La Consejera de Familia señala en su carta que “estas circunstancias ponen en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales que las atienden, y ponen en riesgo a todo el sistema de protección; por todo ello pide a la ministra que se indique “la forma de proceder en los casos descritos para que no se ponga en peligro la integridad de las víctimas”.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres queremos recordar que ya alertamos de que esto norma creaba situaciones de inseguridad jurídica en diferentes ámbitos de la vida social y en el paquete de propuestas de enmiendas que elaboramos en su día alertamos de que la Ley Trans entra en conflicto con la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.

El Consejo General del Poder Judicial  ya indicó en su informe que la norma no establecía disposiciones suficientes para garantizar que los maltratadores no puedan aprovecharse de la Ley.

En nuestras consideraciones a la Ley, ya indicamos que la comisión de delitos de violencia machista o sexual debería implicar la revocación del cambio de sexo registral y que las penas privativas de libertad deben cumplirse en el módulo penitenciario correspondiente al sexo biológico, a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las mujeres presas.

Este caso también pone de manifiesto como será tergiversada la realidad estadística ya que estos varones autoidentificados como mujeres pasarán a ser considerados mujeres maltratadoras de mujeres en el marco de un delito de violencia doméstica, cuando en verdad estamos ante casos de violencia machista.

Consideramos que una mujer biológica agredida por su pareja varón biológico no debería perder sus derechos como víctima de violencia machista, con independencia del sexo registral de ella o de su pareja (incluyendo derechos como contar con un abogado de oficio, orden de protección, etc.).

Según recoge Onda Cero, “el ministerio afirma estar valorando estos casos con un informe técnico-jurídico para dar respuesta dentro de lo que permite la Ley estatal”.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres nos preguntamos si la norma en la que se basará el ministerio será la Ley Trans construida en base a la inseguridad jurídica o la ley 1/2004 contra la violencia que establece la obligación de las administraciones de proteger a las víctimas del machismo.

La alerta hecha por la Comunidad de Madrid, poniendo de manifiesto que, en estos momentos, varios varones maltratadores ya han pedido su ingreso en servicios y espacios destinados a mujeres víctimas de violencia, se suma a la constatación de que todas las alertas realizadas por las organizaciones feministas, eran fundadas, y convierte en urgente la retirada de la Ley.

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