Los hombres registrados como mujeres con su mera palabra tendrán acceso a todas las medidas de prevención y protección para las mujeres víctimas de violencia machista contraviniendo el artículo primero de la ley 1/2004
Ya sabíamos de las implicaciones negativas que para las mujeres tiene la autodeterminación del sexo registral en diversos ámbitos: deportivo, laboral, médico, penitenciario, de medidas de protección en violencia de género… pero que las Cortes Generales den un espaldarazo a los hombres autodefinidos y registrados mujeres con la única garantía de su palabra a través del Pacto de Estado contra la violencia de Género, aprobrado el pasado 26 de febrero por todos los grupos parlamentarios (excepto VOX), es dar la puntilla a la seguridad de las ciudadanas de este país.
El nuevo documento, en su marco normativo de “Ámbito civil”, recoge la referencia a la “Ley 4/2023, de 28 de febrero, para igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”. Seguidamente, dentro de la normativa relativa al “Ámbito social, laboral y Seguridad Social” se plasma el “Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas”.
No es hasta el Eje 2 “Respuesta institucional: coordinación y trabajo en red”, en el punto 2.5 de “Sectores vulnerables” que la medida 145 reza en su literalidad “Adaptar los protocolos de actuación, procedimientos y demás medidas de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento a la diversidad de mujeres: mujeres con discapacidad física y/o intelectual, mujeres migrantes, mujeres transexuales, mujeres mayores y en edad de jubilación, mujeres jóvenes, mujeres en el ámbito rural, mujeres con adicciones, mujeres con problemas de salud mental, etc.”.
Si atendemos al término “transexualidad”, podemos concluir, en virtud de la Ley 4/2023, que queda derogado, pasando a ser “trans” tal y como reza la propia normativa en su Preámbulo I: “En lo relativo a las personas transexuales (en adelante, personas trans)…” así como en su art. 3 Definiciones: “Persona trans: Persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer”. Es cuanto menos extraño que el Pacto recoja, así, el término “transexual”. Pero más sorprendente resulta que el colectivo trans quede bajo el paraguas de los protocolos a sectores especialmente “vulnerables”. Cualquier hombre identificado mujer es más vulnerable que cualquier mujer.
De las consecuencias de esta inclusión, en el protocolo que mandata los fines y objetivos de los recursos contra la violencia hacia las mujeres, ya conocemos que podrán beneficiarse de la protección a mujeres víctimas de agresiones, mezclarse con ellas o acceder a medidas que palíen la asimetría de igualdad entre hombres y mujeres, ahora con recursos específicos. Pero es de especial gravedad que, de la presunta malversación y fraudes que las feministas venimos denunciando para el correcto uso de todos estos recursos, ahora las asociaciones LGTBI(Q+) están autorizadas y validadas para recibir dotaciones presupuestarias destinadas a la violencia contra las mujeres.
Significa que tienen carta blanca con presupuesto del Pacto de Estado para terminar de abarcar, lo que ya venían haciendo de forma fraudulenta, las áreas de Educación, Igualdad, Sanidad, Universidades, Deportes, Cultura, Juventud, Familia, Menores… para formación y coordinación en políticas de violencia machista. En definitiva, el nuevo Pacto de Estado financia a partir de ahora de manera legal las políticas transgeneristas en el nombre de la violencia de género.
En el informe de la Subcomisión, añadido por los Grupos Parlamentarios que subscriben el Pacto, señalan la necesidad de que “las medidas que contiene el pacto que interpelan a las diferentes administraciones públicas deben entenderse, en todo caso, desde el pleno respeto al reparto constitucional de competencias y, en ningún caso, limitan los programas o actuaciones configurados por las administraciones autonómicas y locales competentes en la materia”. No sabemos si esto interpela a las leyes trans autonómicas que, algunas de ellas, reconoce como “personas trans” a travestis, no binarios, queer y “otros”.
Un Pacto de Estado que dobla sus medidas e incrementa en un 50% su presupuesto para un fenómemo violento estructural que afecta a mucho más que a la mitad de la población (mujeres y menores) y que incluye a los hombres que decidan ser mujeres con el propósito que sea, es la consagración de que las mujeres no importamos en un país donde las feministas somos perseguidas, las mujeres maltratadas y los hombres considerados mujeres.
