Hoy en día resulta obvio que aceptar la diversidad, de manera que aprendamos a superar los grandes ejes de opresión: clase, etnia y sexo, y a no discriminar a nadie por su pertenencia a uno o a varios de dichos ejes -se mire como se mire- es un gran avance en las relaciones humanas.
Por lo mismo, aprender a superar la discriminación que enfrentan algunos colectivos debida a su orientación sexual, a la discapacidad en sus diferentes grados, a su origen, su religión o a cualquier otra circunstancia personal o social es un objetivo que se ha de perseguir y alcanzar.
Además, analizar en cualquier sociedad el grado de incorporación de la diversidad es un indicador útil, aunque no único, que nos permite conocer si estamos o no en presencia de una sociedad avanzada.
Partiendo, pues, del completo acuerdo con la necesidad de avanzar en el desarrollo de políticas públicas inclusivas que permitan desactivar cualquier foco de opresión o discriminación para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, no deja de llamarme la atención el marcado sesgo androcéntrico y también misógino, con el que se acometen las políticas inclusivas orientadas a desactivar la discriminación por razón de identidad sexual o de género (que, ni siquiera en su denominación se han puesto aún de acuerdo los colectivos TQ+).
A continuación expondré algunas de las razones que me llevan a dicha conclusión, sirviéndome de varios ejemplos para ello:
Pensemos, en primer lugar, en la discriminación debida a etnia. Si se han de abordar políticas inclusivas destinadas a evitar la discriminación de las personas discriminadas por dicha razón, la solución no es declararlas «blancas» o financiar el blanqueamiento de su piel. Como es lógico, esas políticas se orientarán a que la percepción social cambie, de manera que toda la ciudadanía llegue a interiorizar algo tan obvio como que el color de la piel no resta ni añade un ápice de humanidad o valor a nadie y, desde luego, no permite escamotearle ni uno solo de sus derechos. Y por eso ninguna persona puede recibir discriminación por algo tan intrascendente como el color de la piel.
Del mismo modo, si las personas son oprimidas y discriminadas por su origen, la solución no es mentir sobre su lugar de nacimiento y modificar el mismo en el Registro Civil. Lo que debemos hacer es aprender a aceptar y respetar el origen de cualquier persona y todos y cada y uno de sus derechos.
Lo mismo ocurre con la clase social. Si las personas son oprimidas o discriminadas por pertenecer a las clases menos favorecidas, no modificamos el IRPF para falsear su nivel de renta. Lo que debemos hacer es poner en marcha políticas públicas que enseñen a respetar a las personas con independencia de su capacidad económica, evitando, así, la discriminación que estuvieran sufriendo por dicho motivo. Y, sin perjuicio de que se aborden, también, otras políticas públicas. Como, por ejemplo, las orientadas, a redistribuir la riqueza de manera más justa o a instaurar un programa de renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía que lo necesite.
Igualmente, si las personas son discriminadas por su discapacidad, no fingimos ignorar esa discapacidad diciendo que todas las personas somos más o menos diversas, negando con ello las dificultades funcionales o intelectuales específicas que estas personas presentan. Deberemos, por el contrario, activar políticas públicas antidiscriminatorias que hagan comprender a la ciudadanía que la discapacidad no define a las personas, sino que puede limitar algunas de sus funcionalidades. Y, por ello, habrá que respetar a las personas con discapacidad, garantizarles todos y cada uno de sus derechos, y ocuparnos de establecer la acción positiva compensatoria que se requiera en cada caso.
Un caso especial está constituido por las personas que se autoperciben como algo que no son (transraciales, transespecie, transedad, transdiscapacitadas/os…). En estos casos, las políticas públicas antidiscriminatorias se orientarán a procurar que la sociedad no las discrimine ni estigmatice en base a su salud mental. Simultáneamente, han de fomentar el necesario abordaje diagnóstico y el tratamiento adecuado de cada una de esas patologías. Sin confundir nunca patologización con estigmatización. Y, desde luego, en ningún caso se entienden aplicables a estas personas los derechos sociales compensatorios establecidos para los colectivos con los que se identifiquen pero a los que no pertenecen.
Podemos así observar que – en trazo grueso- el esquema general en las políticas antidiscriminatorias es muy similar:
- Reconocimiento de la existencia de un grupo discriminado.
- Activación de políticas antidiscriminatorias para inducir la aceptación social de dicho grupo.
- Puesta en marcha de acciones positivas para corregir la discriminación, siempre que se objetive la misma. Acciones positivas que cesarán cuando la situación de discriminación del grupo sea superada.
Pero, como sostengo en este artículo, existe una notable excepción a este esquema. Me refiero a las políticas inclusivas del colectivo trans, que no se justifican en lo absoluto, salvo por el interés que reportan al mantenimiento del sistema patriarcal.
Porque si una persona es discriminada por declarar o manifestar una identidad «trans»,
-Lo que no debemos hacer es ignorar la realidad: Mentir, adoptando un política inclusiva que declare que los varones pueden ser mujeres o viceversa, supone una grave falsedad de una realidad material esencial para la supervivencia de la especie humana como es el sexo, que no cambia por muchas alteraciones hormonales, quirúrgicas o cosméticas que realicemos. Lo que significa que la denominada «transición» es, en realidad, un viaje a ninguna parte.
-Lo que no debemos hacer es incurrir en falsedad documental en el Registro Civil sobre el sexo de las personas.
-Lo que no debemos hacer es exigir a la ciudadanía que se mienta a sí misma y a su entorno, negando la realidad.
-Lo que no debemos hacer es imponer percepciones personalísimas de individuos concretos al resto de la sociedad.
-Lo que no debemos hacer es arrebatar derechos compensatorios reconocidos a las mujeres por su opresión y discriminación a un colectivo distinto, que no comparte esa opresión porque su discriminación tiene un origen muy distinto.
Pero todo eso es justo lo que se ha hecho en el caso del colectivo trans. Para legitimar este modo de proceder se ha desarrollado un auténtico lavado de cerebro entre las capas más jóvenes de la población (la más permeable y vulnerable), usurpando -de paso- la Coeducación, ya que trasmitir el valor de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido sustituido -no por el respeto a la diversidad- sino por el «fomento» específico de la diversidad trans.
Además, no se han escatimado recursos para que los medios de comunicación, las RRSS, el entretenimiento y el ocio, inunden los hogares con esta ideología. También se ha financiado a las universidades para que expandan el dogma queer por encima de la verdad y la ciencia comprando -a golpe de talonario- la legitimidad que la ciudadanía atribuye a la Academia. Se ha fomentado el buenismo social de algunas personas pero, sobre todo, se ha mantenido a la inmensa mayoría en la ignorancia sobre las graves repercusiones de estas políticas delirantes. Para conseguirlo, siguiendo una hoja de ruta pública y conocida, las leyes trans se han aprobado sin casi debate, muchas de ellas por la vía de urgencia. Y, por si acaso, se ha ejercido y ejerce, además, una férrea censura sobre cualquier voz discrepante.
¿Por qué razón se están dilapidando tantos esfuerzos y recursos con destino a un porcentaje tan pequeño de la población? ¿Acaso pensamos que un sistema político-social al que le cuesta tanto acometer políticas inclusivas de la diversidad en otros ámbitos, en este se ha vuelto sensible? ¿Por qué no se hace el mismo esfuerzo en el caso de las mujeres, que somos la mayoría de la población? ¿No será que el colectivo trans no impugna el sistema sino que lo refuerza? ¿O es casualidad que esta sobreprotección del colectivo trans perjudique a las mujeres? Claro que no.
Desde los años 70, el feminismo experimentó un fuerte impulso de la mano del activismo feminista y de las aportaciones de sus teóricas, constituyendo un hito histórico la Conferencia Mundial de Beijing de 1995; cuya Declaración y Plataforma suscribieron 189 países, lo que implicaba que estos debían imprimir un significativo cambio de rumbo en las políticas públicas con el objetivo de alcanzar la igualdad.
La preocupación del sistema patriarcal-capitalista por los anteriores motivos, no hizo sino acrecentarse por la adhesión creciente de las mujeres a las convocatorias feministas, culminando con las masivas manifestaciones de 2018. De manera que, el hecho de que las mujeres pudieran llegar a gobernar -en condiciones de igualdad con los varones- todas las instituciones de poder, es algo que el sistema no estaba dispuesto a tolerar. Y que las políticas públicas contribuyeran a terminar con la feminización de la pobreza, base de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, tampoco. Era, pues, necesario y urgente, acabar con el movimiento que impulsaba esas políticas: El feminismo. Para conseguir ese objetivo era determinante legalizar un delirio: que los hombres puedan ser mujeres con solo declararlo.
En efecto, solo exigiendo la aceptación legal y social de esa mentira resultaba posible conseguir distintas metas, todas ellas valiosas: Diluir nuestra propia identidad como grupo al introducir a algunos varones en el grupo humano de las mujeres. Ya no podemos decir «Nosotras, las mujeres» sin que en esa acepción quepa también cualquier hombre que lo desee. Y, con ello, dinamitar el sujeto político del feminismo. Borrarnos en el lenguaje para no ofender a un colectivo pequeño ignorando la ofensa que eso supone para las mujeres. Distorsionar las estadísticas mediante la confusión interesada entre sexo y género. Recuperar para los varones cualquier espacio conquistado por las mujeres para salvaguardarnos de la violencia masculina. Expulsar a las mujeres de las competiciones deportivas (a los varones les gustan las mujeres físicamente débiles y vulnerables ya que la violencia masculina es más eficaz y temida en esas condiciones). Incluir a varones en las cuotas destinadas a las mujeres en las esferas de poder por razón de su sexo, exclusión que, de esta manera, se intensifica y refuerza al usurparse ilegítimamente por las personas trans. Y, finalmente, exigir de las lesbianas que acepten el acceso a sus cuerpos por parte de varones que se declaran «lesbianas» con pene.
Pero es que, además, reconduce a niñas, niños y adolescentes -con problemas para encajar en los estereotipos asignados a cada sexo- a autopercibirse como trans, vendiéndoles que esa es la panacea para ser socialmente aceptados. No puedo dejar de verlo como un castigo bíblico (la biblia la escribieron hombres) para cualquiera que no acepte dócilmente los estereotipos y roles de género asignados a su sexo. Para conseguir que todo problema de infancia y adolescencia sea un problema trans, basta con entronizar las terapias afirmativas y prohibir las exploratorias por la vía de conceptualizarlas como terapias de conversión, cuando dichas terapias no pretenden modificar conductas, sino indagar otras posibles causas del malestar con el propio cuerpo o con el corsé del género.
El colectivo trans se ha aliado con el diablo: porque son los varones los que realmente ejercen violencia contra las personas trans. El patriarcado les apoya para que hostiguen a feministas y acaben con los derechos de las mujeres. Así de simple. Las políticas inclusivas trans son una trampa y tienen género: El género patriarcal opresor. Por eso, aunque las feministas no tenemos nada en contra de las personas trans, lo tenemos todo en contra de que nos arrebaten nuestros derechos. Y no nos callarán.
#LaLeyTransEsInconstitucional
#21Junio
