Feministas exigen a ambos departamentos que retiren el aval institucional y cesen la distribución como material formativo de una publicación que propone que formularios administrativos diluyan la identificación del sexo, contraviniendo la ley de Igualdad.
Rechazan que instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal.
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La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha reclamado al INAP, organismo responsable de la formación de los empleados públicos y al Instituto de las Mujeres el cese de la distribución y la retirada del aval institucional a la “Guía de Lenguaje Inclusivo para la Administración”, al considerar que introduce propuestas que debilitan herramientas esenciales para identificar, medir y corregir las desigualdades que sufren las mujeres por razón de sexo.
La igualdad entre mujeres y hombres no puede defenderse debilitando precisamente los instrumentos que permiten medirla.
Para las feministas, esta guía incorpora planteamientos y recomendaciones que afectan a formularios, documentación administrativa y sistemas de identificación institucional, desvirtundo la funcionalidad de registro de utilidad para el conocimiento de una realidad que opera de manera diferenciada para hombres o mujeres.
Contra Borrado señala que el español, dispone de recursos suficientes para nombrar correctamente a las mujeres y describir con precisión la realidad sexual de las personas.
Las feministas denuncian que si en formularios administrativos se elimina o ficciona la categoría de sexo desaparece la posibilidad de calcular métricas como brecha salarial de género, distribución por sexo en empleo, educación, salud, violencia, entre otros.
La propia Guía define el lenguaje inclusivo «como un conjunto de estrategias lingüísticas y discursivas orientadas a garantizar la visibilidad y representación equitativa de todas las identidades de género, evitando la reproducción de sesgos sexistas y exclusiones en la comunicación» .
Según la guía, ese lenguaje “inclusivo” que propone busca « utilizar formularios que incluyan una versión de lenguaje neutro no binario...y que los documentos oficiales que obligan a elegir entre masculino o femenino den paso a documentos que además admitan el género no binario».
Señalando este objetivo de la guía, las feministas señalan que lo que propone es que documentos y formularios de la Administración abandonen el dato objetivo “sexo” por la percepción subjetiva de no ser ni mujer ni hombre y sin identificación del sexo, y promocionando su sustitución por las “identidades sentidas”, no es posible medir brechas salariales, segregación ocupacional, desigualdad en el acceso a recursos públicos, impacto diferencial de políticas públicas, discriminación institucional o violencia específica ejercida contra las mujeres.
La guía ha sido publicada por el Instituto de las Mujeres y el INAP y es difundida como publicación oficial dentro del catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado, en el marco de materiales dirigidos a la Administración. Se presentó el pasado 21 de mayo en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública.
Aunque la propia publicación incorpora una cláusula según la cual “El Instituto de las Mujeres no se hace responsable de las opiniones expresadas en este estudio ni de los resultados obtenidos en el mismo”, las feministas consideran incompatible esa advertencia con la decisión de editar, publicar, distribuir y presentar el documento bajo apariencia institucional y como material de referencia para la Administración.
Si bien la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no cuestiona la libertad de cátedra de las autoras[1] para defender sus tesis en el ámbito académico, sí cuestiona enérgicamente la coherencia de propuestas que, al desplazar o diluir la categoría sexo allí donde constituye una herramienta jurídica y administrativa esencial, debilitan directamente los instrumentos que permiten visibilizar, medir y combatir la discriminación que sufren las mujeres por razón de sexo.
Por ello, rechazan que instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal.
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a los poderes públicos a identificar, medir y corregir desigualdades estructurales basadas en el sexo. Esa obligación exige preservar instrumentos administrativos y estadísticos capaces de registrar esa realidad material de forma objetiva.
Por todo ello, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres exige al Ministerio de Igualdad y al área competente en formación de las administraciones públicas la retirada del aval institucional a esta publicación, el cese de su distribución como material formativo o de referencia para el personal de la Administración y que deje de presentarse como orientación oficial aplicable al funcionamiento administrativo.
Las instituciones públicas no pueden formar a su personal con materiales que debilitan los instrumentos que necesitan para combatir la discriminación que tienen el deber legal de erradicar.
[1] Ana Isabel Zamorano Rueda y María Beatriz Pérez Cabello de Alba, ambas profesoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
