El convenio formalizado recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza (Partido Popular con apoyo de VOX) y el Arzobispado con el fin de que algunas “parroquias seguras” puedan atender a mujeres víctimas de violencia machista, nos lleva a recordar la importancia de la memoria histórica para comprender el presente, en concreto, las conexiones aún vigentes entre la derecha ultramontana y la Iglesia Católica, una institución profundamente misógina y sectaria en sus principios y organización; y también a reflexionar en la trascendencia de esa alianza para el conjunto de la sociedad, ya que no hace sino desvirtuar principios en los que se basa la convivencia democrática, como la igualdad entre hombres y mujeres. De ahí la necesidad de un Estado laico.
Pero, ¿por qué el pasado importa? La historiadora Gerda Lerner publicó un interesante conjunto de ensayos en 1997 (Why History matters) en los que explicaba este punto. Básicamente, reflexionaba la investigadora, ese conocimiento resulta imprescindible porque el pasado no es tal, sino que forma parte del presente y, sobre todo, porque la conciencia que tengamos de épocas pretéritas condiciona nuestras opciones y estrategias de futuro, tanto de forma individual como colectiva. Esta reflexión parece oportuna en un país que no se distingue por su solvencia para enfrentarse al pasado traumático reciente; de forma que la memoria democrática constituye, aún hoy, una asignatura pendiente, no sólo para las generaciones jóvenes sino para la sociedad en su conjunto; más bien, constituye un auténtico problema que tiene que ver, más allá de una cuestión intelectual, con la (frágil) salud del sistema democrático y con (la ausencia de) políticas de respeto a los Derechos Humanos y a los principios de justicia universal.
Pues bien, si la sociedad tuviera conciencia de ese pasado traumático podría calibrar el papel crucial que jugó la institución eclesiástica como sostén principal de la dictadura franquista, que devastó nuestro país a lo largo de casi cuarenta años, y quizá problematizar la sombra de un poder que aún hoy prevalece en nuestra sociedad. Un tándem que sustentó la represión y legitimó un régimen que no dejó de justificarse por la violencia y la guerra-cruzada. Es cierto que, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, una parte de la institución cuestionó la santa alianza con el fascismo pero eso no invalida el papel que la multinacional jugó en la represión, legitimación y mantenimiento de la dictadura franquista. La Iglesia católica acaparó el sistema educativo, adoctrinó desde los púlpitos e intervino en todo tipo de instituciones: cárceles, reformatorios, asilos, hogares de la infancia, hospitales, etc. Consiguió importantes privilegios, como la obligatoriedad del matrimonio católico, la capacidad de censura sobre literatura, cine, teatro, etc., exenciones fiscales o la exclusiva del culto público. No hubo espacio al que no llegara imponiendo la rancia moralidad católica que castró a varias generaciones pero se aplicó, especialmente, sobre las mujeres; y cayó como una losa sobre las vencidas de la guerra, a quienes no se reconoció sino como “pecadoras” que había que redimir. Una institución que no concibe a las mujeres como seres humanos autónomos, que las clasifica en “buenas y malas” en función de su sumisión o su autonomía frente al patriarcado y las considera a todas susceptibles de tutela; de tal forma que consolidó la doble moral misógina que prevaleció en la dictadura: conjugó la defensa del modelo de mujer sumisa y abnegada, como la esposa y madre santa y, al mismo tiempo, sancionó la violencia sexual contra las mujeres en el sistema prostitucional franquista (las putas rojas). Una perspectiva que forma parte de su historia pues los Padres de la Iglesia han defendido y argumentado la cosificación y violación de algunas mujeres (las putas) como forma de salvaguardar la honra de las demás (las decentes). Por otra parte, el hecho de que la Iglesia sea una abanderada de la maternidad no fue óbice para que en el franquismo (y también en democracia) abundara la presencia de comunidades religiosas en hospitales, reformatorios o cárceles involucradas en la separación de niños y niñas de sus madres o implicadas en la compraventa de criaturas (arrebatadas a presas políticas, mujeres indefensas o jóvenes “descarriadas” para venderlas o entregarlas a “gente de orden”)… En definitiva, una situación de preeminencia que fue ratificada en el concordato con el Vaticano (1953)… ¿Y en democracia?
Podría pensarse que a partir de la transición se fueron poniendo las bases de extinción de sus privilegios, pero no fue así. De la misma forma que no se depuraron los aparatos represivos de la dictadura, el sistema judicial, el poder económico o el mediático, la institución religiosa mantuvo su dominio material y simbólico. A partir de la muerte de Franco se firmaron concordatos (1976, 1979) que, aunque con modificaciones, prolongaron sus prerrogativas… Así no funcionan los Estados democráticos. En éstos se garantiza y respeta la libertad de conciencia de la ciudadanía pero, en modo alguno, un credo puede interferir en el ámbito público con sus dogmas, sus privilegios o con comportamientos contrarios a la razón o los DDHH. La Constitución llegó a definir el país como “aconfesional” pero la Iglesia ha seguido recibiendo jugosas subvenciones estatales, como las derivadas de los conciertos educativos (en constante crecimiento). La Institución cuenta además con subsidios derivados de tareas sociales externalizadas /privatizadas por el Estado; amén de importantes exenciones fiscales (como el IBI, el impuesto de transmisiones…) o amplios espacios y medios para continuar con el adoctrinamiento.
El problema de la falta de definición de una política decididamente laicista que la socialdemocracia —a pesar de sus declaraciones— no ha sido capaz de alentar y revertir en estas décadas, deteriora la convivencia y nos lleva a callejones sin salida. La laicidad del Estado como principio democrático para articular la convivencia común se muestra necesario, además, desde el momento en el que España se convierte en destino de emigrantes de otras religiones ¿Qué ha ocurrido? En lugar de aprovechar tal situación para caminar hacia políticas laicistas que puedan favorecer la coexistencia entre personas de diferentes creencias, el Estado español ha llegado a extraños reconocimientos multiconfesionales basados en no se sabe que “derechos religiosos”. Mientras, los privilegios de la Iglesia católica permanecen incólumes.
De forma sucinta, entendemos que éste es el contexto en el que se firma el citado convenio en Zaragoza. Un despropósito que mercadea frívolamente con derechos de las mujeres pero que responde a una tradición no extinta de entendimiento entre la derecha retrógrada y la Iglesia propiciado por un Estado “aconfesional”. El problema es cómo garantizar los derechos de las mujeres especialmente, en este caso, de las víctimas de violencia machista. Porque la realidad es que el terrorismo patriarcal —cuya punta del iceberg son las mujeres asesinadas— debería constituir, como terrorismo que es, una cuestión de Estado de primer orden, porque se trata de una violencia que amenaza el derecho a la vida y a la seguridad de la mitad de la sociedad y que impacta brutalmente en nuestra salud democrática. Resulta muy preocupante pero, de momento, no recibe ni la prioridad ni la atención que su gravedad requiere por parte del espectro político.
Sin duda, el panorama es complejo porque si, por una parte, la derecha ultramontana —que niega o minimiza la violencia machista— nos retrotrae a tiempos pasados, las izquierdas transformadoras parece que han perdido el horizonte de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres como medio para caminar hacia sociedades más justas. En su lugar, han abrazado presupuestos identitarios (que vienen a negar también la opresión estructural por razón de sexo) o asumen propuestas que legitiman la violencia sexual contra las mujeres, como ocurre con la defensa de la regularización del sistema prostitucional —tema en el que, paradójicamente, coinciden con la Iglesia más trasnochada, aunque argumentado desde la asunción del dogma liberal de la libre elección—. La cuestión es que, aunque con planteamientos teóricamente diferentes, tanto los socialdemócratas como las autoidentificadas izquierdas han pautado en los últimos gobiernos políticas desacertadas que llegan a neutralizar normas y leyes de igualdad entre hombres y mujeres. En este contexto de conservadurismo retrógrado y batiburrillo posmoderno, resulta problemático proyectar en qué tipo de actuaciones se puede concretar la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género y, sobre todo, calibrar cual puede ser su efectividad real en la seguridad de las mujeres.
Acabamos. A pesar de las Leyes de Memoria Democrática de 2007 y 2022, tanto la responsabilidad política de la Iglesia durante la dictadura como las prebendas actuales, que adulteran y erosionan la convivencia democrática, apenas se cuestionan; quizá porque hay poco conocimiento y escasa conciencia de la trascendencia de su peso en la sociedad. Más allá de la gravedad que supone cambalachear con los derechos de las mujeres al sellar acuerdos con una institución reaccionaria y patriarcal, este tipo de actos evidencian el peso de un pasado autoritario y doctrinal en nuestro presente que sería deseable revertir. Para lo cual que se hace imprescindible derogar los acuerdos con el Vaticano y los relativos a confesiones minoritarias de 1992.
