“El que no conoce su historia está condenado a repetirla». Y no podemos consentir que continúen los gravísimos errores políticos que partidos políticos que presumen de pedigrí democrático han cometido, manteniendo un negacionismo patriarcal que ha conducido al fortalecimiento de las estructuras supremacistas vinculadas al sexo, y al recrudecimiento de la violencia ejercida sobre menores y mujeres.
Y pondré un ejemplo legislativo muy clarificador respecto al fraudulento “compromiso político” con la igualdad entre los sexos y la eficaz erradicación de la violencia sexual de mi comunidad autónoma, la valenciana.
Pero primero voy a situar el escenario político: de 1995 a 2015 la Generalitat Valenciana estuvo gobernada por el PP valenciano. En el parlamento español en ese espacio de tiempo hubo un desfalleciente fin de gobierno socialista en 1995, un gobierno del PP presidido por Aznar hasta 2004, después hubo nuevamente un gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero hasta 2011, y después un gobierno del PP presidido por Rajoy. Y de ese periodo voy a destacar 2 leyes autonómicas valencianas.
La primera es la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres. Esta ley es la baza más sólida en la que apoyar las exigencias democráticas respecto al desarrollo normativo autonómico valenciano de políticas Abolicionistas, y para una eficaz erradicación de la violencia supremacista vinculada al sexo, porque recoge lo siguiente:
__”La desigualdad existente entre las mujeres y los hombres es un hecho indiscutible.”
__”En el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, adopta medidas con la finalidad de contribuir al establecimiento de la igualdad real entre las mujeres y los hombres, a la vez que otorga legitimidad a las acciones positivas para superar la discriminación de las mujeres. Esta convención permite a los estados establecer medidas legislativas que tengan por finalidad alcanzar la igualdad real.”
__”La necesidad de eliminar las diferencias existentes entre mujeres y hombres requiere la adopción de medidas razonables y adecuadas que, partiendo de los desequilibrios que caracterizan las actuales relaciones de género, se encaminen a la superación de la discriminación por razón de sexo tanto desde una perspectiva individual como colectiva, con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la igualdad de mujeres y hombres.”
__”Esta ley, enmarcada en las normas anteriormente citadas, pretende establecer una serie de medidas y garantías en el ámbito de la Comunidad Valenciana dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres.”
__”Entre las actuaciones en el ámbito social requieren una especial atención las referidas a la violencia de género ejercida contra las mujeres como una forma perversa de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica, o de otro tipo, cuyo origen se encuentra en la desigualdad de las relaciones entre mujeres y hombres y se manifiesta bajo la forma de malos tratos, violación, abusos sexuales, acoso sexual, prostitución y tráfico de mujeres.”
Todo lo expuesto en nuestra ley autonómica aporta el sustento legal y político para encauzar la senda democrática hacia la erradicación efectiva de la violencia supremacista vinculada al sexo, que claramente necesita una base abolicionista para combatir con eficacia la enraizada cultura de la dominación sexual masculina que conduce a todas las mencionadas formas de “perverso ejercicio del poder”: malos tratos, violación, abusos sexuales, acoso sexual, prostitución y tráfico de mujeres.
Y ese mismo año, y en años posteriores hasta 2007, porque después de ese año sólo se aprueban 2 leyes más, se van aprobando leyes en diferentes comunidades autónomas, y tanto con gobiernos conservadores como progresistas, con una Exposición de Motivos y un desarrollo discursivo que tiene como referentes la CEDAW y la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de septiembre de 1995, y un ejemplo de ello es este fragmento de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Canarias:
__”La violencia ejercida contra las mujeres ha sido denunciada como problema que afecta al conjunto de la sociedad por distintos organismos internacionales, pero fue la Organización de Naciones Unidas la que en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de septiembre de 1995, alcanzó a calificarla como un obstáculo para conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, al tiempo que un impedimento del ejercicio de los derechos humanos y de las libertades individuales.”
Y en esa “violencia ejercida contra las mujeres” las mencionadas leyes autonómicas que se van aprobando incluyen la prostitución, y algunas también la pornografía.
Sin embargo no sólo no hay ningún desarrollo normativo autonómico con un perfil específicamente Abolicionista en ninguna de las CC. AA. que las han aprobado, (aunque quiero hacer una mención a la Ordenanza Municipal para Luchar Contra la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual en la ciudad de Sevilla que inició su tramitación en 2008), sino que, desandando la senda de señalamiento del “perverso ejercicio del poder” ancestralmente ejercido por los hombres, y que claramente estaba presente en la prostitución, en la Comunidad Valenciana 9 años después se aprueba otra ley, la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en la que sorprendentemente queda excluida la prostitución como forma de violencia sobre la mujer, y sólo se menciona la trata con fines de explotación sexual:
__”El objetivo último de la presente ley es lograr la erradicación de cualquier tipo de violencia, en su expresión más amplia, en cualquier ámbito social, que tenga su fundamento último en la condición de mujer, aunque externamente pueda venir disfrazada de cualquier otro fundamento o connotación cultural, religiosa, tradicional o de cualquier tipo.”
__”Las actuaciones de esta nueva ley conceptualizan la violencia de género desde una perspectiva amplia, intentando responder tanto a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas de violencia física, psíquica y/o sexual, como a las necesidades de las mismas que han sido expuestas a mutilación genital o trata con el fin de su explotación sexual.”
Dentro del Artículo 3 de esta ley que recoge las Manifestaciones de la violencia sobre la mujer, en el apartado de Violencia sexual y en el de Tráfico de mujeres y niñas, la palabra prostitución brilla por su ausencia, desconectándose del itinerario marcado por la ley de 2003.
¿Y por qué este cambio discursivo, y este completo alejamiento de las medidas Abolicionistas que mayor efectividad podrían aportar a la erradicación de la violencia sexual sobre menores y mujeres?.
Yo tengo una explicación, y como creo que lo ocurrido en el País Valenciá no es un hecho aislado, porque creo que se ha repetido en más CC. AA., lo aporto como posible materia de debate para el II Congreso Estatal Abolicionista.
Y me explico. En numerosas ocasiones he denunciado el grave error que supuso que el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero, eludiera acometer la responsabilidad política que le instaba a adoptar medidas legislativas de corte Abolicionista tras serle entregado en 2007 un Informe sobre la Situación de la prostitución en España.
Situación que era preocupante por el incremento detectado de demanda putera tanto autóctona como foránea, ya que España ya estaba firmemente situada como destino turístico, y a que es un hecho que para satisfacer la demanda siempre hay que recurrir a la trata, tal y como se explicaba en dicho Informe, que además incluía una clara recomendación hacia la desincentivación de la demanda (es decir, la formulación diplomática de nuestro “putero, al caldero”).
Pero la decisión política del gobierno de Rodríguez Zapatero fue nombrar en 2008 a una Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que se quedó sin cartera en 2010 pasando a ser secretaria de Estado de Igualdad dentro de Sanidad, pero que durante los dos años como ministra se ocupó principalmente de la elaboración y aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, impulsó el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (2009-2012), y promovió la restricción de los anuncios de contactos en prensa.
Y como broche de honor de este gobierno podemos incluir la desacertada decisión política tomada a escasos días de proceder al cambio de gobierno que iba a presidir Rajoy: la concesión en 2011 de Utilidad Pública a la asociación CATS, Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo.
Es decir, a pesar de que existía una inclinación política compartida, al menos formalmente y a nivel territorial, en la consideración de la actividad prostitucional como violencia ejercida sobre las mujeres, y que también había sido señalada como parte de los obstáculos que obstruían gravemente la consecución de la convivencia en Igualdad de Derechos, Responsabilidades y Obligaciones de mujeres y hombres, el primer gobierno de la joven historia democrática española que presumía de practicar la democracia igualitaria, el gobierno que por primera vez es paritario y tiene a una mujer como vicepresidenta, sin embargo:
1-no admitió el gravísimo error cometido, y por tanto tampoco lo revirtió, por un gobierno socialista anterior, el presidido por Felipe González, al despenalizar la tercería locativa, bajo la mirada de aprobación de las dos fuerzas políticas conservadoras que lo mantenían en el poder: los conservadores catalanes de CiU, y los conservadores vascos de PNV.
2-rehuyó afrontar la actividad prostitucional como lo que es, “el harén democrático”, tal y como acertadamente lo definió en 2015 Ana de Miguel, ya que es una de las más arraigadas formas de reproducción de la cultura de la dominación sexual masculina, metaestable respecto a cualquier forma de gobierno y posición ideológica que carezca de un conocimiento veraz de la Teoría Política Feminista, y de una clara firmeza democrática.
Y es importante que nunca lo olvidemos. Porque la mala semilla no da buen fruto, y en el gobierno de coalición PSOE-UP posterior nos encontramos con una asignada Ministra de Igualdad, nuevamente carente de una sólida formación en materia de Igualdad entre los sexos, y que por ello dejó intencionadamente fuera de la tipificación de violencia sexual en la ley que supuestamente iba encaminada a garantizar la libertad sexual aprobada en Septiembre de 2022, la actividad pornográfica y prostitucional.
Las consecuencias derivadas de todo ello han sido múltiples, ya que establecida la barrera de los más progres entre los progres entre prostitución y trata (“lo grave es la trata”, “hay que atajar la trata”, “no vamos a entrar en la decisión de prostituirse sino en la criminalidad de la trata”), las medidas políticas sancionadoras se han dirigido a los maleantes proxenetas, pero manteniendo a salvo a los “respetables clientes”, y han alentado la interesada ficción mercantil de la equiparación de la prostitución con una ocupación laboral, la consolidada mentira patriarcal de “es un trabajo como otro cualquiera”.
Ante este estancamiento democrático la posición conservadora ya no tenía que avanzar posiciones, y por eso en mi CC. AA., la valenciana, el gobierno conservador que en 2003 se creía en la obligación de sacar músculo democrático mostrando concienciación con la violencia supremacista vinculada al sexo, que naturalmente tenía que incluir la prostitución, en 2012 ya no encuentra necesidad alguna, porque el Gobierno socialista de la nación ha marcado la senda común: el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (2009-2012).
Y como expuse anteriormente, creo que este deslizamiento hacia la casa común patriarcal en materia legislativa sobre violencia sexual no se produjo únicamente en mi comunidad autónoma.
Y lo creo porque Rajoy mantuvo esa iniciativa política con su Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual (2015-2018). Pero dió un pasito más en el deslizamiento hacia la casa común patriarcal, esa gran benefactora del supremacismo sexual masculino con su reforma del Código Penal en 2015, tal y como dejó constancia el Movimiento Feminista: “Las organizaciones de mujeres firmantes quieren manifestar su gran malestar con la redacción dada a la actual reforma del Código Penal, ya que se vuelve a despenalizar prácticamente el proxenetismo.”
Fue una decisión política nefasta que pudo haber sido revertida en la mencionada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, pero aunque esta petición fue remitida al Ministerio de Igualdad por parte de entidades de juristas con perspectiva Feminista, nunca fue atendida.
Porque como afirma de forma impecable Amelia Valcárcel, “no vivimos en sociedades igualitarias, las igualitarias somos nosotras, las feministas.”
Realidad que pondremos de manifiesto en el II Congreso Estatal Abolicionista, y con la que reclamamos honestidad política para encauzar sin tergiversaciones ni suplantaciones la urgente legislación Abolicionista que posibilite el freno del auge del crecimiento misógino y su exponencial fuente de violencia sexual.
