En una carta remitida al Secretario General de Naciones Unidas, denuncian
que la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe
distribuyó a todas las direcciones regionales un informe elaborado por la
oficina de Brasil que pretende desacreditar a la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y
consecuencias, Reem Alsalem. El informe de Bibiana Aído, anima a todas las
direcciones regionales de ONU Mujeres a elaborar documentos similares y
promueve una interpretación de los derechos de las mujeres incompatible
con el mandato de la CEDAW*.
La carta enviada a António Guterres está suscrita por un centenar de
organizaciones y redes de mujeres de América Latina, con el apoyo de
organizaciones feministas europeas y de ámbito global, que siguen
recabando apoyos.
En la misiva, las organizaciones del movimiento de mujeres denuncian que el
informe distribuido por Bibiana Aído, por sugerencia de Adriana Quiñones, Directora de Derechos Humanos y Desarrollo de ONU Mujeres, y Catarina Carvalho, Directora General de Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres Brasil, en relación con las recientes visitas
académicas de la Relatora Reem Alsalem a México, Brasil y Colombia falta a
la verdad sobre el carácter y convocatoria de estas visitas académicas; ataca
injustamente a una Relatora Especial en el ejercicio de su mandato; evidencia
el apoyo arbitrario a organizaciones con agendas contrarias a los derechos de
las mujeres, y demuestra el desplazamiento de la agenda de ONU Mujeres
hacia el reconocimiento de “la identidad de género” en detrimento de los
derechos de las mujeres basados en su sexo y a la igualdad entre mujeres y
hombres.
Las organizaciones de mujeres señalan que el documento, al ser distribuido
oficialmente por la Dirección Regional de ONU Mujeres para América Latina y
Caribe deja de ser un mero informe técnico elaborado por una oficina
nacional (la de Brasil) para convertirse en una posición institucional
respaldada por la propia dirección regional. Esta circunstancia reviste una
especial gravedad porque institucionaliza un documento que, lejos de
discrepar sobre el desarrollo de las visitas académicas de la Relatora Especial
a México, Brasil y Colombia, constituye un ataque a su independencia en el
ejercicio de un mandato conferido por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
El informe, distribuido a todas las oficinas regionales por la señora Aído,
acusa a la Relatora de organizar “visitas no oficiales” ignorando
intencionadamente que las visitas contaron con invitación de instituciones
legislativas del Estado en el caso de México, e instituciones académicas y
organizaciones de mujeres de la sociedad civil en el caso de los tres países.
Se realizaron además numerosas reuniones con organizaciones de mujeres,
feministas, plataformas, senadoras, ministras, magistradas, funcionarios de
gobierno, defensoras del pueblo, y otras partes interesadas en su visita.
Resulta especialmente revelador, señalan las organizaciones firmantes de la
carta, que, mientras el documento difundido por la oficina regional de ONU
Mujeres no respeta los procedimientos ni los estándares internos exigibles
para este tipo de informes, la actuación de la Relatora Especial sí se ajustó a
los procedimientos previstos para las visitas académicas de los titulares de
mandatos de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, extremo que
queda ampliamente acreditado mediante la documentación recabada por las
organizaciones de mujeres de Brasil, Colombia y México en anexos que
acompañan a la denuncia presentada ante el Secretario General.
Para estas organizaciones, es especialmente preocupante que el informe
distribuido a todas las direcciones regionales de ONU Mujeres enmarque las
visitas de la Relatora Especial en un “movimiento anti género” del cual
supuestamente formarían parte coordinada instituciones católicas y
evangélicas ultraconservadoras, partidos políticos de extrema derecha y
organizaciones transnacionales de defensa jurídica, ocultando el hecho cierto
y documentado en los anexos de la carta que la Relatora mantuvo encuentros
con organizaciones de mujeres, madres de desaparecidas en México,
académicas, profesionales y expertas en las materias que son del interés de
su relatoría.
A juicio de las organizaciones firmantes de la carta, la gravedad de esta
actuación trasciende el caso concreto de la Relatora. «El informe difundido
desplaza el eje jurídico de la discriminación basada en el sexo —columna
vertebral de la CEDAW y del mandato de ONU Mujeres— para sustituirlo por
planteamientos centrados en la” identidad de género”. Con ello se erosionan
categorías jurídicas esenciales como sexo, discriminación por razón de sexo,
igualdad entre mujeres y hombres y violencia contra las mujeres», señalan en
la carta al Antonio Guterres.
En este sentido, las organizaciones del movimiento de mujeres denuncian
«un proceso de sustitución del marco jurídico internacional de protección de
los derechos de las mujeres por una agenda que pretende redefinir
conceptos jurídicos consolidados y desplazar el sexo como categoría
protegida del derecho internacional antidiscriminatorio. Que esa
transformación se impulse desde la propia agencia de Naciones Unidas
creada para defender los derechos de las mujeres compromete la
credibilidad del sistema internacional de protección de los derechos
humanos».
Para las organizaciones firmantes de la carta, este informe demuestra que,
paulatinamente, agencias de Naciones Unidas, miembros de Grupos de
Trabajo, expertos de Comités, representantes a Consejos, y relatores de
Procedimientos Especiales han sido cooptados por parte de grupos de
interés, que promueven la legalización del acceso por precio al cuerpo de las
mujeres con fines sexuales o reproductivos y los vinculados al
reconocimiento del constructo cultural del género como “identidad humana”
todo ello en detrimento de los derechos de las mujeres.
La denuncia sitúa el núcleo del problema en un aspecto que considera
especialmente grave: el ataque a la independencia de una Relatora Especial
de Naciones Unidas por parte de una agencia perteneciente al propio
sistema de las Naciones Unidas.
Las organizaciones del movimiento de mujeres recuerdan que la Relatora
Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y
consecuencias es una experta independiente designada por el Consejo de
Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de los Estados, realizar visitas oficiales y académicas, recibir
información de organizaciones de la sociedad civil y formular
recomendaciones basadas en el derecho internacional de los derechos
humanos. Su independencia constituye uno de los principios esenciales del
sistema de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
Como conclusión a las denuncias recogidas en la carta, las organizaciones de mujeres solicitan al Secretario General de Naciones Unidas que active los
mecanismos internos de control, investigue estos hechos, determine las
responsabilidades que correspondan y garantice que ONU Mujeres actúe con
plena fidelidad al mandato de la CEDAW y al marco jurídico internacional de
protección de los derechos de las mujeres.
Dado que los hechos denunciados trascienden el ámbito de una oficina
regional y afectan a la credibilidad de los mecanismos internacionales
creados para proteger los derechos humanos de las mujeres, la carta enviada
a Antonio Guterres se remitirá también a la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres,
al Comité CEDAW, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW), al Consejo de Derechos Humanos, al ECOSOC, a las Misiones
Permanentes acreditadas ante Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra y a
los Estados miembros de la Asamblea General
[*CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer]
