No podemos delegar toda la salida a la violencia de género en la denuncia de las víctimas, mucho más si aumentan las mujeres asesinadas que habían acusado previamente a su asesino
Jueves 22 de enero de 2015, por Gloria López
Madrid, 22 ene. 15. AmecoPress. Mientras las instituciones difunden el mensaje de que para salir del infierno de la violencia de género es imprescindible la denuncia, aumenta el número de asesinadas que había denunciado previamente a su agresor. En 2014 fallecieron 53 mujeres, 17 de las cuales habían acusado a su asesino, seis más que en 2013. También crecieron las víctimas que habían retirado la denuncia, pasando de 1 a 3 en el último año.
La mayoría de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas no denunció. Pero 17 sí y las mataron. Pidieron ayuda y seguramente esperaron protección, pero no la recibieron adecuadamente.
Los datos ponen de manifiesto que los informes emitidos por la Policía sobre la mayoría de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia de género que habían presentado denuncia previa por malos tratos decía que no estaban en una situación de riesgo o que la peligrosidad era media o baja. Las estadísticas también reflejan que cinco del total de fallecidas ya no disponía de ninguna vigilancia para evitar una agresión. Solo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas. Se produjeron tres quebrantamientos de la protección por parte del agresor, que en un solo caso ocurrió con el consentimiento de la víctima.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha solicitado un estudio minucioso de cada uno de los casos para ver qué ha fallado. Pero todavía no se ha llevado a cabo. Para Amalia Fernández Doyague, presidenta de esta asociación, una de las claves está en las unidades de valoración previstas en la Ley Integral contra la violencia de género. Después de diez años, “contamos con muy pocas” y entonces “dependemos de los protocolos que están en manos de la policía, que tampoco cuentan con la formación adecuada”.
Los cuerpos policiales españoles han analizado casi 463.000 valoraciones de riesgo en casos de maltrato desde la puesta en marcha, en 2007, del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VdG). Se trata de una aplicación informática que busca mejorar la protección a las víctimas de violencia de género mediante el seguimiento de las circunstancias de riesgo. Para ello, además del seguimiento de los casos, se adoptan las medidas de protección adecuadas para prevenir y evitar el riesgo de sufrir nuevas agresiones.
Sin embargo, los mismos cuerpos de seguridad han denunciado la falta de especialización, de tiempo y de recursos. “No se sigue bien el protocolo por falta de medios”, dice Fernández, “y en la medida que pasa el tiempo desde la denuncia en el seguimiento se relajan los mecanismos de protección”. De este modo se reduce la vigilancia sobre las mujeres que han solicitado protección hasta un nivel «medio» y «no apreciado». Es en esos grupos donde se han registrado el mayor número de asesinadas, según los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha llegado incluso a emitir un documento con varias recomendaciones de cara a mejorar la protección.
Indefensión en los juzgados
La propuesta, según la jurista, es dotar a la ley de recursos y apostar también por la especialización de todos los actores que intervienen en el proceso. En los juzgados, las carencias en formación y sensibilización se traducen en una falta de confianza hacia las mujeres. “Las víctimas sienten que no se las cree y se sienten indefensas”, explica Amalia. “El mito de las denuncias falsas, difundido en los medios de comunicación, ha calado en la sociedad y se transmite a las mujeres que sufren maltratos”, asegura.
Para actuar correctamente, la valoración de riesgo no debería depender solo de las fuerzas de seguridad. Además, habría que investigar, no solo el hecho puntual que se denuncia, sino toda la trayectoria de maltratos y violencia, así como las circunstancias que lo rodean. Pero claro, esto supone tiempo, dinero, esfuerzo.
“Los juicios rápidos no han sido una buena idea desde ese punto de vista, mucho más si no se ven acompañados de especialización de los jueces, que no se molestan en abrir diligencias para investigar o solicitar informes a profesionales, y que no entienden a las víctimas”, afirma la experta. “Es frustrante cuando una mujer en su testimonio trata de explicar su historia de maltrato y el juez le dice que se ciña al último hecho puntual”.
Tal vez esta desidia a la que se enfrentan las víctimas en los juzgados explique en gran parte –no en todo- el aumento de sobreseimiento y renuncias en los procesos judiciales vinculados a violencia de género, mientras descienden las denuncias. Otros indicadores que las instituciones destacan en sus informes, pero frente a los que tampoco se reacciona.
Soluciones
Las instituciones insisten en animar a la denuncia. Es más, algunas de sus representantes se exceden en sus declaraciones vertiendo juicios de valor que, además de otras cosas, son completamente erróneos ya que sostienen que nada se puede hacer sin denuncia y acusan a las mujeres que sufren maltrato y no denuncian de no querer ser protegidas. Eso es una falacia: el que una mujer no denuncie no significa, ni de lejos, que no quiera interrumpir ese proceso de violencia. Pero es que encima, cuando la víctima se decide a hacerlo, encuentra una violencia institucional en un proceso judicial que, además de maltratarla, la pone en riesgo.
Para la presidenta de Themis, la salida está en la Igualdad. “Cuando las leyes se cumplan, cuando las mujeres ocupemos cargos de responsabilidad y decisión en todos los ámbitos, esto se reflejará en todo y desde luego en la violencia machista que es fruto de la desigualdad en la que vivimos”.
Lo que parece claro es que la respuesta institucional contra la violencia machista es insuficiente. Y que la sociedad tiene que hacer algo más de lo que hace.
Foto: Archivo AmecoPress
