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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anuncia el reconocimiento, por parte del gobierno en funciones, de una nueva prestación al conjunto de trabajadoras con relación laboral dependientes de la Administración General del Estado.El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, informa, ha accedido a extender el nuevo permiso de gestación (permiso retribuido desde la semana 37 de embarazo y desde la semana 35 en el caso de parto múltiple), después de que CSIF anunciara acciones jurídicas por discriminación, dado que únicamente podían acogerse al mismo las mujeres con categoría de funcionaria.
De hecho, esta medida –fruto de un acuerdo de la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Administración General del Estado—tan solo beneficiaba a 8.500 funcionarias en edad de gestación de las 38.000 mujeres que trabajan en la Administración que, a partir de ahora, podrán acogerse al mismo.
CSIF sin embargo, aún no está conforme y seguirá intensificando su acción sindical hasta lograr que este derecho ampare a las más de 400.000 mujeres en edad de gestación en el conjunto de las administraciones públicas, incluido comunidades autónomas, y ayuntamientos. Y desde luego, el sindicato también defenderá esta reivindicación en el sector privado.
Además, aún hay lagunas como es el caso de la Policía Nacional, donde tampoco existen directrices sobre el uso de este permiso. Por tanto, las mujeres del Cuerpo que se quieren acoger al mismo deben tramitarlo a través de una baja médica convencional.
El permiso de gestación nació con los últimos Presupuestos Generales del Estado y fue una de las últimas mejoras que logró CSIF para los empleados públicos en vísperas de las Elecciones Generales.
El pasado mes de diciembre, muchas de estas mejoras se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, en materia de conciliación laboral (ampliación de la jornada de verano para padres y madres con hijos menores de 12 años), un protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo, movilidad laboral de las mujeres víctimas de violencia de género en la Administración, o la puesta en marcha de un estudio para favorecer la promoción de mujeres en la Administración y erradicar la brecha salarial.
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