La presunción de inocencia es un principio jurídico universal en la justicia occidental que se supone que rige para toda persona en el marco de un procedimiento judicial. Esta presunción, implica –además- que nadie puede presumirse ni culpable ni ser acusada/o a priori de su juzgamiento.
La Victimología, la ciencia que se ocupa de las víctimas de delito y abuso de poder, surge como ciencia recién a mediados del siglo XX.
En 1973, se realiza en Israel el «Primer Simposio Internacional sobre Victimología » y se sientan las bases para la constitución de la Sociedad Mundial de Victimología (WSV por sus siglas en inglés). Desde entonces, organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), han delineado manuales y resoluciones acerca de los derechos de las víctimas, de la importancia que sean tratadas “con respeto y dignidad” y que sus derechos no sean vulnerados.
El Estado español, transponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia (sic), sancionó en abril de 2015, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; a través de la misma, se acuerda prestar especial atención a “víctimas vulnerables” como las y los menores de edad y las mujeres víctimas de Violencia de Género (entre otras), considerando que: “… la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso… Se funda en un concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la víctima…” Esta protección y apoyo están especialmente dirigidos a evitar la re-victimización o victimización secundaria, que sería aquella que se produce sobre las víctimas como accesoria al daño que le produjo el delito en sí y serían los perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos que se provocan en un momento posterior al delito y como consecuencia de su paso por la justicia.
No obstante, en el marco de una denuncia por violencia de Género, y aún existiendo juzgados especiales, una mujer y/o un/a menor de edad, tienen una alta probabilidad que quienes les evalúen y escuchen, partan de la “presunción de mentira”. La primera pericia a la que se verán sometidas estas víctimas [1], será “la veracidad de su testimonio” y cada detalle, cada frase, incluso cada lesión, deberá ser demostrada como veraz y cierta. Una vez, y otra vez y otra vez más y así mismo, es muy probable que no sean creídas.
Un alto porcentaje de quienes deben realizar las pericias psicológicas y sociales en la justicia, parten de esa premisa y cuestionan desde ese pre-juicio todo lo que las víctimas digan: “se presume mintiendo”.
Una niña me cuenta que la Psicóloga del juzgado le dijo “- mentirosa”, eso no pudo haber sucedido, quién te lo dijo?” (sic), dando por cierto que la niña estaba mintiendo y además “influenciada” (en un 90% ese prejuicio se asocia con la madre), como si las niñas y los niños fuesen cerebros lisos capaces de repetir y recordar argumentaciones impuestas.
Una mujer, víctima de violación describe que el Psicólogo del juzgado la interrogó cuestionando todo su relato: “- Y cómo te pudo violar? No te defendiste? Por qué no te fuiste de allí?…-“
Otra mujer, víctima de violencia por parte de su marido, me relata que la Trabajadora Social del juzgado la amenazó con “quitarle la custodia” (sic) si insistía en hablar de la violencia del padre de sus hijos porque eso era una “mala influencia para ellos (sic)…
Estos tres ejemplos, son sólo un número mínimo de los cientos de relatos que he escuchado y escucho en mi trabajo profesional. Relatos dolorosos e impotentes, niñas y niños que indignados dicen que no han sido creídos, que han sido amenazadas y coaccionados/as por profesionales que se supone estarían para escucharles y darles un trato digno y respetuoso. Cada día un gran número de víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, se exponen a una victimización secundaria que nadie controla ni impide. Estas y estos profesionales se presentan frente a las víctimas sin decir su nombre y profesión, no les explican en qué consistirá la entrevista, no se identifican y en muchos casos no firman de forma legible sus informes. Si la víctima les preguntara su nombre y profesión, la respuesta generalizada es: “-da igual, eso no importa…” [2](sic)
Los estudios expertos coinciden en definir que las causas de vulnerabilidad[3] en una víctima son, entre otras: la edad, la victimización previa y el género. Las niñas, los niños y las mujeres víctimas de delitos por causa de género, son víctimas vulnerables que merecen por lo mismo, una mirada y una consideración cuidadosa a la hora de su tratamiento en todos los ámbitos judiciales por los que transiten. La labor interdisciplinaria es hoy en día y en dirección a este cuidado, ineludible en el trato con estas víctimas. El conocimiento experto y la capacitación en Psicología infantil y temas de género son fundamentales a la hora de la escucha del testimonio. Por esto mismo, me pregunto ¿qué les hace creer a estas/os profesionales que una víctima miente?. ¿Por qué han decidido partir en cualquier exploración y evaluación desde la consigna “se presume mintiendo”?
La Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito tiene casi un año de sancionada, sería muy importante que se cumpla y su espíritu se aplique en dirección a la protección de estas víctimas y para evitar su re-victimización, objetivo primordial para la cual ha sido redactada.
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[1] La denominación de víctima en este texto es descriptiva y no pretende perpetuar ni etiquetar en un rol.
[2] N. de la A: Todos estos relatos son veraces y textuales, he cambiado algunos detalles para impedir la identificación, aunque los cambios no modifican la escena de lo sucedido.
[3] “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana
