Hace mucho tiempo que sabemos que cualquier acción política tiene un impacto, más o menos considerable, sobre la población de mujeres.
Más allá de partidos o de conveniencias temporales, las mujeres, como colectivo social en evidente desventaja, cuando no directamente desfavorecido, vamos a sufrir, o mejor dicho, estamos sufriendo ya, las consecuencias de la falta de acuerdo para impulsar este país hacia un sistema más igualitario, justo, seguro y libre.
En el debe de la cuenta que cualquier gobierno tiene con las mujeres de este país, está la brecha salarial. Se han perdido ya meses porque un depauperado y atávico gobierno del Partido Popular (en funciones) se ha desentendido de poner en marcha medidas que eviten o palien esa brecha salarial.
En el debe, la cotización a la Seguridad Social de las mujeres encargadas del cuidado de personas dependientes. El colectivo de mujeres perdió este derecho y la falta de un gobierno que funcione impide su recuperación porque nadie pacta, nadie impulsa y nadie es responsable.
En el debe, y sin perspectivas de pago, están los derechos que durante la pasada legislatura perdieron las menores de dieciséis años que querían interrumpir sus embarazos.
Pero los números más rojos del sonrojante “debe” de esta siniestra contabilidad, son las vidas de las diecisiete mujeres asesinadas por la violencia machista que se han producido desde el momento mismo en que el gobierno pudo estar formado.
Son diecisiete las que han muerto en lo que va de año, sin que ese gran pacto de alcance nacional para que no las maten, haya podido llevarse a cabo. Ese gran pacto contra el machismo en el que todas las mujeres y casi todos los partidos parecíamos estar de acuerdo.
Me pregunto si entre las funciones del gobierno en funciones está asumir estas deudas, diecisiete de sangre, para con las mujeres.