El 25 de abril del 2011 se publicaba en el BOE la Ley Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Se trata de una ley que de custodia compartida impuesta.
Dicha ley fue aprobada en el parlamento valenciano con los votos a favor del PP y de Compromís y el voto en contra del Grupo Socialista y EU.
Tanto Grupo Socialista como EU consideraron en sus alegaciones como mejor opción la custodia compartida negociada frente a la impuesta, que implica que sea un juez quien decida incluso contra un acuerdo de las partes. Además, se sostuvo que las Cortes Valencianas no tienen competencias para legislar en materia de derecho civil.
Desde ese momento, la Comunidad Valenciana se sumó a la Comunidad de Aragón para imponer judicialmente la custodia compartida como primera y preferente opción.
El gobierno socialista de José Luis Zapatero presentó recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, recurso que está a la espera de ser resuelto por el TC.
A fecha de hoy la ley está vigente y los tribunales aplicándola, pero en la Vicepresidencia del Gobierno ostentada por Mónica Oltra existe el temor de que el TC la pueda declarar inconstitucional al entender que hay invasión de competencias. Oltra se defiende desde la posición de entender que la norma encaja en «un derecho foral valenciano».
Según fuentes consultadas por Tribuna Feminista «esta situación de provisionalidad de la ley ha llevado a maniobrar a la líder de Compromís para mantenerla «a toda costa».
Ximo Puig contradice la posición del partido y se enfrenta los compromisos electorales del PSOE
La posición de socio imprescindible para el Gobierno ha llevado al presidente de Ximo Puig a ceder posiciones programáticas del PSOE.
La nueva composición de las Cortes Valencianas, tras las elecciones de mayo, supuso que el PSPV, Compromís y Podemos suscribiesen el llamado «Acuerdo del Botanic» que llevó a conformar un gobierno de coalición. Aunque es conocida la defensa a ultranza de esta ley por parte de la vicepresidenta Mónica Oltra, el «Acuerdo del Botanic» no menciona ninguna posición de acuerdo sobre este tema.
La posición del Partido Socialista fue clara en todo momento: votó en contra de la ley en las cortes valencianas y el gobierno socialista de Zapatero la recurrió ante el TC. Pero Mónica Oltra, que parece estar haciendo casus belli de esta norma, ha maniobrado hasta llevar sorpresivamente el 1 de abril el pleno del Consell un acuerdo para solicitar la retirada de dichos recursos de inconstitucionalidad.
El Consell aprobó el el 1 de abril una declaración institucional «en defensa de la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de Derecho Civil Foral Valenciano», que insta al Gobierno central «a retirar los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes sobre régimen económico matrimonial valenciano y uniones de hecho formalizadas en la Comunitat Valenciana»
El texto indica que «con esta declaración, el Consell insta al Gobierno de España a retirar los recursos de inconstitucionalidad formulados contra la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y, por último, de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, de Uniones de Hecho Formalizadas en la Comunidad Valenciana».
El documento, aprobado por el Consell, también «manifiesta la voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno central en todos aquellos aspectos que puedan resultar jurídicamente controvertidos en el contexto del contenido y la aplicación de las leyes mencionadas».
Con esta declaración Ximo Puig contradice la posición del partido y se enfrenta a los compromisos electorales del PSOE, que es favorable a la custodia compartida con acuerdo de las partes, pero que se ha opuesto reiteradamente a la imposición judicial de «una convivencia no querida», especialmente en casos de violencia de género.
Mónica Oltra insiste y se impone
Parece que a la vicepresidenta no le conforma la declaración del gobierno valenciano y ha dado una vuelta de tuerca al registrar, para verse en el pleno del 13 de abril, una PNL en que Les Corts deberán pronunciarse sobre dicha solicitud de retirada del recurso. Oltra quiere que queden definitivamente despejadas las dudas sobre la aplicación y vigencia de una ley muy contestada por las asociaciones de mujeres.
La decisión del Grupo Socialista es apoyar los acuerdos del Consell a pesar del enorme malestar interno, dado que en su momento votaron en contra y que fue un gobierno socialista quien la recurrió.
De aprobarse mañana la PNL con los votos socialistas, Mónica Oltra habrá conseguido dos cosas: imponer su posición en el Gobierno y doblar la posición del grupo socialista en las Corts al obligar a votar su iniciativa.
Diferentes organizaciones consultadas por Tribuna Feminista han manifestado que las asociaciones de mujeres se quedan «sin referentes políticos que sostengan la lucha contra esta nefasta ley», pero les preocupa además «que Ximo Puig haya desacreditado a las mujeres socialistas que han estado al lado de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los menores».
En Aragón el PSOE eliminará la preferencia por la custodia compartida
En sentido contrario trabajan los socialista de Aragón, que quieren modificar la legislación para que la custodia compartida de menores no sea un derecho preferente, como se establece en la normativa aragonesa tras una iniciativa del PAR.
El socialista Javier Lambán lo comprometió ya en campaña en presencia de Micaela Navarro, presidenta federal del PSOE. Lambán, a diferencia de Ximo Puig, apuesta porque los casos en los que no se decida la custodia de mutuo acuerdo no se aplique la imposición de la custodia, si no que se determine en función de los intereses de los menores.
