Es la principal conclusión del informe “Todos tienen derecho al conocimiento: educación integral en sexualidad para toda la gente joven”, que publica la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), y en el que se destaca la necesidad de la educación sexual de calidad para todas las personas jóvenes, tanto dentro como fuera del sistema escolar, impartida por profesionales capacitados y con la inclusión de temas relacionados con el bienestar y la sexualidad de la gente joven que vayan más allá de los resultados relacionados con la salud.
La publicación del informe coincide con el lanzamiento de una campaña en favor del acceso a la educación sexual de calidad como un derecho de las personas jóvenes.
Educación sexual, la gran ausente
En España, la educación sexual es una materia recomendada por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, no es obligatoria. La legislación sobre educación, por su parte, no hace ninguna referencia a la educación sexual en los contenidos curriculares, y tampoco se encuentra reflejada de forma explícita como parte de las áreas de conocimiento o de las competencias básicas a adquirir.
Como consecuencia, la educación sexual sólo se imparte en la educación formal por parte de algunas/os profesores en las horas de tutoría, y su enfoque y contenido depende de ellos. Según el informe que varias organizaciones estatales e internacionales presentaron en la ONU con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos al que fue sometido nuestro país recientemente, este contenido adolece con frecuencia “de un enfoque heterosexual, que limita la sexualidad a la etapa reproductiva y orienta la información exclusivamente a la prevención de riesgos, especialmente los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual y el VIH”. No hay un presupuesto asignado para su desarrollo, y sólo algunas comunidades autónomas o ayuntamientos ponen en marcha programas o financian talleres en los centros educativos, que imparten normalmente organizaciones no gubernamentales con muy distintos enfoques. A esto se suma la mínima cantidad de centros especializados en la atención a la sexualidad de las personas jóvenes, aun cuando los organismos internacionales recomiendan un centro específico adaptado a las necesidades y características de los jóvenes por cada 100.000 habitantes menores de 29 años.
En el informe se hace un llamamiento para que los 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años tengan acceso a la educación sexual integral tanto dentro como fuera de los sistemas educativos formales, ya que ahora se excluye a las personas jóvenes más vulnerables, las que no están escolarizadas. Se insta a los gobiernos, las organizaciones sociales y los proveedores de salud a que garanticen que los formadores e instituciones educativas cuenten con la formación necesaria para educar de una manera positiva y sin enjuiciar, y se llama a las y los educadores y la sociedad civil a que trabajen con las comunidades y familias para apoyar el derecho a decidir de las personas jóvenes.
