En el año 1999, la Asociación de Mujeres Juristas Themis realizó un estudio científico de resoluciones dictadas por juzgados de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, y una de las conclusiones que se obtuvo del análisis de miles de expedientes judiciales completos, fue que la violencia se producía en un 90% de los casos por el hombre sobre la mujer.
La justicia no daba solución a este gravísimo problema y por esa razón desde el movimiento feminista se exigió la aprobación de una ley que, de manera integral, abordara la prevención, erradicación y punición de los malos tratos a las mujeres.
El Partido Socialista hizo suya esta propuesta y en el año 2001 propuso al Parlamento la aprobación de una ley integral, viendo rechazada la petición.
Esa misma ley fue llevada nuevamente al parlamento por el Partido Socialista casi nada más ganar las elecciones en el año 2004, de manera tal que, en diciembre de ese mismo año, se aprobó por unanimidad la ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, nuestra Ley Integral.
Muchas especialidades tiene esta ley, pero la más importante, su núcleo, es que sanciona de manera más grave los malos tratos cuando estos son infligidos por los hombres a las mujeres que son sus parejas o ex parejas. La finalidad es combatir la violencia en el seno de la pareja, que, en su inmensa mayoría, en ese 90%, se produce por el hombre sobre la mujer.
La ley, como ha declarado el Tribunal Constitucional en los casi 130 recursos de inconstitucionalidad que se admitieron contra la misma, resolvió que la Ley Integral es perfectamente ajustada al principio constitucional de igualdad: porque trata de manera desigual a los desiguales. En eso consiste la igualdad. Porque tratar igual a los desiguales, perpetúa la desigualdad. Esto lo entiende cualquiera.
La Ley Integral es perfectamente ajustada al principio constitucional de igualdad: porque trata de manera desigual a los desiguales. En eso consiste la igualdad. Porque tratar igual a los desiguales, perpetúa la desigualdad
La Ley Integral, nuestra ley, es incompleta, es cierto. No contempla muchas de las clases de violencia que sufren las mujeres, entre ellas, dejó fuera de su ámbito la violencia sexual. Pero a la violencia a la que se refiere, la violencia que se ejerce sobre las mujeres como consecuencia de las relaciones de pareja, es muy grave, ocasiona muchas muertes y mucho sufrimiento; está muy extendida y este instrumento que es la ley es, junto con la educación en igualdad, de las pocas cosas que sabemos, con seguridad, que sí nos sirven para luchar y tratar de combatir la violencia de género.
Porque, no nos engañemos, esta lucha se ha revelado bien difícil y las mujeres, ni cuentan con recursos para salir del pozo de la violencia, ni confían en la Justicia para acabar con la violencia y emprender una vida en libertad.
La Ley Integral es un instrumento potente y hay que dotarla de medios económicos para que pueda desplegar toda su eficacia; ha sido ejemplo para muchos países.
Por eso creo que el hecho de que Ciudadanos haya reconsiderado su postura y ya no proponga la supresión de la Ley Integral en esta campaña electoral, es una buena noticia.
