España vulnera los derechos de niñas víctimas de trata, menores extranjeros no acompañados y niños/as refugiadas

Cada vez más niños y niñas abandonan sus países huyendo de las guerras, la violencia o la pobreza y este panorama se refleja, por ejemplo, en que en todo el mundo hay 30 millones de niños y niñas refugiados y desplazados internos. “La explotación, el abuso o la falta de acceso a la educación son algunos de los riesgos a los que se enfrentan los niños que huyen de sus países, pero uno de los mayores peligros es la invisibilidad. Europa y sus Estados miembros, entre ellos España, se han olvidado de que estamos hablando de niños por encima de vallas o fronteras”, denuncia Andrés Conde, director general de Save the Children.
Save The Children denuncia que España no está cumpliendo con su obligación legal de proteger a los niños y niñas que llegan a nuestro país, anteponiendo su condición de inmigrantes a la de menores de edad.  No existe voluntad política ni personal especializado en infancia para identificar a los niños que se encuentran en peligro y darles la protección necesaria. Tampoco hay recursos suficientes y adecuados para atenderles. “Que haya niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y menores no acompañados encerrados en los CIE es un clarísimo ejemplo de cómo el Estado español sólo ve migrantes donde debería ver niños a los que proteger”, añade Conde.

Niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual

Las niñas víctimas de trata son invisibles para todos, excepto para sus explotadores. Según la Policía, en 2014 había 13.983 mujeres y niñas en riesgo de trata en España, aunque según otras fuentes la cifra puede ascender a 45.000. De las 900 que fueron identificadas, sólo 17 eran menores de edad, una cifra que refleja la falta de voluntad política para identificarlas.
Estas niñas están vigiladas, amenazadas y son agredidas si muestran desobediencia y España no cuenta con mecanismos apropiados que permitan llegar hasta ellas. A pesar de que si hay indicios de que la víctima es menor de edad se la debe tratar como tal, la Administración española hace lo contrario y tiende a considerarlas adultas. Como con los menores extranjeros solos, se les practica la prueba de la muñeca para determinar su edad, pero algunas, coaccionadas por el miedo o las amenazas, se declaran adultas, y en estos casos ni siquiera se les practica la prueba.
En las pocas ocasiones que son identificadas, las autonomías, que ostentan la tutela, no proporcionan los cuidados y atención necesarios. No existen centros específicos para menores víctimas de trata y quedan expuestas a sus explotadores, que en muchas ocasiones vuelven a captarlas.
Es el caso de Evelyn, una menor que llegó a España en patera. Ninguna autoridad se encargó de verificar si era víctima de trata a pesar de los indicios denunciados por la ONG que la atendió al llegar. Evelyn fue trasladada a un centro de menores en Madrid sin capacidad para recuperar a las víctimas de trata. El primer fin de semana, la menor no regresó al centro y se teme que pueda haber sido explotada de nuevo.
Las víctimas de trata tienen hijos que escapan a los radares del Estado. Hay casos en los que los recién nacidos son abandonados en el hospital y otros en los que quedan en manos de las mafias, que los usan para controlar a sus madres. Según la Fiscalía General del Estado, 145 bebés y niños pequeños llegaron en patera a nuestro país, que podrían ser hijos de víctimas de trata.

Menores extranjeros no acompañados

A los niños y niñas extranjeros que llegan a España sin acompañamiento se les trata como inmigrantes antes que como a menores. Se encuentran con trabas para recibir protección y educación, para recibir la tutela e incluso para denunciar las violaciones de derechos que sufren.
En 2014, el último año del que se tienen datos, 3.660 menores que habían llegado solos a España fueron tutelados por el Estado. Estos niños viajan desde Marruecos y Argelia principalmente, aunque algunos también llegan desde Siria o el África subsahariana.
No todos los niños/as que llegan solos son tutelados, en muchas ocasiones el sistema les excluye y les abandona sin ningún apoyo. Independientemente de si llegan o no con documentación, su edad se verifica con una radiografía del hueso de la muñeca, una prueba muy cuestionada por organismos de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. Por tanto, algunos niños que son menores según su documentación, no lo son para el Estado y quedan en un limbo, sin derecho a la educación o a la sanidad entre otros, obligados a vivir en la calle muchas veces de la mendicidad o la prostitución.
La situación es especialmente dura para los menores no acompañados que viven en Melilla. Entre 20 y 60 niños duermen al raso, no van al colegio y arriesgan sus vidas (muchas veces las pierden) intentando cruzar a la península. “Nadie nos escucha, quiero irme con mi madre que está en Algeciras. Lo que quiero es trabajar, en lo que sea, que me arreglen los papeles, salir de Melilla”, explica uno de estos menores a Save the Children.
Además, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana permite las llamadas devoluciones en caliente nada más pisar suelo español, lo que hace imposible verificar si se trata de menores de edad o refugiados. Existen casos constatados de niños expulsados por esta práctica ilegal, denunciada por el Comisario Europeo de Derechos Humanos.

Niños refugiados

En 2015, 14.600 personas solicitaron asilo en España huyendo de guerras o persecuciones y de ellas 3.754 eran niños y niñas. El sistema de acogida español no cumple con los estándares europeos y no está preparado para atender las necesidades de estos menores ni de sus familias. No existe capacidad ni de tramitar en el tiempo adecuado las solicitudes ni de alojar de forma apropiada a los refugiados. Las esperas por la documentación duran meses sin que los padres puedan buscar trabajo y las ayudas para la integración o el apoyo psicológico son mínimas. A los niños/as que llegan solos, pero tienen familia en otros países europeos no se les facilita la reunificación familiar.
Una vez que los refugiados han llegado a la península, los trámites para la obtención del asilo se alargan durante meses, lo que dificulta que puedan reunirse con sus familiares. Además, no hay personal especializado y con formación en infancia entre los policías y los instructores de solicitudes de asilo, lo que impide detectar las necesidades de los niños, que no son escuchados ni informados.
Save the Children exige a los candidatos a la presidencia del Gobierno que, ante las próximas elecciones, sitúen a estos niños entre sus prioridades, se comprometan a tomar medidas para protegerlos y los traten como lo que son: niños y niñas.