La demanda promovida por AGAMME (Asociación Galega contra o Maltrato a Menores), la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo y el Grupo de Investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, denuncia una práctica judicial asentada que no se ajusta a los estándares europeos de atención a víctimas de especial protección, como son las de violencia de género y de maltrato infantil así como las víctimas de violencia sexual menores de edad.
Será la Comisión Europea la encargada de investigar esta denuncia, tal y como presentaron varias representantes de estas organizaciones en Bruselas, en el marco del “O sesgo machista na aplicación das políticas: o caso da xustiza”, por invitación de la parlamentaria europea de AGE, Lidia Senra.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no sólo admite a trámite la demanda, sino que encuentra datos suficientes como para entender que es precisa una intervención, por lo que solicita a la Comisión Europea la apertura de una investigación sobre la base de la información aportada, al mismo tiempo que remite la petición a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
¿Qué se solicita?
El texto se centra en la vulneración de derechos fundamentales sufridos por este tipo de víctimas en los procedimientos judiciales, y presenta una serie de peticiones tendentes a ajustar el marco normativo español, con el fin de concretar ciertos aspectos como son el grado de especialización que deben tener los profesionales que atienden a las víctimas durante los procedimientos, el establecimiento de unos plazos de intervención que faciliten la recogida de las pruebas, la protección del derecho de los niños y niñas a ser escuchados eliminando la muletilla “que tenga madurez” presente en la normativa española como elemento que limita el acceso a este derecho, medidas de protección efectiva de las víctimas respecto a su victimario durante la investigación y durante el juicio oral, recogida de datos estadísticos incluidos los referidos a niños y niñas víctimas de maltrato infantil o violencia de género, etc.
El texto denuncia la generalización de la aplicación de una teoría sin reconocimiento científico dentro del sistema judicial español: el denominado supuesto síndrome de alienación parental (sSAP)
El objetivo de la demanda es lograr una mayor adaptación de la justicia a los delitos relacionados con el maltrato infantil y la violencia de género, de tal manera que se facilite su enjuiciamiento, partiendo de que en un alto porcentaje se trata de delitos que sólo podrán ser probados a través de la prueba testifical de la propia víctima. Este es el motivo de que se conceda tanto espacio a las condiciones en las que se deben recoger los testimonios, así como las medidas de protección que debe recibir a víctima antes y durante la realización de la prueba.
Por último, la demanda dedica un espacio a solicitar la erradicación de prácticas no científicas que producen desprotección en las víctimas de este tipo de delitos. Así pues, el texto denuncia la generalización de la aplicación de una teoría sin reconocimiento científico dentro del sistema judicial español: el denominado supuesto síndrome de alienación parental (sSAP) y su complemento “terapéutico”, la terapia de la amenaza.
