Procesos electorales y democracia paritaria

Soledad Murillo
Soledad Murillo
Profesora Sociología Univ. Salamanca. Fue Miembro de Naciones Unidas (CEDAW).
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  • Si en diciembre las listas encabezadas por mujeres alcanzaban un 36% de las 208 candidaturas registradas por las cuatro formaciones políticas, ahora hemos mejorado, pero como lo hacen todas las conquistas feministas, con demasiada lentitud, hasta lograr un 39%.

Celia Amorós insistía en sus declaraciones públicas, en conferencias inolvidables por lo comprometedoras que eran para quienes la oíamos, como en sus lúcidas reflexiones sobre la esfera pública. “La política, como lugar de poder que vincula un pacto a los iguales (…) porque gozan de la soberanía de ser los mismos, pues el juramento cívico los homologa en tanto que sujetos”. Así lo expresaba hace once años, en su libro La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para la lucha de las mujeres. La política o un espacio históricamente masculino, en el que las mujeres deben abrirse paso a codazos si es menester. De estas osadías dependen las transformaciones en el ámbito político, como nos recuerda Amelia Valcárcel: “Cuando tras una política feminista se alcanzan ventajas, todas las mujeres se benefician de ellas, con independencia de si han apoyado, o no, la opción más favorecedora”.
La modificación de la Ley Electoral se verificó a partir de la Ley de Efectiva de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LOIE 3/2007), una posición que fue decisiva para incluir mujeres en las listas electorales en los primeros puestos. En consecuencia se fijó en la norma un sistema basado en la proporcionalidad, dentro de los primeros cinco puestos, la cual se traducía entre un 40% y un 60% , pero indistintamente entre mujeres y hombres. Sin embargo, fue la resistencia de los partidos políticos, la que en su práctica adscribieron a las mujeres con ese 40%. Y fue tal la unanimidad en su aplicación, que la Unión Interparlamentaria, encargada de revisar la presencia de mujeres en los distintos parlamentos (http://www.ipu.org/pdf/publications/WIP2015-s.pdf), aún define al sistema electoral español, como aquel que establece una cuota del 40% para las mujeres, cuando en ningún caso se trataba de un sistema de cuotas.
El siguiente paso tuvo que darse dentro de los partidos políticos, “desbrozando” su estructura, su memoria, sus formas de procedimientos que no eran otra cosa que la resistencia a compartir privilegios y ganar mayor visibilidad interna. El PSOE, introdujo en sus estatutos e impuso, siempre a iniciativa de cargos feministas, una lista cremallera para concurrir a cualquier proceso electoral, local, autonómico o nacional. Insisto en la dimensión de feministas, porque sin una ideología política de esta índole resulta imposible sostener un argumento con la suficiente fuerza, como para rebatir cuantos obstáculos se diriman. No en vano, las mujeres representan en nuestro país, y en todas las Comunidades Autónomas, la mayoría de la población (51%. Datos INE, 2015).

Si para gobernar hay que formar mayorías, la misma regla ha de aplicarse en la conformación de candidaturas.

Por lo tanto, si para gobernar hay que formar mayorías, la misma regla ha de aplicarse en la conformación de candidaturas. En la misma línea, la lista cremallera era irrenunciable para las militantes de PODEMOS, IU y EQUO. De esta manera las militantes, otra vez ellas y sólo ellas, tuvieron que hacer un manifiesto donde se expresaba que esta conformación de listas no era negociable en ningún caso.
Un proceso que no fue fácil para esta coalición en Asturias, sabiendo que Podemos IU, lo tenía más complicado al ser dos formaciones que debían negociar candidaturas. De hecho en esta comunidad tuvo que plantear, primero una “rotación” para asumir la paridad, hasta llegar después a un acuerdo final en el que dos mujeres encabezarán la lista al Congreso y al Senado.

Como si se tratara de un juego de contrapesos y no una exigencia de paridad como condición democrática indiscutible…

No ha sido así en Zaragoza, ni en Madrid, donde dos hombres ocupan lugares consecutivos, a lo que se ha reaccionado desde sus élites; apelando a otro ejemplo donde se produce todo lo contrario: en Canarias dos mujeres conforman los dos primeros puestos. Como si se tratara de un juego de contrapesos y no una exigencia de paridad como condición democrática indiscutible. Los partidos más conservadores como CIUDADANOS y el PP no tienen duda al respecto y se ajustan, porque no les queda otra opción, a lo prescrito por la LOREG. Han de establecer, conforme a derecho, la proporcionalidad en sus listas.

PP y Ciudadanos dejan traslucir la sospecha sobre quienes, por el hecho de ser mujeres, pretenderían acceder a privilegios que sólo deben estar regidos por el mérito y la capacidad.

Lo que nos haría pensar que, de no existir esta reforma, no lo harían, dado que sus discursos todavía asimilan igualdad a privilegios indebidos. Es decir, dejan traslucir la sospecha sobre quienes, por el hecho de ser mujeres, pretenderían acceder a privilegios que sólo deben estar regidos por el mérito y la capacidad. Discurso retórico más cercano al perjuicio que a los datos. Como si estas formaciones fueran ajenas a las lealtades invisibles y a los agradecimientos de servicios prestados. Comportamientos que nunca han sido residuales en la conformación de cuadros de todos los partidos políticos, sin excepción. Estas formas de designación por parte de sus respectivas ejecutivas de CIUDADANOS y el PP respecto al lugar que reservan a las mujeres militantes, coinciden con otra estrategia común: colocar a contadas mujeres como números uno, por ejemplo, aspirantes o presidentas de Comunidad en Cataluña, Madrid, pero que representan elementos aislados, lo que les sitúa como excepciones, no como una regla a seguir en otros espacios, desde las listas electorales a órganos ejecutivos. Si en diciembre las listas encabezadas por mujeres alcanzaban un 36% de las 208 candidaturas registradas por las cuatro formaciones políticas, ahora hemos mejorado, pero como lo hacen todas las conquistas feministas, con demasiada lentitud, hasta lograr un 39%. En suma, aún no se ha legitimado la paridad, como analizó Alicia Miyares, el fundamento de la democracia más exigente.
 
 

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