- Durante 2014, el último año del que se tienen datos, 3.349 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, 287 más que en 2013; y 3.732 fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual, tanto dentro como fuera de la familia, 368 más que el año anterior.
Con motivo del último caso que ha saltado a los medios de comunicación de la niña de 9 años que denuncia los abusos sexuales sufridos, presuntamente, por parte de su padre, la ONG Save the Children se ha dirigido por carta a Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, para alertar sobre las graves deficiencias del sistema judicial a la hora de dar respuesta a las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas y niños muy pequeños y cuando el denunciado es el propio padre, y para que se adopten las medidas judiciales necesarias para proteger a la menor.
Ante la dificultad de acreditar los hechos en estos casos, debido entre otras razones a la corta edad de las víctimas, la administración de Justicia tiende a archivar las causas sin investigar suficiente y diligentemente los casos, dejando a las víctimas en graves situaciones de desprotección y riesgo.
Las denuncias de María empezaron hace 2 años.
«Dos años de experiencias traumáticas que no hubieran sido necesarios si la justicia española promoviera la denuncia de este tipo de delitos desde los primeros indicios», denuncian desde la ONG. La existencia de un diagnóstico médico que declara una “sospecha de abuso sexual” no pareció ser tenido lo suficientemente en cuenta por los peritos judiciales, lo que parece indicar una insuficiente coordinación entre el ámbito sanitario y el judicial en estos casos.
En su informe, «La justicia española frente al abuso sexual infantil en el ámbito familiar«, Save the Children denuncia la falta de una adecuada preparación y especialización de los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de casos de abuso sexual infantil.
«Ni jueces de instrucción, ni fiscales, ni abogados y abogadas de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados que intervienen en el proceso tienen la obligación de especializarse. Esta falta de formación puede tener un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa. En este caso que ha saltado a la luz pública, ni los psicólogos ni el perito de los juzgados de Madrid creyeron a la niña, decisión que sirvió para archivar el caso», alerta Andrés Conde, director general de Save the Children.
En el ámbito civil y a veces con el proceso penal abierto, se toman medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas sin tener en cuenta los posibles riesgos para estos menores.
Además, en el ámbito civil y a veces con el proceso penal abierto, se toman medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas sin tener en cuenta los posibles riesgos para estos menores. “En ocasiones vemos que existe un régimen de visitas sin vigilancia, cuando todavía se están investigando los abusos sexuales o éstos no han sido descartados por vía penal. La situación puede traducirse en un peligro para el niño o niña, ya que se les está obligando a vivir con su agresor”, recalca Conde.
Medidas después de que el abuso se haya producido
La mayoría de las medidas de la Administración de Justicia se ponen en marcha una vez que el abuso se ha producido. Esto supone que la niña o el niño tiene que revivir la experiencia traumática una y otra vez ante los órganos administrativos y judiciales. Save the Children denuncia las experiencias dolorosas y poco respetuosas en la recogida de testimonio de estos menores, como en el caso de la niña de 9 años que ha trascendido a los medios, en que la repetición de preguntas “se hace agobiante hasta en la lectura y la escucha de la entrevista”, como indica un informe encargado por la madre de esta víctima.
Save the Children exige, entre otras, la puesta en marcha de las siguientes medidas:
- Asegurar la adecuada preparación y especialización de profesionales y metodologías adecuados.
- Implementar un turno de oficio de abogados especializados en atención a niños y niñas víctimas de violencia.
- Garantizar asesoramiento e información especializada a los representantes legales de los menores que denuncien un caso de abuso infantil.
- Garantizar que no se repitan las agresiones a través de medidas de protección judicial.
- Garantizar la máxima prioridad en la investigación judicial de estos delitos.
