El Salvador: las leyes más punitivas del mundo contra el aborto

Veintiún miembros de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en El Salvador presentaron una moción el 11 de julio ante el Parlamento para su debate el 14 de julio de reformar el artículo 133 del Código Penal, para aumentar la pena de cárcel para las mujeres que decidan abortar de los actuales ocho años de prisión a un mínimo de 30 años y un máximo de 50. Esto es equivalente a la actual sentencia de homicidio agravado con extrema crueldad. También se han propusto endurecer las penas para los profesionales sanitarios y otras personas acusadas de «promover» el aborto.

Además, estipulan sanciones por daños antijurídicos del «no nacido» contra el personal médico si se producen en el ejercicio de su profesión. También castiga con prisión de 6 meses a 2 años, a quienes practiquen abortos, faciliten medicamentos, sustancias u objetos destinados a causar un aborto involuntario. Estas propuestas fueron presentadas en nombre de la «La inseguridad jurídica del no nacido».
Desde 1998, el aborto es ilegal en El Salvador por cualquier motivo, incluso cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer. A pesar de la prohibición, el Ministerio de Salud de El Salvador estima que más de 19.000 abortos ilegales se llevan a cabo anualmente. Las adolescentes representan casi un tercio de este número, en un país con algunas de las tasas más altas de embarazos no deseados y de agresión sexual. Asimismo, se estima que entre 1998 y 2013, más de 600 mujeres han sido encarceladas hasta 40 años tras ser acusadas de haber tenido un aborto.
En virtud de lo que un artículo de The Guardian califica de normativa de «culpable hasta que se demuestre lo contrario», lo que se podría describir con mayor precisión como «culpable incluso cuando pruebe su inocencia», ya hay mujeres en prisión con penas de hasta 40 años.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Grupo de Ciudadanos por la Despenalización del Aborto Terapéutico, visión ética y anomalías fetales ) en El Salvador están liderando los esfuerzos para que las mujeres que han tenido abortos o abortos involuntarios sean liberadas de prisión. Se cree en la actualidad hay unas 25 de ellas en la cárcel. Morena Herrera, que dirige la Agrupación, se ha enfrentado a amenazas de muerte y difamación.
¿Hasta cuándo la mujer salvadoreña debe esperar justicia?