Según cifras de UNICEF hay 120 millones de niños/as huérfanos en el mundo. En nuestro país, de los más de 30.000 menores bajo la tutela de la Administración, 18.000 se encuentran en centros. Lo que nos sitúa como el 2º país de Europa en número de niños institucionalizados. Una triste cifra que contrasta con las 33.000 familias españolas que se han ofrecido para adoptar, aquí o en el extranjero, colocándonos en el 2º puesto a nivel mundial, sólo superados por EEUU. Entonces, ¿qué está ocurriendo?
En el caso de la adopción internacional, se la ha sometido por parte de nuestras autoridades a un control tan férreo y desatinado que la han llevado hasta casi su desaparición. Un sistema delegado a las CCAAs que ha fracasado, en el que se decidía el cierre y apertura de países (y, con ello, el futuro de cientos de niños y familias adoptantes) en tres reuniones anuales de una mañana entre 19 interlocutores, nos ha llevado a tener en la actualidad 45 países cerrados en los que el resto de la Unión Europea, con más personal diplomático y experiencia que España, adopta con normalidad.
Especialmente paradójico es el caso de Haití, que tras el terremoto de 2010 hizo un gran esfuerzo para adaptar sus procesos a la normativa internacional, bajo el paraguas de UNICEF , lo que llevó a toda Europa, Canadá y EEUU a la reapertura de las adopciones en 2012. A todos, excepto a España, que no lo veía claro. Pero, mientras nuestros Organismos Autonómicos de Bienestar Social y Ministerios “despejan sus dudas”, los orfanatos de Haití se encuentran desbordados de niños, que aguardan necesitados de unos padres que les den el amor que tanto necesitan.
En la adopción nacional, muchos pequeños, esperan años en instituciones en lugar de ser acogidos de manera permanente o adoptados, y se ven atrapados por una normativa que falla y no prima realmente su interés superior, priorizando el de sus padres biológicos. Así, su infancia se pasa en un centro y, cuando la Administración se decide a retirarle los derechos a su familia de origen, estos niños se han hecho mayores y ya no encuentran un nuevo hogar.
También, al igual que en internacional, las competencias se encontraban cedidas a las Autonomías, de manera que, por ejemplo, un menor de Segovia, no podía ser adoptado o acogido por una familia de Madrid, aunque en su Comunidad no hubiera padres para él, y a unos kilómetros de distancia sí.
Toda esta situación venía a mejorar considerablemente con la nueva Ley de Infancia, que impulsaba la acogida y la adopción, tanto nacional como internacional. Introducía cambios necesarios como el registro de niños y familias solicitantes de toda España, ningún menor de 0 a 6 años en instituciones, o que la apertura/cierre de países para adop. internacional recayese en el Ministerio de Políticas Sociales. Esta norma vio la luz en julio de 2015 devolviendo la esperanza a niños y familias. Pero pronto se convirtió en pesadilla.
La Ley de Infancia no se ha podido aplicar. Necesita desarrollo reglamentario y el PP se ha negado a llevarlo a cabo, a pesar de que los tres principales partidos de la oposición se lo pidieron de urgencia en el Congreso de los Diputados. El efecto perverso es que la anterior normativa ha quedado derogada. Así que llevamos un año sin legislación de menores, en la práctica, pasándose la “patata caliente” Ministerio y Comunidades Autónomas. Un año en la que las vidas de miles de niños, de aquí y de allá, y de muchos hogares españoles que les esperan ansiosos, han quedado en suspenso ante la inacción de los políticos. Y todo porque son niños, niños sin voz ni voto, que no pueden protestar ni reclamar sus derechos en la Puerta del Sol. Pero se les está pasando un tiempo precioso que corre en su contra para encontrar una familia que les dé el futuro que merecen. Por favor, no les olvidemos, ni dejemos que les olviden, firma en:
