Amnistía Internacional e Intermon OXFAM lamentan la oportunidad histórica de la República Dominicana de proteger los derechos humanos de las mujeres al mantener la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida, según han incluido en su nuevo Código Penal.
“Con esta decisión la República Dominicana no solo le da la espalda a miles de mujeres dominicanas sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos.” dijo Juliana Cano Nieto, Directora Adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobaba el martes una serie de reformas al Código Penal que mantienen la criminalización del aborto.
“Esta decisión supone un claro retroceso respecto al Código Penal aprobado en 2014 y que incluía la despenalización del aborto ante 3 causales y que daba mayor protección a las mujeres de República Dominicana” afirmó Raúl del Río, Director de Oxfam en República Dominicana.
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobaba el martes una serie de reformas al Código Penal que mantienen la criminalización del aborto con la única excepción de los casos en los cuales la vida de la mujer esté en riesgo. Las organizaciones denuncian que esto constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres, que va afectar desproporcionadamente a aquellas en condiciones de pobreza.
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de muertes de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio
La eliminación del párrafo del artículo 110, que incluía tres causas de excepción a la criminalización del aborto (cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación incompatible con la vida), conforme a las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo en 2014, son contrarias a las obligaciones de derechos humanos del Estado y mandan un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones estatales de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).
La República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de muertes de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. En el país mueren 106 mujeres por cada 100 mil nacimientos vivos mientras que el promedio en la región es de 77 según datos presentados en el informe de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el 2013.
Los consensos internacionales indican que las medidas con mayor efectividad para reducir la mortalidad materna se sitúan en tres direcciones:
1) Disposiciones legales que respeten la decisión de las mujeres.
2) Acceso a anticonceptivos[1], y
3) Educación sexual integral.
La reciente decisión contradice los esfuerzos que está llevando a cabo el Estado en la reducción de los niveles de este indicador de desarrollo y de disfrute de derechos, según lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al declararlo como “un problema prevenible… y que exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en particular su derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a estar a salvo de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”.
Obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual o llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer, constituye un acto cruel, inhumano y degradante, según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades a garantizar el ejercicio de la maternidad segura y elegida como un derecho humano que debe ser garantizado con disposiciones legales libres de discriminación.
