Polonia se encuentra debatiendo y con toda seguridad aprobará una reforma de su ley del aborto que condena aún más a las mujeres. La norma que actualmente está en vigor, aprobada en 1993, sólo permite abortar en caso de violación, incesto, cuando se diagnostica en el feto un daño grave e irreversible o en caso de peligro de la vida de la madre. La reforma actual es aún más restrictiva y supone la prohibición total de abortar en cualquier circunstancia, con condenas de hasta 5 años de cárcel para los profesionales que practiquen abortos o quienes se sometan a ello, y hasta 3 años para quienes lo hagan de manera ilegal.
El partido ultraconservador Derecho y Justicia (PiS), muy cercano a la iglesia católica, ha recogido 450.000 firmas de apoyo a esta ley que ellos mismos proponen y, previsiblemente, aprobarán, ya que tienen mayoría absoluta en el parlamento desde octubre del año pasado. Este partido es el mismo que ha dejado de financiar tratamientos de fecundación y ha prohibido la congelación de embriones, todo bajo el lema del «derecho a la vida de los más débiles».
El partido cuenta con el apoyo del grupo legal ultracatólico Ordo Iuris, cuya máxima exponente es la abogada Malgorzata Owczarska, y que ha afirmado que «sin penalizar a las mujeres, cualquier ley es papel mojado». Su grupo, defensor de los «valores naturales y de la Familia», es el origen del texto que penaliza el aborto y que ahora se debate en el parlamento.
Unos 150.000 abortos ilegales al año
Según cifras oficiales, en Polonia se practican alrededor de 1.000 abortos legales al año. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta los abortos clandestinos ni los realizados en el extranjero. Las organizaciones de mujeres calculan que la verdadera cifra podría ascender nada menos que a 150.000.
En los últimos años, la legislación sobre el aborto de Polonia ha sido impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Tribunal halló que en tres casos –incluido el de una muchacha de 14 años que había sido violada– los inaceptables obstáculos para el acceso de la mujer a un aborto seguro y legal suponían una violación de las obligaciones contraídas por Polonia en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Romuald Dębski, ginecólogo, denuncia que con esta reforma se criminaliza a los profesionales médicos, que se verán condenados a la ilegalidad o a no intervenir. «Si mi paciente está embarazada de 32 semanas con pre-eclampsia, tendría que esperar a que ella y el feto empiecen a morir para poder actuar. Si el embarazo es ectópico y hay sangrado, puedo interrumpirlo, pero si no sangra aún y no hay peligro inminente de muerte, también tengo que esperar a que empiece a morir».
