- El Ministerio de Salud (Minsa) tiene un plazo de 30 días para redistribuir de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), más conocida como píldora del día siguiente, en los centros de salud públicos del Perú.
- El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Cristina Gómez y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), en el juicio que abrieron en 2014 contra el Minsa.
En julio de ese año Gómez presentó una acción de amparo para que el Minsa redistribuyera la píldora en los centros de salud públicos.
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú, en 2009, restringió esta política de salud porque existía una «duda razonable» sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora).
«Fue un acto discriminatorio la sentencia del TC porque prohibió la distribución gratuita del AOE, pero no su comercialización», explicó a SEMlac Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Chavez señaló que es una obligación del Minsa distribuir ese anticonceptivo y que «de no cumplir la orden del juez sería una vulneración al Estado de Derecho y creo que a estas alturas, después de lo que el país ha vivido con la marcha ’Ni una menos’, la sociedad civil está mejor informada. El gobierno central tiene que asignar los recursos, los gobiernos regionales hacer compras y adecuar los servicios en el más breve plazo», advirtió.
«Este nuevo fallo tiene un enorme valor, ya que permitirá que miles de mujeres sin recursos tengan acceso a este anticonceptivo», afirmó.
Por su parte, la ministra de Salud, Patricia García, declaró a un medio local que la píldora del día siguiente «era una necesidad», mientras que Mercedes Aráoz, segunda vicepresidencia de la República, saludó la decisión del Primer Juzgado Constitucional de Lima y resaltó «que era muy injusto que la gente sin recursos no pudiera utilizarlo».
Demanda cruza fronteras
María tenía 19 años cuando la violaron. El 23 de marzo de 2014, un grupo de hombres, entre ellos un excompañero de la escuela, abusaron de ella en una zona rural de Huánuco, a 410 kilómetros de Lima.
Cuando sus padres la llevaron al hospital, condicionaron su atención inmediata a tener una denuncia. El 25 de marzo, dos días después de la violación, la obstetra le dejó una receta con el nombre de un medicamento a los pies de su cama. Cuando preguntaron en la farmacia del hospital sobre la pastilla, les dijeron que no se la podían dar.
Luego de buscar en diferentes farmacias, sus padres le administraron la pastilla de manera inadecuada, a falta de indicaciones. María no quedó embarazada, pero esta es la historia de miles de peruanas. Cientos de ellas sí quedan embarazadas.
Frente a esta realidad, María, con el apoyo de PROMSEX, Demus, Paz y Esperanza y el Centro de Derechos Reproductivos, denunciaron al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del AOE en centros de salud públicos, violando los derechos de las mujeres víctimas de violación sexual a utilizarlo.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú es el único país de América del Sur que no tiene distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
En este país los casos de embarazo han aumentado de 12,5 a 14,6 por cada 100 adolescentes entre 2011 y 2014, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Endes 2014, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El 60 por ciento de embarazos adolescentes de 12 a 16 años es consecuencia de la violación sexual que ocurre dentro del ambiente intrafamiliar, advierte Save the Children.
En esta nación latinoamericana muchos de los embarazos adolescentes terminan en muerte, debido al poco acceso que tienen las jóvenes a los servicios de salud y porque recurren al aborto clandestino ante un embarazo no deseado.
Los operativos policiacos, fueron: 1.439 policías dedicados a ello; en 198 puntos de transporte; 524 operativos en zonas de mayor afluencia y los especiales con 420 policías. O sea, a los probables y reales agresores, los vigilan más de 2.000 policías todos los días.
En las líneas de mayor afluencia como Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya y Buena Vista, se refuerza la policía con otros 337 elementos; en los autobuses nuevos M1 tienen 271 cámaras, 1.182 botones de auxilio, más 35 sólo en Metrobús. Eso sirve para que el C4 actúe.
Además se pusieron en operación para la estrategia 599 cámara del C4, que ahora recibirá la aplicación APP vive segura; hay 345 pantallas dentro del metrobús y 1.220 en las unidades. O sea para que no escapen.
Y se han repartido 25.851 silbatos. En Jalisco y Coahuila ya se imitó. Entre la concurrencia se apreció el esfuerzo. Y se aplaudió la nueva aplicación. Pero todavía no se sabe, dijo el Jefe de Gobierno y varias entrevistadas, cómo cambiar la idea cultural que justifica la violencia contra las mujeres.
Las campañas de difusión son algo, pero se necesita cambiar el contenido de los medios de comunicación masiva y los dichos en las aulas, afirmó Gloria Careaga, dirigente feminista.
En una carta pública, las organizaciones proderechos de las mujeres expresan que esperan -como una acción afirmativa para seguir avanzado en el logro de la igualdad sustantiva-, que la SCJN conforme dos de las siete ternas solo con mujeres.
De esta manera, afirman, se garantizará que al menos dos de las Magistradas del máximo órgano de impartición de justicia electoral en México sean mujeres.
Organismos como Católicas por el derecho a Decidir, el área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género y Ciudadanía, Trabajo y Familia, destacan el papel que el TEPJE ha tenido para dirimir conflictos electorales y garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
Asimismo, su labor ha sido clave para frenar la violencia política contra las mujeres y garantizar la igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos políticos.
Por esta razón, la renovación de quienes integran la Sala Superior nos parece fundamental, puntualiza la misiva.
Y es que el pasado martes, se divulgó la lista de 21 aspirantes, quienes conformarán las siete ternas que el Senado analizará para elegir a los integrantes de la Sala Superior, de ese total solo seis son mujeres, «todas con una trayectoria que las avala para cumplir a cabalidad con las funciones exigidas por el cargo».
Las otras organizaciones que firman esta carta pública son: EQUIS: Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, que aseguran que México cuenta con una legislación electoral de vanguardia que garantiza el principio de paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas.
Por ello, demandan extender este principio constitucional para la conformación del máximo órgano de impartición de justicia electoral en el país es lo mínimo que se puede exigir.
«Estamos seguras que, como en otras ocasiones, la SCJN seguirá siendo un referente en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género».
