Las prohibiciones o restricciones al alquiler de vientres de mujeres en India, Nepal y Tailandia han tenido, desgraciadamente, consecuencias indeseadas: la industria internacional de la subrogación ha intensificado sus operaciones en otros países asiáticos donde existe un vacío legal al respecto, como Camboya.
Después de que saltaran las alarmas en Camboya a mediados de este año por el incremento exponencial del número de casos de alquiler de vientres, el Gobierno de este país inició en agosto un proceso de consulta sobre el tema con expertos en el que he tenido la oportunidad de participar así como de liderar la posición completamente prohibicionista, tanto en reuniones como en medios de comunicación. La lucha ha sido (y está siendo) difícil, pues los intereses de la industria del alquiler de vientres se extienden entre la élite del país (propietarios de las clínicas), extranjeros (compradores de bebés y dueños de agencias) y periodistas foráneos que trabajan en el país sin sensibilidad feminista alguna y priorizando los intereses de sus conciudadanos.
Finalmente, el 24 de octubre de este año el Ministerio de Salud camboyano emitió una directiva ministerial prohibiendo la inseminación artificial para la subrogación. Este importantísimo paso, que no supone todavía la prohibición legal de esta práctica, consiste en una prohibición técnica y temporal, pues inhabilita a las clínicas que efectúan inseminaciones artificiales para este fin, a la espera de la redacción y aprobación de una ley al respecto. Ahora mismo, un comité inter ministerial se encuentra a cargo de redactar la ley que, previsiblemente, prohibirá la subrogación o bien seguirá un modelo similar al de la ley india, que permite la subrogación solamente si es “altruista” y para parejas casadas de nacionalidad india.
El coste total de un bebé por subrogación en Camboya se sitúa entre los 30.000 y 45.000 dólares estadounidenses, una cantidad significativamente inferior al precio en otros países, como EE.UU. La mayor parte del beneficio de este negocio va para las 50 agencias extranjeras y clínicas que se estiman que tienen su foco en Camboya. Los demandantes de vientres de alquiler son, en su mayoría, ciudadanos australianos, muchos de ellos varones homosexuales. Por su parte, las mujeres camboyanas gestantes viven durante el embarazo, o en el último periodo del mismo, en habitaciones contiguas a las clínicas. Como he podido saber, también hay gestantes que residen en sus propias comunidades, cobrando por ello un suplemento de unos 200 dólares mensuales.
Las mujeres camboyanas gestantes viven durante el embarazo, o en el último periodo del mismo, en habitaciones contiguas a las clínicas. También hay gestantes que residen en sus propias comunidades, cobrando por ello un suplemento de unos 200 dólares mensuales.
El modus operandi de la industria del alquiler de vientres es muy similar, por no decir idéntico, al de las mafias del tráfico de seres humanos y trata con fines de explotación sexual: se realiza a través de brókeres que se desplazan a zonas empobrecidas de la Camboya rural para captar a mujeres jóvenes que estén dispuestas a gestar a un bebé (o a gemelos o trillizos, resultado habitual de las inseminaciones artificiales) por entre 8.000 y 10.000 dólares estadounidenses. En Camboya, eso supone la suma de los ingresos medios de una persona durante un periodo de tres años y, en las zonas más empobrecidas, de hasta cinco o seis años.
Como ya se ha apuntado desde la campaña internacional (#StopSurrogacyNow) y española (#NoSomosVasijas), la subrogación tiene graves implicaciones médicas, éticas y legales. Asimismo, en países en desarrollo, como Camboya, donde los sistemas sanitarios y jurídicos son muy deficientes, el alquiler de vientres no solo supone la devaluación de las mujeres y una amenaza adicional para su salud, derechos y libertad de movimiento, sino también el abrir la puerta a las mafias, perpetuar el abuso colonial de extranjeros así como poner en peligro las estrategias y redes sociales de supervivencia existentes. Por ejemplo, la adopción de niños y niñas es un proceso accesible y rápido en Camboya, además de una práctica cultural habitual: el 17 por ciento de las familias camboyanas tienen al menos un niño o niña en adopción o acogida. Por ello, el alquiler de vientres no está justificado y también supone una amenaza para los niños y niñas excluidos/as que necesitan una adopción.
Todo son motivos para continuar la lucha contra el alquiler de vientres y, por supuesto, trabajar por mejorar las condiciones materiales de las mujeres, especialmente de las más empobrecidas. Porque sin desigualdad ni pobreza no existiría el alquiler de vientres.
