«Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no están garantizados, en la práctica, para todas las mujeres». Esta es la principal conclusión que se extrae del estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, con el apoyo de “Calala” Fondo de Mujeres.
Según esgrimen en el estudio, los motivos son diversos: ausencia de normativa que lo garantice, limitaciones en la legislación existente en algún aspecto, una aplicación restrictiva de las normas, ausencia de recursos para implementarlas, u obstáculos sociales.
La coordinadora, entidad que agrupa a organizaciones de varias Comunidades Autónomas ha recabado y contrastado datos en varias Comunidades Autónomas, permitiendo aportar informaciones actualizadas y cercanas a las prácticas habituales.
El estudio aborda seis áreas temáticas: la educación sexual, la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción asistida, la violencia sexual, las identidades no normativas y la respuesta del sistema sanitario en lo relativo a la salud sexual y reproductiva. En cada uno de ellos se aborda la consideración social de este derecho, la normativa existente (a noviembre de 2016), las prácticas sociales, y los recursos y servicios existentes.
«También se plantean algunas conclusiones relevantes y algunas exigencias que nos parecen centrales para garantizar dichos derechos a todas las mujeres. Todo ello se presentará a los diversos grupos parlamentarios, a fin de garantizar su compromiso para que en esta legislatura se logre el reconocimiento real de estos derechos», afirman desde la Coordinadora.
Educación sexual
El estudio alerta de la ausencia de la educación sexual en la ley educativa en vigor.
«En la medida que no existe normativa que marque pautas para todos los centros, la situación es enormemente heterogénea, con grandes desigualdades en el tratamiento en una misma comunidad autónoma, e incluso en una misma ciudad», aseguran. Depende en última instancia de la implicación del profesorado y AMPAS de cada Centro escolar. Estas iniciativas son voluntarias y no sistemáticas; dependen en gran medida, por un lado, de la iniciativa de cada centro y, por el otro, de que las actividades sean proporcionadas por agentes externos y con carácter gratuito
Desde la Coordinadora instan a garantizar este derecho en un curriculum obligatorio, según los distintos niveles educativos y que se recojan los contenidos que se aborden de forma integral, recogiendo aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales.
Anticoncepción y aborto
En el estudio se constata la falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos, lo que obliga a las mujeres a costearlos.
«Se debe garantizar que todas las mujeres que lo necesitan y desean puedan acceder a todos los métodos anticonceptivos, lo que supone que estén incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud».
A lo largo del año 2010 se practicaron 113.031 abortos y durante el 2014, se realizaron un total de 94.796 abortos en el Estado Español, lo que supone una disminución del 16% de abortos. Hay tendencia de baja de las tasas durante 2012,2013 y 2014.
Siguiendo la información relativa a 2014, el 63, 59% de los 94.796 abortos que se llevaron a término fueron de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 34; más en concreto, la tasa de mujeres de 20 a 24 años (16,56) es la más alta y supera en más de 6 puntos la tasa media de abortos de mujeres de todas las edades (10,46), seguida de la tasa de mujeres de entre 25 y 29 años (15,34).
Sobre aborto, denuncian «la ley no garantiza la práctica de las IVEs en los centros sanitarios públicos, de hecho el 90% de los abortos se realiza en centros privados. El aborto debe ser una prestación normalizada en el sistema nacional de salud, atendiendo, en los centros públicos la demanda de IVE para todas las mujeres (independientemente de su edad, estado civil y situación administrativa). Además, planteamos la derogación de la reforma del PP para mujeres de 16 y 17 años y la revisión de la ley de autonomía del paciente».
Durante el año 2014, el número de mujeres menores de 19 años que abortaron fue de un total de 10.330, es decir, el 10,90% del total de interrupciones practicadas, de las que el 87,92% correspondió a mujeres con edades entre los 16 y los 19 años. Concretando, el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que abortaron son sólo el 3,36% del total de la población de todas las edades (94.796).
En función del origen y de la situación administrativa, el 97,43% de las jóvenes y adolescentes es residente, siendo las más numerosas de este grupo las que nacieron en el Estado Español (70,59%), seguidas de las nacidas en algún país de Latinoamérica (16,50%) y las que lo hicieron en alguno de la Unión Europea (5,77%).
Asimismo, recuerdan que las mujeres que deciden interrumpir el embarazo deberían tener acceso a información clara y suficiente sobre las características y la forma de acceso a los distintos métodos de IVE para poder decidir sobre cuál se adecua mejor a su situación personal y todos los métodos deberían estar accesibles de manera normalizada en la red sanitaria pública
Reproducción Asistida
El estudio denuncia que la reproducción asistida no está garantizada para todas las mujeres. La Coordinadora exige garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en el sistema sanitario público, para todas las mujeres, sin sufrir tratos discriminatorios por el estado civil y la opción sexual adecuando los protocolos médicos a la diversidad de familias, revisando las normas y procedimientos que no toman en cuenta a las parejas LGTBI para la reproducción asistida.
Si bien se empieza a garantizar el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres, los tiempos de espera en los centros públicos según el tipo de tratamiento, son muy elevados, las unidades de reproducción asistida siguen estando, por lo general, escasamente dotadas en medios y en personal, tal como apunta el estudio de Adeces, que da datos de esos tiempos de espera: El tiempo medio de espera para los tratamientos de FIV/ICSI (el proceso de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide ocurre en el laboratorio) se sitúa en 406 días.
Por lo que respecta a la Inseminación Artificial de Cónyuge o de Donante (IAC, IAD, el proceso de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide dentro del aparato reproductor femenino), los tiempos medios de 2015 se sitúan en los 47 y 27 días respectivamente.
En último lugar, el tiempo medio de espera para el tratamiento de Ovodonación (es un procedimiento que se utiliza más que todo en mujeres en las que los ovarios ya han dejado de funcionar o funcionan de manera inadecuada) se establece en 465 días.
Identidades no normativas
De dieciocho Comunidades Autónomas, diez ya tienen una Ley que regula la situación jurídica de las personas transexuales. Sin embargo, el estudio denuncia que la aplicación de estas leyes va lenta, incluso inexistente en algunas comunidades autónomas. «Las actuales leyes plantean importantes problemas, sobre todo en su aplicación que se hace depender del criterio de cada profesional; no se ha iniciado la formación de profesionales ni se han dotado los centros de proximidad, manteniéndose una visión dominante patologizante».
Violencia sexual
La Coordinadora Feminista afirma que «es necesaria una revisión de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género que incluya las agresiones sexuales y la trata con fines de explotación sexual; que garantice la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo requieren independientemente de su situación administrativa, sin que la denuncia sea un prerrequisito para el acceso a los recursos y que vaya acompañada de políticas de equidad en todos los ámbitos».
El estudio denuncia que solo en Cantabria, Madrid y Canarias hay protocolos específicos sobre agresiones sexuales, pero en las dos primeras data del 2007, y aunque en Madrid el Hospital la Paz, referente para la atención a víctimas de agresiones sexuales, elaboró un protocolo específico publicado en el 2011, con datos del 2008, nos consta que no ha habido evaluación, y que actualmente las mujeres que son violadas y acuden al Hospital.
«Si no han interpuesto denuncia, tienen muchas dificultades para recibir la atención adecuada, y si quieren poner denuncia tienen que desplazarse por su cuenta al UFAM, donde la policía centraliza las denuncias, esto está generando una revictimación por parte de las instituciones», denuncian.
Según el estudio, en el último año, 380.000 mujeres han sufrido violencia sexual, más de 1.000 mujeres al día están expuestas a sufrir violencia sexual, en el ámbito de la pareja, expareja y fuera de la pareja.
Del total de agresores en el caso de violaciones, los hombres conocidos o amigos suponen el 46,4% de los agresores, seguidos de otro familiar masculino (cualquier familiar hombre menos el padre) que son el 20% y los hombres desconocidos el 18,6%.Un 66,4% de los agresores son hombres conocidos.
Del total de agresores en el caso de otras formas de violencia sexual distintas de la violación, los más frecuentes son los hombres desconocidos que suponen el 39,6% del total de agresores seguidos de los hombres conocidos o amigos (31,1%) y de otro familiar masculino (12,9%).
El 97,5% de los agresores han sido hombres.
Atención en salud sexual y reproductiva
Existe una gran disparidad en cuanto a la atención a la salud sexual y a la salud reproductiva según las CC.AA. y según los Centros sanitarios de una misma ciudad. Esto determina que la cobertura a las mujeres no sea la óptima, generando la exclusión de algunos colectivos.
De manera más concreta, hablando de normativas y programas específicos de anticoncepción, hay 9 CCAA que tienen alguna normativa o algún plan que guía específicamente las actuaciones en materia de contracepción: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra. Hay 7 CCAA que no disponen de ningún tipo de normativa: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid. De la situación en País Vasco, Ceuta y Melilla se desconoce actualmente si hay normativa, programa o estrategia en la materia.
El estudio realizado por la Sociedad Española de Contracepción muestra respecto a la elección de método que el preservativo es más utilizado (28,4%), especialmente entre las mujeres de 15 a 29 años, seguido de la píldora (21,7%), sobre todo entre mujeres 20-39 años; un 7,8% de las personas recurren a la vasectomía y ligadura de trompas. Sin embargo, siendo el preservativo el método más usado, no está incluido en la cartera de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud ni se facilita en los servicios de salud, más que por medio de acciones esporádicas y fundamentalmente relacionadas con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual
«Consideramos que la salud sexual y reproductiva es un derecho universal, y se debe garantizar en todas las comunidades autónomas en condiciones de igualdad para todas las mujeres», afirman.
