- En todo el territorio mexicano el acceso al aborto en caso de violación sexual es absolutamente legal; sin embargo, algunas entidades federativas, no han modificado sus códigos penales ni sus normas de salud para facilitar el acceso al servicio cuando una mujer o niña lo solicita. En el caso de Durango aún persiste el requisito de autorización por parte del Ministerio Publico en el Código Penal.
- A un año de la modificación de la NOM 046 que señala los criterios de prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, Durango sigue condicionando el acceso al aborto al cumplimiento de requisitos inexistentes en esta norma.
En dos casos que el Grupo de Información en Reproducción Elegida y la abogada Julieta Hernández Camargo han acompañado jurídicamente en la entidad, la Secretaría de Salud del estado solicitó a las víctimas acudir a una evaluación psicológica para después inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, requisito que no se incluye en la NOM 046 que define cómo deben actuar los prestadores de servicios de salud en casos de violación sexual.
La modificación a la NOM 046 vigente desde el 25 de marzo de 2016 señala en uno de sus puntos medulares que “Cualquier mujer o niña mayor de 12 años que haya sufrido una agresión sexual y haya resultado embarazada, tiene el derecho de acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a”. No es necesario acudir a una cita con una psicóloga antes, como exigió la Secretaría de Salud de Durango en los casos conocidos por GIRE. Esperamos que las autoridades de esta nueva administración apliquen la NOM046 para proteger los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violación sexual.
El retraso en la prestación del servicio de aborto en estos casos es preocupante debido al número de violaciones sexuales que se presentan en Durango. En Durango Transparencia señala 1,267 denuncias de 2010 a 2016 (junio) (103 violadores en la cárcel)
El problema podría resultar aún más grave al considerar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que en México se denuncia menos del 10 por ciento de los casos de violación sexual, de lo que en realidad sucede.
Después de la agresión sexual, las víctimas de violación sexual no deberían enfrentar requisitos que retrasen su deseo de interrumpir el embarazo. Todas las entidades federativas deben de modificar lo necesario para que estas niñas y mujeres al menos vean disminuido su agravio.
La versión completa del informe Violencia sin Interrupción puede consultarse aquí.
