- ACAI ha emitido un comunicado aclarando la sentencia sobre el proceso judicial contra representantes de la Red Madre de Albacete.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) señala que en la sentencia la jueza considera probado que se ha producido una «vejación injusta» contra Eduardo Pin, profesional de la Clínica Iris de Albacete. En el comunicado señalan que se han difundido interpretaciones «imaginativas y tendenciosas» en las que representantes de la Red Madre de Albacete aparecían como absueltas, cuando la sentencia confirma las vejaciones.
Sin embargo, la Magistrada no ha podido condenar a las acusadas por los hechos ya que, tras la entrada en vigor de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, la falta de vejación injusta ha quedado destipificada, como señalan desde ACAI.
Además, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, ACAI, ha querido señalar que este proceso judicial abordó única y exclusivamente las “vejaciones injustas” que las portavoces de la Red Madre en Albacete llevaron a cabo contra la persona de Eduardo Pin, Profesional de la Clínica Iris, frente a la puerta del centro médico. «Y no, tal y como las representantes de este colectivo quieren hacer creer a la opinión pública, las vejaciones, acoso e intimidación que estas personas realizan diariamente contra las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a esta clínica acreditada y concertada por la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha».
ACAI señala que estas presiones se ejercen también contra los/as profesionales que las atienden e incluso contra las mujeres que acuden a este centro para recibir otro tipo de prestaciones sanitarias ginecológicas que no son la interrupción del embarazo.
Además, con independencia de no haber sido calificado como delito por la Jueza, en la sentencia se establece que las denunciadas han realizado actividades tan poco pacíficas como las que refieren a “introducir con fuerza un panfleto en el bolsillo del denunciante” o “coger del brazo al denunciante a la vez que le insultaban y le decían asesino”. ACAI señala que estas «conductas no parecen encajar con las creencias cristianas que de manera recurrente aseguran profesar las denunciadas».
El Código Penal vigente ha despenalizado en su última reforma la falta de vejación y la falta de injurias, pero eso «no reduce en lo más mínimo la desconsideración manifiesta que estos grupos antielección tienen para con los derechos y libertades de las personas que no piensan como ellas. El fino lindero entre una conducta incívica y una conducta merecedora de sanción penal, en un Estado de Derecho, termina beneficiando al acusado del proceso penal», denuncian desde ACAI.
Aprovecharse del estigma social para atacar
ACAI señala que la perniciosa actuación de Red Madre tiene muy en cuenta el estigma social que pesa sobre las mujeres que interrumpen su embarazo. Pese a estar reconocido por ley este derecho, es altamente improbable que las mujeres afectadas denuncien el acoso del que están siendo objeto por las representantes de la Red Madre, ya que interponer una denuncia contra este colectivo implicaría dejar al descubierto su identidad y su intimidad durante el proceso judicial. Según ACAI, esta circunstancia es de sobra conocida por este colectivo y es en la que se amparan para seguir sosteniendo con impunidad su acoso a las mujeres y profesionales.
Finalmente ACAI apunta a que la sentencia «no avala ni reconoce en modo alguno, como pretenden hacer creer a la opinión pública las denunciadas, ni el acoso, ni las presiones que mujeres y profesionales siguen sufriendo por el ejercicio de su derecho, las mujeres, y el de su profesión, el equipo humano y médico de este centro». La resolución de la juez se pronuncia sobre si, a la vista de los hechos que por otra parte considera probados, es delito o no un concreto hecho denunciado, concluyendo en este caso la absolución de acuerdo con la reciente reforma del Código Penal.
Implicación de las instituciones públicas
ACAI vuelve a pedir a los responsables de garantizar la seguridad de las mujeres en el ejercicio de su derecho a interrumpir su gestación (Delegación y Subdelegación del Gobierno), que se impliquen en la resolución del conflicto, «de la misma manera que estamos seguros/as lo harían, si el orden público se viera alterado a las puertas de un edificio oficial, un centro sanitario público o un lugar de culto religioso».
Asimismo, ACAI pide a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que se implique en la resolución de la situación, ya que para los/as profesionales de estos centros resulta cada vez más complicado no solo salvaguardar la seguridad de las mujeres y profesionales, sino garantizar la normalidad de esta prestación sanitaria, pudiendo llegar a producirse un problema de salud pública «si se sigue desoyendo y desatendiendo la situación».
