Suecia acoge a María Teresa Rivera, condenada en El Salvador a 40 años de cárcel por abortar

 
La Dirección General de Migraciones de Suecia ha concedido asilo a María Teresa Rivera, una de las muchas mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas y que sufren persecución en El Salvador. María Teresa fue sentenciada en 2012 a 40 años de prisión, acusada de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el sistema judicial del parto precipitado extrahospitalario que sufrió.

Tal y como cuentan desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador, para María Teresa, de 35 años de edad, la vida no ha sido fácil. Cuando tenía cinco años su madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después tuvo que irse a una Aldea Infantil y ya adulta, trabajó en diferentes maquilas para sustentar a su hijo.
En 2011, tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron una infección de los oídos y una infección de la vejiga, para lo cual le recetaron antibióticos. La noche del 24 de noviembre, sintió ganas de ir al baño y fue a la letrina de su casa; horas después allí la encontraron desmayada en un charco de sangre. La trasladaron al Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde ingresó con un fuerte shock hemorrágico. El personal del hospital la acusó de aborto y, de manera inmediata, la fiscalía la envió a dependencias policiales. María Teresa ha asegurado siempre no saber que estaba embarazada pues tenía continuos sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Tampoco lo sabían los médicos que le atendieron antes de la emergencia.

En un principio fue investigada por “aborto”, pero la fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado debido a un informe del Instituto de Medicina Legal que luego sería declarado nulo por padecer de serias irregularidades metodológicas.
El 27 de julio de 2012, María Teresa fue condenada sin pruebas directas a una pena de 40 años por un delito que no cometió, producto del desconocimiento de los administradores de justicia que realizaron una equivocada interpretación de los hechos ocurridos, denuncian desde la Agrupación Ciudadana, que lleva desde entonces apoyando su causa y exigiendo su libertad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estudió su caso y en la Resolución SS-0227-2014, manifestó que en el caso de María Teresa se violaron sus derechos a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer; así como “al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, in dubito pro reo y derecho a ser juzgada por un juez independiente e imparcial”.
Por la falta de garantías que se dieron durante todo el proceso, sus defensores legales y las organizaciones que la apoyan, presentaron en 2012 un Recurso de Revisión de la Sentencia. Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia al concluir la audiencia extraordinaria reconoció que, no habiendo suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito por parte de María Teresa Rivera, quedaba demostrado que su condena en 2012 fue un error judicial. El tribunal anuló la sentencia y dictó inmediatamente su libertad, después de haber pasado cuatro años y medio en prisión injustamente.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio 2016. El recurso fue desestimado. Ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar El Salvador puesto que el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial. Ambos se trasladaron a Suecia y la Dirección de Migración de ese país le concedía asilo el pasado 20 de marzo de 2017, a ella y a su hijo, por considerar que sufrió persecución por el hecho de ser mujer, por sus opiniones políticas y porque podría enfrentar una futura persecución si fuera devuelta a El Salvador. Además, reconocen que sufrió maltrato al pasar más de cuatro años en prisión por un delito que nunca cometió.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador denuncia que es necesario que estos casos no se sigan repitiendo y que tal como acaba de recomendar, el 3 de marzo de 2017, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se revise el artículo 133 del Código Penal para despenalizar el aborto, se introduzca una moratoria en la aplicación de la ley vigente y se revise la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto con el fin de garantizar su liberación.
«Es la oportunidad de que el Sistema Judicial revise los casos de Las 17 y más mujeres que siguen encarceladas, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación. Asimismo, es momento de que la Asamblea Legislativa reforme la legislación sobre aborto para que no se produzcan más estas situaciones y errores judiciales, como el sufrido por María Teresa y Las 17 y más», afirman.