El asesinato del niño de A Coruña la semana pasada a manos de su padre es el menor número cinco víctima de violencia de género desde que comenzó 2017. Es decir, un niño o una niña ha sido asesinada al mes en lo que llevamos de año. Se trata de cifras alarmantes que en los últimos años se han ido incrementando progresivamente.
Desde 2013, primer año que el Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad lo contabiliza, son veintisiete los y las menores que han perdido su vida a manos de sus progenitores. Pero 2015 fue el año más dramático con el asesinato de nueve niños y niñas. Asimismo, la violencia machista ha dejado en situación de orfandad a 169 niños y niñas desde 2013.
La Ley Integral contra la violencia de género (2004) considera a los hijos e hijas de mujeres maltratadas como víctimas de violencia de género, una reclamación histórica que se reafirmó con el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Sin embargo, la literalidad de la Ley se contrapone a la aplicación de la misma tal y como asegura Susana Martínez, abogada de la Comisión para Investigación de malos tratos a mujeres: “La Ley establece unos mecanismos de protección y los jueces deben ser cuidadosos a la hora de aplicarlos. Los niños son el arma que utiliza el maltratador o el agresor para hacer daño a la mujer”.
Desde la Comisión, ponen hincapié en que la protección al o la menor víctima directa o indirectamente de violencia de género debe ser independientemente de si se ha presentado o no una denuncia contra el maltratador o agresor: “En los casos con denuncias, los tribunales de justicia deben proteger a los hijos e incluso suspender o privar los regímenes de visitas”. Martínez cree que desde el ámbito sanitario o escolar “se puede detectar si el niño es víctima o testigo de violencia de género”.
Además, cree que habría que modificar el artículo 156 del Código Civil en el que se contempla la autorización de ambos progenitores para que el hijo o la hija reciba atención psicológica. “Si la autorización la da un padre maltratador, impedirá el acceso de su hijo a la ayuda. La Ley tiene que posibilitar que el menor pueda ser atendido con la autorización del progenitor que tenga su custodia, es decir, la víctima.” Asimismo, reclama revisar la formación de los y las profesionales en medidas de prevención para “detectar medidas que no hayan sido denunciadas”, afirma.
“El Estado no cumple sus obligaciones en la protección del menor frente a sus padres maltratadores”
Por otra parte, Bárbara Tardón, portavoz de la Plataforma CEDAW Sombra España, recuerda que el Estado “tiene la obligación de proteger a los niños y las niñas frente a los padres maltratadores y agresores”. “Por encima del concepto familia patriarcal se encuentra la protección y el bien del menor», asegura.
La Plataforma CEDAW Sombra remite al caso de Ángela González Carreño, la mujer víctima de violencia de género cuya hija fue asesinada por su padre en 2003. La ONU condenó a España por negligencias en la protección de Ángela y solicitó para ella una reparación moral y una indemnización económica que el Gobierno denegó. “Con este caso, se ha visto que el Estado no cumple ni sus responsabilidades ni obligaciones internacionales en la protección de los niños y las niñas frente a sus padres maltratadores y agresores. Y nos vamos a pronunciar en la misma línea: que España cumpla su obligación en protección y garantías de los derechos humanos de los niños y las niñas”.
Finalmente, Tardón cree que “concediendo las visitas vigiladas, o incluso, la custodia en algunos casos, lo que está haciendo es exponer a los niños, la violencia que ejercen sus padres de manera directa o indirecta”. Y recuerda el Informe de 2014 de la Plataforma, en la que denunciaban la aplicación del Síndrome de Alineación Paternal (SAP) como ejemplo de estereotipos en los órganos jurisdiccionales. “La aplicación por varios juzgados de este ‘síndrome’ es una muestra de la presencia de estereotipos en la justicia y de su impacto en la discriminación de las mujeres en cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos e hijas”, reza el informe.
