La ley del 13 de abril de 2016, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas o en situación de prostitución, está fundamentada en tres principios fundamentales: la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una violación de la dignidad humana.
Por primera vez en la historia de Francia, la ley prohíbe la realización de cualquier acto sexual que sea impuesto por dinero, descriminaliza a las personas prostituidas, involucra al conjunto de la sociedad en su cumplimiento e incluye la puesta en marcha de políticas nacionales de salida de la prostitución.
Esta ley complementa a una legislación firme, ya existente en materia de proxenetismo y facilita la consecución de dos grandes objetivos: desalentar y evitar la entrada de personas en la prostitución, que afecta principalmente a la población más vulnerable y a los segmentos cada vez más jóvenes de la misma, (la mayoría mujeres) y para proteger a través de medidas concretas a las víctimas de prostitución.
Esta victoria abolicionista se inscribe entre los avances más importantes de los derechos de las mujeres, que han cambiado el rumbo de la historia.
Es una lucha contra la violencia (social y sexual), por los derechos humanos, por la emancipación de las mujeres y por la igualdad.
Permite que el cuerpo humano y la sexualidad de las personas queden fuera del alcance de los mercados.
Contenido de la ley
Gracias a una legislación firme contra el proxenetismo y gracias al cierre de los burdeles en 1946, Francia ha podido limitar en los últimos 60 años el crecimiento del proxenetismo dentro de su territorio nacional. Sin embargo, hasta ahora no contaba con los medios necesarios para hacer retroceder verdaderamente a la prostitución, que constituye una violación de la dignidad de la persona y una forma de violencia, ni para proteger de manera eficaz a sus víctimas, que por lo general quedaban abandonadas a su propia suerte. Ahora, por primera vez en la historia de Francia, una legislación integral permite dar alcance a estos dos objetivos:
Acabar con la represión de las víctimas de prostitución, a través de la abolición del delito de «racolage» (solicitación).
Esta medida que resulta indispensable para favorecer un mejor acceso de las víctimas a la justicia y a los programas de salida de la prostitución, también tiene un importante valor simbólico. El delito de solicitación existía desde 1939 y hacía recaer la responsabilidad de la explotación sobre sus propias víctimas. Entre los años de 1946 y 1958 incluso fue sancionado más severamente que el proxenetismo. La su – presión del delito de solicitación y la adopción de numerosas medidas de apoyo a las víctimas, permitieron luchar contra las diferentes formas de discriminación y restablecer su confianza en el gobierno y en los poderes públicos.
Promoviendo el acceso a medidas de salida de la prostitución en todo el territorio nacional.
La Ley instaura a nivel departamental políticas integrales y efectivas de apoyo a las personas prostituidas, en sectores en los que muy a menudo habían sido discriminadas como la vivienda, el trabajo o la sanidad. Esta nueva política pública que favorece el trabajo coordinado entre las ONGs y los servicios estatales, cuenta con presupuesto propio que está destinado a la prevención de la prostitución y al apoyo de las víctimas. Cualquier persona prostituida que no tiene acceso a las ayudas sociales convencionales, tiene derecho a recibir apoyo económico para favorecer su proceso de reintegración social y profesional.
Asegurando la protección y el apoyo a todas las víctimas, incluyendo las personas extranjeras.
La ley prevé la condonación de las deudas fiscales de todas aquellas personas que deseen salir de la prostitución. También permite la concesión de un permiso de residencia temporal a las víctimas extranjeras, incluso aquellas que no están en disposición de declarar, con la condición de que éstas se comprometan a iniciar un proceso de salida de la prostitución. De esta forma también se garantiza que las redes de explotación no puedan llegar a beneficiarse de este permiso. La ley refuerza asimismo el derecho de indemnización de las víctimas del proxenetismo, al exigir que el Estado se porte garante en caso de que el proxeneta sea declarado insolvente.
Reduciendo la prostitución a través de la prohibición de compra de cualquier acto sexual
La ley generaliza la prohibición del consumo de prostitución ajena. La criminalización de la compra de cualquier acto sexual, permite afirmar solemnemente que nadie tiene el derecho a explotar la precariedad o la vulnerabilidad de otra persona, imponiéndole un acto sexual a cambio de dinero. Al atacar frontalmente la demanda, la ley desanima a las redes proxenetas a invertir en un territorio donde la legislación resulta más desfavorable para sus actividades delictivas y ganancias criminales. Por último, la ley protege a cualquier persona que decide seguir en la prostitución, al poner a su disposición por primera vez un mecanismo de disuasión legal que les permite que sus «condiciones» sean respetadas frente a compradores potencialmente abusivos.
Estableciendo una política pública nacional de prevención, capacitación y educación.
La ley establece programas de educación e información destinados a colegios y escuelas, sobre la realidad de la prostitución y los peligros que conlleva la mercantilización del cuerpo humano. Integra la promoción de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, dentro de los programas escolares de educación sexual. Asimismo, introduce de manera oficial en los programas de formación y capacitación de las y los trabajadores sociales, un modulo de prevención de la prostitución y la identificación de situaciones de prostitución, proxenetismo y trata de personas.
Muy a menudo presentada como la ley que criminaliza a los compradores de actos sexuales, la nueva ley francesa en realidad es una ley integral que refunda y reagrupa todo un conjunto de políticas públicas en materia de prostitución. La Ley modifica disposiciones de nueve códigos nacionales.
