Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos

Redacción Tribuna
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La violencia sexual contra mujeres y niñas se generaliza en el conflicto y hasta se utiliza como táctica de guerra. Diversos informes procedentes de la República Democrática del Congo que tratan sobre el alcance de la violencia sexual relacionada con los conflictos reflejan una cifra que oscila entre el 18 y el 40 por ciento en el caso de mujeres y niñas y entre el 4 y el 24 por ciento en hombres y niños. También la violencia de género, la trata de seres humanos y el matrimonio infantil se exacerban durante los conflictos.

Naciones Unidas ha aprobado compromisos internacionales para abordar la violencia de género relacionada con los conflictos, entre ellos la resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ofrece un sistema de rendición de cuentas para la violencia sexual relacionada con los conflictos; estipula una recopilación de información sobre este tipo de violencia de forma coordinada y oportuna; e insta a los países a establecer compromisos específicos con fechas delimitadas. Por otra parte, la resolución 2122 del Consejo de Seguridad establece la necesidad de contar con ayuda humanitaria que garantice el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los que atienden embarazos como consecuencia de una violación.

“En conflictos en todo el mundo, ejércitos y grupos armados apelan a la violencia sexual como una táctica de guerra con secuelas devastadoras”, señaló Nisha Varia, directora de incidencia en derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de la ONU no debería eludir sus responsabilidades frente a las víctimas de estos hechos y debería adoptar medidas decisivas para ayudarlas y para castigar a los responsables de violencia sexual”.

La violencia sexual relacionada con conflictos es un elemento central de la ideología y la actuación de organizaciones extremistas como Boko Haram y Estado Islámico (conocido también como ISIS). Diversos informes destacan la importancia de que los gobiernos consulten a mujeres en sus acciones destinadas a contrarrestar el extremismo violento y aseguren que estos esfuerzos “respeten derechos humanos fundamentales”.

Human Rights Watch ha documentado evidencias de que en Nigeria Boko Haram secuestró y violó sexualmente a mujeres y jóvenes, y las obligó a contraer matrimonio, y de que una vez que las mujeres escaparon, el gobierno nigeriano brindó medidas inadecuadas de protección y asistencia. En el Kurdistán iraquí, Human Rights Watch entrevistó a mujeres y jóvenes que habían escapado tras haber sido raptadas por ISIS y que describieron cómo esta organización extremista utilizaba de manera sistemática la violencia sexual, incluido el matrimonio forzado y la esclavitud sexual, contra mujeres y jóvenes yazidíes.

El acceso gravemente inadecuado a servicios para víctimas y vías de reparación es un problema que se observa tanto en los países en conflicto como en aquellos que han dejado atrás conflicto. Los marcos jurídicos nacionales y las normas sociales pueden exacerbar estos problemas, como sucede por ejemplo en Afganistán, donde las víctimas de violencia sexual pueden ser juzgadas penalmente por “delitos contra la moral” y podrían perder la vida como resultado de las llamadas ejecuciones de honor.

“Los gobiernos han asumido compromisos concretos con quienes han sobrevivido a hechos de violencia sexual durante conflictos, pero no los están cumpliendo debidamente”, observó Varia. “Los gobiernos deberían mejorar el acceso a la totalidad de servicios de salud reproductiva y psicosociales, así como a opciones de resarcimiento y reparación en la justicia”.

Un problema persistente es que muchos casos de violencia sexual ocurridos durante conflictos no se denuncian, entre otros motivos, debido al estigma asociado con estos hechos, la falta de acceso por parte de veedores, la insuficiencia de medios de denuncia seguros y la respuesta poco enérgica de los gobiernos, señaló Human Rights Watch. Un informe del Secretario General de ONU hace alusión a 117 incidentes de violencia sexual en Sudán que afectaron a 206 víctimas en 2014. No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch indican que las cifras serían considerablemente mayores y que muchos casos no están siendo registrados o reconocidos oficialmente por la ONU. Entre estos se incluyen los ataques perpetrados por miembros del Ejército sudanés en Tabit, durante los cuales al menos 221 mujeres y niñas fueron violadas sexualmente, conforme se documentó en un informe de Human Rights Watch. El gobierno sudanés ha puesto freno a una investigación creíble y al acceso por parte de víctimas a servicios, y pese a ello el Consejo de Seguridad no ha adoptado medidas en respuesta.

Los altos niveles de impunidad de actos de violencia sexual en Nepal y Sri Lanka ocurridos a lo largo de sus prolongados conflictos internos demuestran el impacto duradero que puede tener la violencia sexual vinculada con conflictos, la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones creíbles de denuncias sobre casos de violencia y la importancia de que se brinde reparación a las víctimas.

Ese informe hizo hincapié en la necesidad de que haya una participación genuina de las mujeres en todas las iniciativas de consolidación de la paz, incluso en procesos de solución de conflictos. Si bien han transcurrido 15 años desde que el Consejo de Seguridad reconoció a las mujeres, la paz y la seguridad como centrales para su trabajo, en numerosos países las mujeres permanecen mayormente marginadas, por ejemplo, de la planificación de campamentos para refugiados y de los equipos de negociación.

Los países donde actualmente se desarrollan conflictos y que fueron analizados en el informe incluyen a Afganistán, la República Centroafricana, Colombia, la República Democrática del Congo, Irak, Libia, Mali, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. Entre los países que han dejado atrás conflictos se incluyen Bosnia-Herzegovina, Costa de Marfil, Liberia, Nepal y Sri Lanka.

“Las iniciativas de prevención, las medidas de protección y la provisión de servicios no reportarán resultados exitosos a menos que se diseñen en consulta con las personas a quienes pretenden ayudar”, explicó Varia. “La participación y el liderazgo de mujeres en la programación y la planificación son condiciones esenciales”.

 

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