- La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, su portavoz adjunta, Carmen Cuello, y la portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, Amalia Rodríguez, registran una proposición no de ley para que se corrija esta desigualdad y llevarán esta medida al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, su portavoz adjunta, Carmen Cuello, y la portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, Amalia Rodríguez, han registrado una proposición no de ley con el fin de garantizar la cotización por las víctimas de violencia de género perceptoras de la renta activa de inserción, con cargo a la fiscalidad del Estado y a los efectos de jubilación, para su debate en la Comisión de Igualdad. Esta iniciativa fue registrada el jueves, antes de la reunión de la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, adonde van a llevarla como una de las medidas propuestas por el Grupo Socialista.
Con esta iniciativa, el Grupo Socialista reclama que, en cumplimiento de la Recomendación 17 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, el Gobierno “adopte las medidas normativas que permitan la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de la percepción de la renta activa de inserción en la situaciones de violencia de género, con cargo a la imposición general, con el fin de posibilitar el acceso a la pensión de jubilación de las mujeres que padecen esta violencia”.
La iniciativa recuerda que la Comisión recomienda que se adopten iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones asimiladas al alta, a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos de pensión propios, con una consideración específica para las ayudas de las mujeres que presentan mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género.
Los socialistas explican que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoció un estatuto integral de protección a las víctimas de violencia de género que incluye derechos en el ámbito laboral, con plasmación en el sistema de Seguridad Social al posibilitar que esos supuestos fueran declarados como situación legal de desempleo y así facilitar que estas mujeres pudieran acceder a la prestación de desempleo con cotizaciones. Ayudas económicas que cubrían su protección y la ruptura económica con el maltratador.
La renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, es una ayuda extraordinaria que corresponde a las mujeres que han extinguido la prestación por desempleo y el consiguiente subsidio, o no pudieran ser beneficiarias de dichas prestaciones. Se trata de una ayuda extraordinaria para aquellas personas que no pueden acceder a otro subsidio y encuentran especiales dificultades para encontrar trabajo, como las víctimas de violencia de género.
Pero en esta renta, y a diferencia del subsidio, no existe cotización a la Seguridad Social, aunque sí da lugar a cobertura sanitaria y protección a la familia. “Es esta falta de cotización la que hace a las mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de esta ayuda de peor derecho que aquellas mujeres en idéntica situación de violencia que sí tienen derecho a las prestaciones de desempleo”, se argumenta en la iniciativa, para pedir que se garantice la cotización de las víctimas de violencia de género perceptoras de la renta activa de inserción.
