- El Gobierno promueve una reunión interministerial para impulsar el Pacto de Estado contra la violencia de género mientras sigue sin aumentar partidas presupuestarias ni recursos administrativos destinados a su implementación
El pasado miércoles se celebró en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una reunión interministerial para “impulsar e hilvanar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, a la que han asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, según ha informado Sanidad en un comunicado.
En la reunión también estuvieron el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos; el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín Hellín; el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro; el subsecretario de Hacienda y Función Pública, Felipe Martínez Rico; y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, entre otros.
En este marco, Dolors Montserrat ha querido poner en valor que “la lucha contra la violencia de género es trasversal y una prioridad para todo el Gobierno. La violencia de género ha de afrontarse desde todos los ámbitos”. Asimismo, ha recordado que la lucha contra esta lacra es la de “todos las poderes públicos y los partidos políticos y toda la sociedad”.
“Todos debemos denunciar y rechazar cualquier actitud machista, porque debemos ser conscientes de que este es el germen de la violencia contra la mujer. Reitero mi llamamiento a que todas las personas rechacen cualquier actitud machista, por pequeña que sea”, han insistido la ministra.
En relación a la reunión, la ministra ha declarado que los representantes de los distintos ministerios han valorado las propuestas recogidas en el documento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que ya ha sido remitido a los grupos del Congreso y del Senado en espera de que ellos finalicen sus trabajos.
Las aportaciones se han clasificado en 7 ejes de actuación: coordinación y trabajo en red; atención y protección de las víctimas; prevención y sensibilización; formación; mejora del conocimiento; propuestas normativas y
dotación presupuestaria.
“El Gobierno está esperando ahora que el Congreso y el Senado le remitan sus informes y propuestas para incorporar al Pacto”. Un pacto que, según ha declarado la ministra, el Gobierno espera que esté para este año.
Ayuntamientos sin competencias y solo el 0, 01 por ciento de los PGE
Estas declaraciones contrastan con el hecho de que el PP se niegue a devolver competencias a los ayuntamientos para fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género. O con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno en el que la partida destinada a la lucha contra la violencia machista apenas alcanza el 0,01% de los PGE, una cantidad “vergonzosa”, según denuncian más de 80 organizaciones feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya.
Esta misma semana, el PP rechazó en el Senado una moción socialista presentada en la Comisión de Igualdad en la que se reclamaba devolver las competencias municipales a los ayuntamientos en promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. La iniciativa también proponía crear un fondo estatal de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos e impulsando las medidas de apoyo a la mujer.
A lo largo de su intervención, la portavoz del PSOE en Igualdad, Laura Berja, explicó que la moción tenía un doble objetivo, “facilitar la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres y la prevención de la violencia de género y dotar de recursos los mecanismos de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia”. La senadora jiennense se dirigió a los senadores populares para indicar que “necesitamos algo más que buenas intenciones y apoyo dialéctico. Lo que realmente necesitamos es apostar política y económicamente por una sociedad que no discrimine a más de la mitad de su ciudadanía”.
A continuación, hizo referencia a la importancia de educar en igualdad para prevenir la violencia de género y garantizar una sociedad libre de violencia y aseguró que “la educación en igualdad y la perspectiva de género deben implantarse en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y una de las instituciones fundamentales para conseguir el objetivo de la igualdad real son los ayuntamientos, que son la primera instancia para cualquier ciudadana. A ellas recurrimos ante cualquier necesidad a la que queremos dar respuesta y para lograr una formación que nos permita acceder con más facilidad a un empleo”.
Sin embargo, Laura Berja recordó que “estos programas corren un grave riesgo desde la aprobación de la Ley de racionalización de la Administración Local que el Partido Popular presentó sin diálogo con los municipios y de espaldas a todos, porque era una dinámica habitual en la anterior legislatura, a los agentes implicados en cualquier reforma legislativa”. “A partir del 2013, puntualizó, los ayuntamientos, en general, y los centros municipales de información a la mujer, en particular, debían dejar de prestar los servicios puesto que la ley suprimió el artículo 28 de la anterior Ley de Bases de Régimen Local, que permitía realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas, entre otras la relativa a igualdad”.
Llamadas al 016 sin rastro
En declaraciones a los medios, la ministra ha anunciado que, hasta el momento, 4 fabricantes de telefonía móvil se han implicado activamente en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, han desarrollado funcionalidades para que las llamadas al teléfono 016 se eliminen de forma automática de los smartphones. “Les quiero mostrar mi agradecimiento a estas compañías e invito al resto de compañías que nos ayuden a blindar telefónicamente a las mujeres que sufren maltrato”.
Por otro lado, ha anunciado que en las próximas semanas se renovará el acuerdo con las oficinas de farmacia para que actúen como agentes detectores de violencia de género. “Se trata que ayuden a detectar situaciones de maltrato y ayuden a la víctima a dar el primer paso”.
Medidas propuestas por el Observatorio
Entre las propuestas del Observatorio, la ministra ha destacado la importancia de adaptar la legislación reguladora de la violencia de género a las normas del Convenio de Estambul así como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de tal forma que el concepto de violencia de género se adecue a lo establecido en esta regulación internacional.
También la revisión de los distintos protocolos que desde los distintas administraciones utilizan para hacer frente a la violencia de género; la necesidad de mejorar la coordinación de la actuación de las Comunidades Autónomas; y de abordar el fenómeno de la violencia que padecen las mujeres con discapacidad que sufren una doble discriminación, por ser mujer y per tener una discapacidad, así como, las mujeres mayores y las mujeres del medio rural.
Por su parte, el Ministerio de Justicia seguirá profundizando en las medidas que, en la lucha contra la violencia de género, se pusieron en marcha en la anterior legislatura: en materia penal, reformando el Código Penal para adaptarse a las nuevas realidades, especialmente en relación con la utilización de las nuevas tecnologías; en materia procesal, estableciendo mecanismos singulares de protección de la víctima; igualmente se adoptarán nuevas medidas para aplicar de forma aún más efectiva las iniciativas contempladas en el Estatuto de la Víctima en ámbitos tan relevantes como la formación, la especialización de los profesionales que intervienen en la protección de la víctima, así como en el incremento de los medios y recursos disponibles.
En cuanto al Ministerio de Educación, la LOMCE ha incluido en la Ley Orgánica de Educación las siguientes medidas: principios de transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia y que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género, igualdad de oportunidades y no discriminación; y la prioridad en la admisión de alumnos a los centros docentes por cambios de residencia derivados de actos de violencia de género.
Además, los planes de convivencia de los centros docentes deben prestar especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación; las conductas consecuencia de una discriminación o acoso basado en el género serán consideradas falta muy grave y llevarán aparejada la expulsión del centro temporal o definitiva; y la igualdad de género, derechos y oportunidades, prevención de la violencia de género y no discriminación, está presente en todo el sistema educativo español, desde la normativa básica que elabora el Estado hasta cada una de las convocatorias de ayudas.
