Las organizaciones feministas Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, Plataforma 7N, Plataforma 25N de Granada y la Red Feminista contra la Violencia de Género han dirigido un escrito a Carlos Lesmes, Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para manifiestar su absoluto rechazo a las medidas acordadas en el caso de Juan Rivas.
El texto rechaza la resolución del Juzgado de Instrucción nº2 de Granada en base al informe de la Fiscalía, que conmina a Juana Rivas a entregar a su hijo e hija hoy lunes 28 de agosto al padre con sentencia firme por maltrato. También han mostrado en el escrito su rechazo a la citación como imputadas en un supuesto delito de inductoras de la sustracción de menores, a la asesora legal y a la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y a los familiares de Juana hasta el 2º grado de consanguinidad.
Denuncian la inclusión en el auto de un controvertido termino: «posible alienación parental». Las firmantes consideran que la jueza y la fiscala del caso han actuado «desoyendo las indicaciones del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ que en su «Guía de actuación judicial frente a la violencia de género», califica el SAP de «teoría pseudo-científica» y muestra su preocupación por que sea usado «para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento».
El documento entregado, considera que «las instancias judiciales que han intervenido en el caso de Juana Rivas, no han interpretado las leyes conforme al Convenio de Estambul firmado por España, ni a lo que señala el Pacto de Estado firmado el 28 de Julio pasado sobre la custodia a padres condenados por maltrato».
También muestran su rechazo «al papel del Ministerio Fiscal y de la Fiscalía de violencia de género, que lejos de velar por la protección de los menores y la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas». La Fiscalía ha actuado poniendo por delante el no cuestionamiento del aparato judicial, que ha demostrando la máxima crueldad que se pueda alcanzar siguiendo una una aplicación machista y patriarcal de las leyes. «Reclamamos a estas instituciones que cumplan con su papel y tomen parte activa para defender a Juana y proteger a su hijo e hija evitando que se entregue su custodia al padre maltratador».
El texto insiste en llamar la atención sobre el hecho de que «no se han seguido las recomendaciones de la CEDAW, que pide que se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género a la hora de estipular la custodia para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas y los menores».
Recuerdan también que tan solo en lo que va de año, han sido asesinados 6 menores a manos de sus padres maltratadores
Para las organizaciones, «no se ha respetado el derecho de los menores a ser escuchados, y tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, tal como pedía la defensa de Juana, habiendo en este caso un menor maduro de once años. No se han protegido sus derechos, conforme al estatuto de la víctima y la Ley del Menor, que exige que se asegure para estos un entorno libre de violencias».
Denuncian también que el caso de Juana Rivas «es el más visible de toda una serie de casos de maltrato institucional que se añade a las mujeres que denuncian su situación de violencia de género, y lejos de encontrar amparo en el sistema judicial, se ven desprotegidas ellas y sus hijos, obligándolas a respetar los supuestos derechos de custodia de los padres violentos».
«Señalamos las nefastas consecuencias que actuaciones judiciales como éstas, pueden tener en la lucha por acabar con este gran problema social»
También se rechaza en el escrito que se emitan «mensajes oficiales en que las mujeres denuncien para que el sistema les proteja, cuando lo que hace el sistema judicial es someterlas a un verdadero calvario» y consideran que esto es un mal precedente «justo cuando se ha alcanzado el acuerdo en el Pacto de Estado».
También contra la criminalización de las trabajadoras de los Centros de la Mujer
El resto del escrito se centra en la denuncia de cómo las resoluciones judiciales «han criminalizado el apoyo a las víctimas». Para las organizaciones firmantes «encausar a Francisca Granados, asesora del Ayuntamiento de Maracena (Granada) como inductora de secuestro de menores, demuestra que en este caso se ha llegado a la persecución e inquina por parte de ese juzgado y Fiscalía, de manera que la víctima pasa a ser la delincuente, y se ataca su apoyo social».
El encausamiento de profesionales puede atar de pies y manos a las víctimas, al desacreditar un recurso profesional fundamental de ayuda a las mujeres, contribuye a su aislamiento y a cerrar el círculo perfecto del maltrato.
Respaldan «el trabajo y la actuación de las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena y de Francisca Granados como asesora jurídica. Estos Centros son un recurso público de ayuda fundamental. Francisca Granados está siendo atacada por ejercer desde este Centro, su obligación que es la atención jurídica que establece el art 10 de la Ley 1/2004, loa art. 31, 63 y 63 del Convenio de Estambul y la medida 143 del reciente Pacto de Estado, que habla de intensificar estos recursos».
Finalmente, denuncian que el encausamiento de profesionales, puede atar de pies y manos a las víctimas, al desacreditar un recurso profesional fundamental de ayuda a las mujeres, contribuye a su aislamiento y a cerrar el círculo perfecto del maltrato. Actuaciones judiciales como estas, contribuyen a disuadir a las mujeres de denunciar y buscar ayuda para salir de su situación.
Guía criterios actuacion violencia genero actualización 2013
