Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el asesinato de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque, a pesar de que su abuela trata de cuidarlos, tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela materna.
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
Las niñas y los niños también son víctimas
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3.087 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2.099 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
Vivir con el feminicidio
Con el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres.
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género.
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
En el caso de la educación, la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a las y los huérfanos de la violencia de género y si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
