Este otoño el debate político tendrá de nuevo en su agenda la regularización de los vientres de alquiler. El conservadurismo político no nos va a sorprender; lo que nos preocupa es la instalación de la ideología neoliberal en una parte de la izquierda española. A esa izquierda, que nunca admitiría un debate sobre el derecho a un trabajo digno, no le tiembla el pulso para poner en la mesa del debate político la mercantilización de las capacidades reproductivas de las mujeres.
Defienden su argumentación basándose en la libertad de las mujeres para hacer con su cuerpo lo que ellas quieran y esgrimen eslóganes como “ Nosotras parimos, nosotras decidimos”, equiparando el derecho fundamental de las mujeres a la interrupción del embarazo con el deseo de tener un hijo o hija biológicos.
Lo que realmente se defiende con esta argumentación no es la libertad de las mujeres a decidir ser madres de alquiler, sino su libertad a negociar individualmente y en desigualdad de condiciones, un contrato cuyas cláusulas quedan condicionadas a la vulnerabilidad y situación de necesidad que sufre la parte contratada: la madre de alquiler.
Cualquier persona que se considere de izquierdas sabe lo peligroso que es negociar un contrato individualmente, pues se pueden perder derechos adquiridos colectivamente, mediante la negociación colectiva, cuya finalidad es evitar abusos derivados de los acuerdos individuales entre las partes. A partir de la firma del contrato, la libertad de la madre de alquiler se convierte en una serie de requisitos que tiene que cumplir a riesgo de ser sancionada, requisitos que van desde no poder tomar un café, a la cesión de derechos irrenunciables, como el derecho a la filiación y custodia, o el derecho a la confidencialidad médica, porque si así consta en el contrato, los “padres intencionales”, es decir, los compradores, pueden asistir a las revisiones prenatales a las que se someta la madre de alquiler.
¿Por qué se iniciará este otoño este debate? ¿A qué se debe tanto apuro? En España existen agencias intermediarias que mercadean en países menos desarrollados que el nuestro, donde la pobreza de las mujeres es muy acusada. En estos países las condiciones y trámites del negocio son mucho más asequibles de lo que podrían ser en nuestro país. A estas agencias, la prohibiciòn de los vientres de alquiler en España en realidad no les ha impedido lucrarse jugosamente operando en países como Ucrania, Grecia, o EEUU, este último presume que sus madres de alquiler son mujeres de clase media; no olvidemos que allí la educación y la sanidad están en manos privadas y muchas mujeres ceden su útero para poder pagar la universidad a sus otros hijos.
No hay que indagar mucho para saber quién está detrás de la reciente ley de Portugal. Todo este negocio puede ir al traste, a raíz de que la legislaciones de los países proveedores de madres de alquiler están cambiando. Ahora solo podrán acceder a ellas ciudadanos en cuyos países haya una legislación favorable a los vientres de alquiler. No hay que ser muy lúcida para saber que lo de la generosidad de cientos y miles de mujeres deseosas de “ altruistamente” ser madres de alquiler es un cuento chino.
¿Alguien cree que las agencias españolas que están ganando cantidades indecentes de dinero con estos negocios van a dejar escapar esta oportunidad?.
Como bien dice Alicia Miyares: «Gente de izquierdas y feministas, hagan ustedes una pensada, porque ningún gobierno debería legislar en pro de una cesión de derechos».
