Esta semana hemos recibido dos noticias aparentemente muy lejanas pero que, miradas en profundidad, tienen muchos puntos en común. La primera: las mujeres de Arabia Saudí podrán conducir vehículos. La segunda: la aprobación en el Congreso de los Diputados español del Documento final del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
El embajador de Arabia Saudí en la ONU anunció a bombo y platillo que en su país las mujeres podrán conducir desde 2018. Podrán conducir, sí, aunque seguirán sin poder realizar actividades tan elementales como salir de casa sin un hombre guardián, abrir una cuenta corriente, entrar en un cementerio o trabajar en espacios donde haya hombres. En resumen, seguirán en régimen de literal secuestro. Para conducir tendrán que hacerlo embutidas en ese burka que, dicho sea de paso, dificulta la visión
Jaleándose a sí mismo, el embajador acompañó sus palabras con unos espontáneos y emotivos aplausos que tuvieron escaso eco en la sala. Los delegados allí presentes debieron tener la intuición incómoda de que algo iba mal, tanto como si aplaudían como si no. Quizás sintieron que, con ese anuncio, se evidenciaba la vergüenza a la que llevan demasiado tiempo contribuyendo. Porque es una verdadera vergüenza que esté admitido en la ONU un país que tiene a la mitad de su población secuestrada. Es una vergüenza que, ya que no se ha hecho antes, no se exigiera allí mismo que ese país, y todos los que aún no reconocen a las mujeres los derechos civiles, cambien sus constituciones y demás leyes urgentemente.
Buscad declaraciones de la ONU a favor de la igualdad de género y las encontréis a montones, sobre todo cuando se trate de hacerse la foto en fechas señaladas. Pero por favor no aplaudáis, son pura cosmética. No encontraréis ninguna condena a Arabia Saudí por las leyes y prácticas concretas que vulneran esa tan proclamada igualdad. ¿Para qué sirven tantas declaraciones, o incluso para qué sirve la ONU, si ni siquiera insta a esos países a liberar a las mujeres de la esclavitud?
ONU Mujeres convoca a la sociedad civil cada 5 años en Nueva York. Pero, por citar solo una anécdota, he tenido la terrible oportunidad de asistir en ese marco a un taller titulado “La Sharia como vía de liberación de la mujer”, que ONU Mujeres había permitido incluir en el programa.
En España, quizás nos sintamos tentadas a aplaudir el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que el Congreso acaba de aprobar después de 11 meses, 43 sesiones y 66 comparecencias. Pero no lo hagamos sin antes leer las 213 medidas que lo componen. Parecen muchas, pero no es oro todo lo que reluce.
Algunas de esas medidas ya estaban en vigor, o deberían estarlo, como la Nº 9 (Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes.- ¿no estaba ya esto en la Ley de Igualdad?) o la Nº 119 (Establecer unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día, todos los días de la semana.- ¿no las hay ahora?). Hay otras tan interesantes como la Número 18 (Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007) o la Nº 12 (Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la LO 1/2004). Vaya, ¿así que hay leyes que después de 13 años no se están cumpliendo? Es más, ¿qué significa “impulsar el cumplimiento” de una ley?
Otras medidas son tan “contundentes” como la Nº 16 (Solicitar a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) el impulso y apoyo a los programas de formación y prevención de la violencia de género en las Universidades).
Desde luego que el Pacto no se pilla los dedos, no vaya a ser. Por ejemplo, la medida Nº 150: Promover la puesta en marcha de Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para la atención a los casos de violencia de género y en su defecto elaborar y aplicar protocolos específicos. O sea, “promover” (ni siquiera garantizar), pero por si acaso, “en su defecto”…
Hay que reconocer que el Pacto presenta algunas novedades, como la medida 121 (Incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas), o la medida consensuada a última hora de catalogar como víctimas a las madres de hijos asesinados por sus padres. Pero por favor, esto sí que se parece al carnet de conducir de las mujeres saudíes: ¿no es una verdadera vergüenza que a estas alturas no estuviera hecho?
Para casos como el de Juana Rivas está la medida 152: Estudiar las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Por supuesto, es mejor “estudiar” que “no estudiar”, pero ¿merece esa tibia respuesta una sociedad escandalizada y movilizada?
En resumen, una lista de medidas en gran parte indefinidas, preexistentes o irrelevantes, sin una sola estimación presupuestaria específica. Así es fácil hablar de 200 millones anuales de presupuesto: ya irán apareciendo partidas presupuestarias que ir añadiendo a ese cajón de sastre donde cabe todo. Además, si no aparecen, ¿cómo saber de qué medida faltan?
Toda la parte de protección económica queda excluida. Aunque solo fuera para garantizar la seguridad de las víctimas que obtienen órdenes de protección, se ignora que muchas carecen de autonomía económica y que las exiguas prestaciones de la actual Ley no llegan ni de lejos a resolver ese problema. Se ignora también que muchas mujeres no denuncian porque no tienen dónde ir. Con que solamente se tomara en serio este asunto, ni 200 millones ni muchos más darían para poner a salvo a todas estas mujeres.
Precisamente por eso, el problema principal es que este llamado “Pacto de Estado” contribuye a la consideración de la violencia de género como una “lacra” que pudiera combatirse a golpe de una lista de medidas específicas y superficiales; una garrafal y perniciosa equivocación. Es muy grave que esos 11 largos meses casi a tiempo completo no hayan dado de sí para tratar de las raíces de la violencia de género y de cómo arrancarlas. ¿Cómo no se les ha ocurrido, en tantas y tantas horas, plantearse la necesidad de avanzar hacia una sociedad sin patriarcado, o al menos con un patriarcado más débil?
Por el contrario, la exclusiva dedicación al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género ha sido aducida por los partidos para negarse a atender reformas cruciales que avanzarían en esa línea. Esto ha pasado, por ejemplo, con la de los permisos igualitarios propuesta por la PPIINA: algunos partidos ni siquiera han tenido tiempo en todos estos meses de leer la Proposición de ley de la PPIINA (ni en todos estos meses ni, por cierto, en los 6 años que se cumplen ahora desde que dicha Proposición de Ley elaborada se presentó a los partidos por primera vez).
Por su parte, las asociaciones feministas han estado pendientes, claro está, del tema fundamental, prácticamente entrando por el aro de que no se podía hablar de otra cosa ni en otros términos. Esa es la trampa que nos han tendido y en la que hemos seguido cayendo una y otra vez, a pesar de que sabemos que no es con esa visión estrecha como se atajará la violencia de género. Es más, a pesar de que sabemos que esta es precisamente la forma de no atajarla.
Es una buena noticia que se hayan alzado voces como la de Ana María Perez del Campo, quien ha llegado a calificar el Pacto de “tomadura de pelo”. Muchas mujeres no aplaudimos este pacto, y no porque no contenga ningún avance en absoluto; solo faltaría. No aplaudimos estas operaciones cosméticas porque pretenden enredarnos y esquivar las verdaderas soluciones. Y, por cierto, es muy triste que mujeres feministas acusen a quienes discrepan de “no lanzar a los violentos una condena unánime”.
Ya somos muchísimas las mujeres que nos hemos dado cuenta de que nos están tomando el pelo. Pero hemos despertado y nos levantaremos. Nos levantaremos, sí, y no será precisamente para aplaudir
