En un texto publicado esta semana, la Plataforma Libres para Educar a nuestros hijos ataca duramente el Anteproyecto de Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-la Mancha que pretende ser aprobado en esta Legislatura y que ha sido impulsado por El Instituto de la Mujer.
La Plataforma que promueve la archidiócesis de Toledo que dirije Braulio Rodríguez Plaza , manifiesta condenar «cualquier tipo de violencia en la familia, especialmente la ejercida contra la mujer y los menores». Pero la condena es relativa.
La organización rechaza que «la única explicación al fenómeno de la violencia contra la mujer radique en el machismo estructural y en las desigualdades entre mujeres y hombres» y considera que eso implica un enfoque «planteado en clave de oposición hombre-mujer».
Para ellos, el hecho de que se pretenda combatir el machismo en el ámbito educativo cuestionando el modelo tradicional que asigna papeles asociados a la biología implica son «propuestas para reaccionar frente al mismo están sesgadas ideológicamente» .
La nota pone como ejemplo, para llegar a esta conclusión, que «entre las medidas de prevención, se contemplan propuestas de sensibilización dirigidas a los varones con el fin de abordar la desigualdad de género entre mujeres y hombres y la construcción de masculinidades alternativas” (art. 8.3)
También critican que la Ley recoja propuestas de actuación en el ámbito educativo para la «implementación de los principios de igualdad de género, coeducación, erradicación de estereotipos y prevención de conductas violentas” (art. 9.2) calificando estas medidas como la implantación de «la ideología de género» que según ellos «inspira claramente la propuesta normativa»
La intervención preventiva es lo que ha desatado la ira
En relación con el ámbito educativo, el anteproyecto plantea como obligatoria una nueva asignatura (el art. 9.1) con contenidos relativos a educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género a impartir tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria para transmitir los valores de igualdad, respeto y diversidad”. Este hecho ha despertado la ira de la organización que no quiere contenidos obligatorios relacionados con la “EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, LA TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD” agarrándose a derechos de los padres y a los centros docentes .
Tampoco les ha gustado que el anteproyecto de la Junta en su artículo 9, encomienda al Servicio de Inspección Educativa la tarea de velar por la implementación de los principios de coeducación y prevención de la violencia de género, así como de la impartición de la asignatura con supervisión de libros de texto y material educativo, así como del deber de diligencia en la detección de agresiones de género, incluidas las sufridas por menores por razón de su identidad y diversidad afectivo-sexual.
La Disposición Adicional única del anteproyecto que prevé un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que la Consejería responsable en materia de educación desarrolle las actuaciones necesarias para adaptar a las previsiones de la ley el contenido del currículo regulador del sistema educativo en cada una de sus etapas, ciclos, grados y modalidades, tampoco les gusta ya que consideran «que es necesario educar en la no violencia de forma transversal, pero no a través de la imposición de contenidos discutidos que afectan directa y negativamente a la libertad de los padres».
Para esta organización incluir asignaturas para la igualdad y la prevención de la violencia «obliga a los centros y a padres y profesores a contradecir las propias convicciones morales y religiosas» y considera que de aprobarse «la propuesta normativa introducirá en el ordenamiento jurídico autonómico diversas medidas contrarias a la liberdad de enseñanza y a la libertad de educación».
El ultimo punto del comunicado solicita al Gobierno regional que «rectifique y plantee el problema de la violencia contra la mujer en términos objetivos».
