Cada dos minutos se produce una agresión sexual en Estados Unidos.
Solo el 5% de los delitos de violación acaban en condenas con penas de cárcel.
El 86% de las agresiones sexuales denunciadas, nunca llegan a la fiscalía ni se presentan cargos. La decisión de que ese caso no continúe adelante se toma en la misma comisaría.
“… A estas víctimas hay que darles justicia, aunque su caso haya prescrito. (…) El ADN puede identificar a un agresor desconocido, confirmar la presencia de un sospechoso conocido, confirmar el testimonio de la víctima de la agresión, relacionar al sospechoso con otros delitos de otros estados, o a ayudar a cerrar casos que no sean de índole sexual. Y también absolver a un inocente…”
Ante estos datos, y ante este pequeño testimonio recogido del propio documental que se puede ver actualmente en HBO, uno se pregunta si el problema que se denuncia, es una cuestión de insuficientes recursos económicos, de escaso personal, de carencias exclusivas del sistema judicial, o de una combinación de todos ellos, a los que, sin duda, es necesario, poner la correspondiente perspectiva de género en un problema, dentro de un sistema y una justicia eminentemente patriarcal, cuya valoración de la vida e integridad de la mujer tiene en tan poca estima.
El 86% de las agresiones sexuales denunciadas, nunca llegan a la fiscalía ni se presentan cargos.
Con frecuencia, numerosas campañas de publicidad nos alertan de la necesidad de que las mujeres agredidas y violadas, den el difícil paso de interponer una denuncia, para que la justicia pueda hacer su trabajo (“sin denuncia no hay caso”, se atreven incluso a interpelar en muchas ocasiones).
Ante las cifras que desvelan que solo una pequeña cifra del total de agresiones de índole sexual, acaban denunciadas en una comisaría (numerosos estudios manejan cifras que rondan el 15% o 20% a lo sumo), éste es el camino, que le toca transitar a las víctimas en su periplo por el sistema judicial.
Kit de investigación de violación
“Me sometí a las pruebas de violación. Me tomaron muestras de saliva y de la vagina… Y sentí que mi cuerpo era la escena del delito. Pero pensé que cuanta más información, más rápido cogerían a mi agresor…”
Y ésta es desgraciadamente, la realidad actual que denuncia el documental y a la que se enfrentan muchas mujeres agredidas sexualmente en EE.UU.
Memphis 12.000; Louisville 4.700; San Diego 3.000; Colorado 6.283; Texas 20.000…
Y así, una lista que se aventura interminable.
Cada cifra, de cada ciudad, corresponde al número de ‘kits de investigación de violación’ que no se han analizado, ni siquiera tenido en cuenta, para tramitar la correspondiente denuncia.
Es decir, que directamente, se ha sobreseído el caso, sin que la justicia se haya siquiera tomado la molestia de llevar a juicio un delito de esta gravedad.
Se calcula que habrá unos 400.000 kits en todo el país que nunca se han llegado a abrir para su posterior análisis.
En algunos casos, incluso ha pasado ya tanto tiempo que los “presuntos” delitos de agresiones sexuales ya han prescrito.
Y todo eso sin poder saber por otra parte, cuántos otros kits habrán sido destruidos en todo el país en las últimas décadas, para esconder unas cifras escandalosas que han sido deliberadamente ocultadas.
Cuesta 400 dólares analizar cada kit.
Y aun a sabiendas de que los datos reconocen que uno de cada cuatro posibles kits analizados, señalan a un posible violador en serie (es decir, reincidente), aun así, no es suficiente para que se pongan todos los medios para atajar un problema de esta magnitud.Esto, en el primer país y potencia mundial económica del planeta.
Ante la imposibilidad de analizar todos los kits que se van acumulando en estanterías de almacenes en algunos casos semiderruidos (las imágenes que muestra el documental de Detroit son impresionantes), surge el inevitable momento o disyuntiva, en el que un policía, que está tramitando in situ la denuncia, debe decidir cuáles son los kits que se analizan y cuáles no, porque es plenamente consciente de que el sistema no da abasto ni hay suficiente dinero para ello.
Y ahí es cuando, en palabras del propio documental, la “cosa se complica”.
Entra en liza lo que los policías consideran, creen, estiman, imaginan o presuponen qué es una violación y qué, según ellos, es una relación consentida.
Y aquí ya se empiezan a acumular todos los estereotipos, los prejuicios, las opiniones infundadas, en definitiva, todos aquellos constructos sociales que existen alrededor de las violaciones (y de las víctimas) y que desgraciadamente, tan bien tenemos integrados dentro del imaginario colectivo de nuestra sociedad.
Algo, como es lógico, a lo que no se pueden sustraer los encargados de impartir justicia.
Así se manifestaba delante de la cámara, una de las autoridades policiales competentes consultadas, al que se le preguntó sobre el proceso de selección y decisión, sobre cuáles eran los kits que se investigaban y cuáles no:
“Tienes que decidir si analizas el kit y cuándo lo analizas. Porque en la mayoría de los casos de violación, no digo que no existan, pero la mayoría de esos casos son relaciones consentidas”.
Ésta es la formación y la perspectiva de género tan “habitual” que aplican las personas (la mayoría hombres) encargadas de que el proceso judicial cumpla con todas las garantías que se le debiera presuponer.
En EE.UU, solo 8 estados están obligados por ley a analizar todos los kits de casos abiertos y casos pendientes.
En la mayoría de los casos en los que finalmente las violaciones se investigan, se juzgan y se penalizan, se trata de “desconocidos” que asaltan a sus víctimas en un callejón oscuro, a altas horas de la madrugada.
Escenario que, todavía, a día de hoy, parece el único escenario creíble y posible para que la justicia tome cartas en el asunto con respecto a las violaciones y agresiones sexuales, aun cuando está demostrado y comprobado fehacientemente, que es precisamente, el escenario menos habitual.
Y así, no es extraño que se dé el caso, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles, donde después de haber conseguido analizar 10.895 kits, y a pesar de haber encontrado 1.684 coincidencias con la base de datos CODIS (base de datos nacional, creada y mantenida por el FBI que contiene todos los datos de ADN archivados en el país), solo se contabilizaran 6 condenas con pena de cárcel.
