El Juzgado de lo penal 1 de Granada ha condenado a Juana Rivas a cinco años de prisión por un delito doble de sustracción de menores, dos años y seis meses por cada hijo, y a seis años sin poder ejercer la patria potestad de los menores, que están con su padre acusado de malos tratos.
Además, esta madre de Granada tendrá que pagar a Francesco Acuri, su expareja, una indemnización de 30.000 euros y cubrir los gastos del proceso judicial.
Esta sentencia, que es recurrible, no tiene en cuenta la segunda denuncia por malos tratos que Juana Rivas interpuso contra el padre de sus hijos, ella misma pidió hace unos días que la justicia tuviera en cuenta que es una mujer maltratada.
En respuesta a la sentencia está convocada una manifestación frente al Ministerio de Justicia a las siete de la tarde.
Pese a que Acuri fue condenado por un delito de malos tratos a Juana Rivas en 2009 y a que en 2016 ella presentó una nueva denuncia que está pendiente de resolverse, el juez considera que los malos tratos no han sido probados: “salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior”. Y añade que ella “era sabedora de la obligación que tenía de entregar los menores al padre y de forma consciente y deliberada lo incumplió”.
Los hechos a los que se refiere la sentencia ocurrieron en 2016 cuando Juana Rivas, tras las vacaciones en España comunicó a Acuri su intención de quedarse aquí con sus hijos. Es entonces cuando interpuso la segunda denuncia, que nunca llegó a escucharse. En abril de 2017 Acuri obtuvo la sentencia que le concedía custodia de sus hijos en Italia y comenzó el trámite para obtenerlos. En julio de 2017 el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada dictó auto de ejecución forzosa de la entrega de los niños, entonces Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos. Entregó a sus hijos el 28 de agosto de 2017 cuando un juzgado de granada ordenó la entrega nuevamente.
En el juicio aseguró que no los había entregado antes “porque estaba escapando del maltrato”. “Están ignorando que el padre de los niños sabía dónde estaba y fue a visitarlos. No hubo una sustracción propiamente de menores. A pesar de que tenemos leyes internacionales entre españa e italia, como es el convenio de Estambul, hay una obstinación del sistema judicial en cursar la denuncia del padre y paralizar la de la madre”, explica Begoña San José, presidenta de Mujeres para la Participación y la Igualdad. Reclama una actuación por parte de la fiscalía para poner en marcha la denuncia de 2016
El juez, Manuel Piñar, en su sentencia habla del apoyo popular que obtuvo Juana Rivas en estos términos: “multitud irreflexiva y visceral” y acusa a Juana de haberla arengado “hacerla cómplice de ese escarnio”
El juez, Manuel Piñar, en su sentencia habla del apoyo popular que obtuvo Juana Rivas en estos términos: “multitud irreflexiva y visceral” y acusa a Juana de haberla arengado “hacerla cómplice de ese escarnio”. Recordemos que este juez condenó a una mujer a un año y medio de prisión por una denuncia falsa. Como informó El País en la sentencia afirma que hay “excesivo celo ideológico de proteger a la mujer”.
En relación esta afirmación de Piñar, San José señala que a Juana Rivas “la están juzgando por la conciencia social que ha despertado. Percibo que hay una guerra de un sector importante de jueces, entre los que se encuentran los que son capaces de escribir esto, para decir que es una injerencia que las mujeres queramos una justicia no patriarcal, igualitaria” y añade “que nosotras salgamos a la calle es lo normal, que los jueces utilicen un poder que nosotras les estamos pagando y les estamos legitimando, para ir contra nuestras reivindicaciones es lo que no puede ser”.
Marisa Soleto, jurista feminista y directora de la Fundación Mujeres, apunta a este medio que “la sentencia es desproporcionada” y Ángela Alemany, abogada experta en violencia de género, preguntada por su primeras impresiones, afirma que “Es una condena por desacato”, y expresa su desconcierto porque se le hayan puesto dos delitos de sustracción de menores. “Me parece que nos están criminalizando”, expresa. “No han considerado los informes de ella y le ponen una indemnización que ya quisiera cualquier mujer una así por maltrato psicológico cuando se acredita que ha estado 20 años de maltrato psicológico, es un barbaridad”.
Begoña San José, hace especial hincapié en la situación de los menores: “me subleva porque la vida de esos niños no es recuperable. Creo que es totalmente injusto y creo que durante todo este tiempo ha habido un ensañamiento judicial con juana rivas, decenas de organizaciones feministas hemos presentado una queja al consejo del poder judicial y hemos acudido al defensor del pueblo”.
Con respecto a la reciente de Resolución del Supremo que asume la responsabilidad de la hija de Ángela González Carreño, añade: “el poder judicial está empeñado en que dos años sin tramitar una denuncia por violencia de género no es un mal funcionamiento de la justicia. Justo una semana después del caso de Ángela González carreño, no aprenden.”
