Fundación Mujeres: «Una sentencia desproporcionada e irrespetuosa con los mecanismos que atienden a las victimas»

 
En relación con al condena impuesta a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores a una pena de cárcel de más de 5 años y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por seis años, desde Fundación Mujeres han querido manifestar su indignación por una sentencia desproporcionada y que podría vulnerar los derechos individuales de la condenada.
Creen que se trata de una resolución judicial que «abiertamente puede calificarse como ejemplo de lo que quiere decir la expresión Justicia Patriarcal que utilizamos desde el movimiento feminista», por las siguientes razones:
1.- Es desproporcionada en cuanto a la consideración de los delitos que juzga y la pena impuesta. Muchos condenados por maltrato en nuestro país no tienen una privación de la patria potestad como la que se ha impuesto a Juana Rivas por intentar proteger a sus hijos, haciendo una interpretación muy restrictiva del delito de sustracción de menores por parte de una persona que no está privada de la custodia.
2.- Desacredita gravemente a los servicios públicos de asistencia a las mujeres victimas y no admite ninguna de las consideraciones
3.- Es de una pésima técnica judicial y en su contenido podrían estarse vulnerando derechos fundamentales de la ahora condenada Juana Rivas.
4.- Ha sido dictada por un juez que debió ser recusado por sus manifestaciones previas en contra de las políticas públicas de prevención y protección de las victimas de la violencia de género que, como poco hacen dudar de su imparcialidad en un asunto como este.
También han recordado a toda la sociedad que uno de los mayores problemas que tenemos en relación con la violencia contra las mujeres es que la mayor parte no se denuncia. Es fundamental por tanto que las mujeres puedan confiar en la justicia para su propia protección y las de sus hijos.
En este sentido, resoluciones judiciales de este tipo, son un claro ejemplo de la dejación del deber de protección a las victimas y a los menores afectados por violencia de género, que no sólo constituyen un callejón sin salida para las mujeres que denuncian a sus maltratadores, sino que son el mayor desincentivo para otras víctimas en su misma situación.
Si la legislación vigente permite que un juez pueda convertir a una mujer maltratada en deudora de su maltratador, como es el caso, es evidente que hay que reformar la legislación ante la imposibilidad manifiesta a través de reiteradas resoluciones judiciales de que los tribunales puedan aplicar con imparcialidad y enfoque en la protección de las victimas y los niños y niñas respecto de la violencia de género.
Esperan  que el actual Gobierno tome con celeridad las medidas oportunas que eviten de forma definitiva a Juana Rivas, un laberinto judicial de muchos años y sin sus hijos.