Comparar el derecho de las mujeres a abortar con la explotación reproductiva es de una ignorancia histórica inadmisible. Legalizar el aborto salva cada día vidas humanas, porque a nadie se le ocurriría recurrir a la clandestinidad en un país donde es un derecho decidir si continuar, o no, adelante con el embarazo. No podemos decir lo mismo de los vientres de alquiler, porque regular esta práctica atraería a agencias intermediarias, tratantes de criaturas y mafiosos que utilizarían la legalidad para tapar sus trapicheos y verían la puerta abierta a seguir negociando esta práctica en países pobres del Sur global. Esa es una de las grandes diferencias que separa el aborto de los vientres de alquiler, para esta gente, que con lo primero no se puede hacer negocio.
Hagamos un poco de historia: la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica realizada por mujeres de todos los países y en todas las épocas. Antiguamente, fue la naturaleza quien actuaba como control de natalidad; niñas y niños morían víctimas de enfermedades infecciosas o de hambre. Las mujeres se inducían abortos con hierbas o con métodos arriesgados que ponían en peligro sus vidas.
El aborto fue demandado desde diversos posicionamientos: desde una perspectiva social y feminista, que veía el aborto como un mal menor ya que lo importante era salvar la vida de la mujer; y desde una perspectiva malthusiana (s.XIX- s.XX), cuyo objetivo era evitar una, más que probable, crisis de recursos ante la reproducción indiscriminada. Desde esta postura se afirmaba que si no se controlaba la natalidad, aumentaría el empobrecimiento de la especie humana poniéndola en peligro de extinción.
Si revisamos la historia reciente de nuestro país, podremos comprobar que la principal razón por la que se proyectó legalizar el aborto durante la II República, fue consecuencia de la dramática situación de las mujeres, que vivían cargadas de criaturas y empobrecidas, y se practicaban abortos en sus propias casas con métodos insalubres y muy agresivos, que en ocasiones, las mutilaba o acababan con su vida . Ante tal drama, la ministra de sanidad, la cenetista Federica Montseny, ideó un proyecto al que se opuso la mayoría del ejecutivo. No obstante, pudo extender a la España republicana el Decreto aprobado en Cataluña, firmado por los consellers Josep Tarradellas (ERC), el anarquista Pere Herrera (CNT), y el sindicalista Rafael Vidiella (UGT). Este Decreto fue considerado la ley más avanzada de la época sobre el aborto, ya que permitía interrumpir el embarazo libremente hasta el tercer mes. Medida que no se contemplaba en ningún otro país.
Con la llegada del franquismo, la pérdida de derechos de las mujeres fue muy severa. Ya no se permitía decidir si se interrumpía o no el embarazo, sino que se premiaba a las familias numerosas. La que se atrevía a abortar volvía a la clandestinidad, arriesgándose a perder la libertad o caer en manos de cualquiera, poniendo en peligro su propia vida. Sobre la década de los sesenta, las mujeres con posibilidades económicas, volaban a Londres a solucionar el “problema”. La hipocresía del gobierno fascista, quedó más que en evidencia.
En la Transición, en 1979 se inició el procesamiento a las llamadas “11 de Bilbao”, once mujeres acusadas de practicar abortos. La Asamblea de mujeres de Bizkaia inició una movilización donde se exigía el sobreseimiento del caso y se reivindicaba el aborto libre y gratuito. Esta movilización recogió 1300 firmas de mujeres bajo el lema “Yo también he abortado”. En 1982, se absuelve a diez de las once detenidas. La acusada de practicar los abortos, físicamente, tuvo que acogerse a la Amnistía. Hubo manifestaciones de apoyo a estas mujeres alrededor de todo el país. Los datos empezaba a aflorar, según pudimos conocer en el primer número de el País Semanal, en el año 1976 se practicaron alrededor de 300.000 abortos y murieron unas 3.000 mujeres.
En 1985 durante el Gobierno del socialista Felipe González se aprobó la Ley de Supuestos, una Ley que no cumplía la demanda de las feministas de la época. Tras esta, llegó la Ley de Plazos de 2010 del Gobierno de Zapatero. Con el PP gobernando de nuevo, Gallardón intentó reformar la ley, lo que le costó la dimisión al tener que enfrentarse a las mujeres de este país, en una reivindicación histórica, gestada por Las Comadres de Gijón que organizaron el llamado “Tren de la Libertad”. Las calles se llenaron de mujeres -sí, de mujeres-, exigiendo sus derechos ante un gobierno retrógrado y un ministro que se tuvo que tragar, una a una todas sus palabras. El Movimiento Feminista español se reafirmaba, en un logro sin precedentes.
En el siglo XXI, en una tesitura esperpéntica, que ni Don Ramón hubiera superado en su mejor momento, se utiliza esta lucha histórica de las mujeres para demandar una práctica que vulnera Derechos Fundamentales. Se atreven, bajo el mítico lema, “nosotras parimos, nosotras decidimos”, a defender el derecho a explotar mujeres empobrecidas y traficar con sus criaturas convirtiéndolas en objetos de consumo. Y no solo eso, sino que ante nuestra oposición a legalizarla, son capaces de atreverse a insinuar, que se debería prohibir el aborto, ya que si no somos buenas para decidir ser explotadas por terceros para que cumplan sus deseos de paternidad/maternidad, tampoco lo somos para decidir abortar. Lógica patriarcal supina, en fin…
Aseguran que hay muchas mujeres dispuestas a gestar y parir, gratis, para desconocidas y desconocidos, pero yo no ví ninguna salir a la calle a reclamarlo. Ni una sola manifestación de mujeres exigiendo su derecho a ser utilizadas como herramientas reproductivas, se ha producido en ningún lugar del mundo. ¿Dónde están esas mujeres? ¿No será una demanda de hombres? ¿No estamos ante un viejo mandato patriarcal disfrazado de progreso?
Ni una sola manifestación de mujeres exigiendo su derecho a ser utilizadas como herramientas reproductivas, se ha producido en ningún lugar del mundo.
La interrupción voluntaria del embarazo no significa únicamente una decisión sobre nuestro cuerpo sino sobre toda nuestra vida. Es un derecho demandado y exigido por mujeres, porque su ilegalidad ha tenido consecuencias gravísimas, como la muerte, la mutilación, el abandono del hogar y del país, y la cárcel. Mujeres acusadas de asesinar criaturas, señaladas por una sociedad empeñada en utilizar el embarazo como castigo y como correctivo a una supuesta promiscuidad femenina.
Su estrategia de querer comparar los vientres de alquiler con el derecho al aborto es la prueba irrefutable de que su único objetivo, continúa siendo controlar nuestro cuerpo. En la actualidad la lucha por la legalización del aborto está más viva que nunca. Nuestras compañeras argentinas, chilenas, peruanas y de otros lugares del sur americano están peleando para conseguir su legalización en países, donde una mujer se puede postular como posible madre explotada, en redes sociales, sin que haya consecuencias para compradores, mientras niñas violadas son obligadas a parir y mueren, irremediablemente, en la sala de partos. ¡No hay vergüenza!
Solo una sociedad productora de objetos humanos, neoliberalista hasta la repugnancia, permitiría estas prácticas. Una sociedad donde poder pagar otorga derechos.
Señoras y señores: no lo vamos a permitir. Sí, nosotras parimos y nosotras decidimos. Decidimos sobre nuestros úteros, nuestro cuerpo, nuestra vida. No somos el pozo de los deseos, ni le debemos nada a nadie. Asumanlo de una vez y aprendran a gestionar sus frustraciones.
Foto de portada: Paula Felipe Guillem
