La Fiscalía de Extranjería lucha contra la trata de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI

Los datos resultan estremecedores. Más de 20 millones de personas en el mundo son víctimas de un trato denigrante a nivel laboral y sexual. La esclavitud del siglo XXI de la que no escapa prácticamente ningún país, ya sea por el origen de las víctimas, por ser una zona de tránsito o por el destino final de las personas afectadas.
Lo más terrorífico de esta lacra universal es que aproximadamente un 30% de las víctimas son niños y un 70% son mujeres y niñas, según datos del Informe Mundial sobre la Trata de Personas, elaborado por la Oficinas de las Naciones contra la Droga y el Delito.
En este contexto, esa Oficina conmemora cada 30 de julio, desde hace cinco años, el Día Internacional contra la Trata. ‘Asiste y protege a las víctimas de la trata’ (#Trata #FinALaTrata) es el lema elegido en 2018, con el que se pone de relieve las graves consecuencias derivadas de los conflictos y los desastres naturales, así como el riesgo de verse atrapados en la trata al que se enfrentan muchas personas. Aborda, además, una de las dificultades principales de la lucha contra la trata: la mayoría de las víctimas no son identificadas y, por tanto, no tienen acceso a asistencia o protección.
En 2010, la Asamblea General adoptó un Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, con el establecimiento de un Fondo Voluntario Fiduciario para las víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños.
En un futuro próximo, el objetivo es priorizar a las víctimas provenientes de conflictos armados o que forman parte de grandes corrientes migratorias o de refugiados. También centrarán su asistencia en las víctimas que han sido objeto de la trata para explotarlas sexualmente, extirparles órganos, obligarlas a la mendicidad y a la delincuencia, así como otras actividades cada vez más frecuentes (por ejemplo, extirpación de piel o pornografía en línea).
En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación.
Justo un año más tarde, tuvo lugar otro acontecimiento importante, la Cumbre sobre los Refugiados y los Migrantes en la que se aprobó la Declaración de Nueva York . En este documento, los países se comprometen a cumplir 19 puntos, tres de los cuales, precisamente, se centran en combatir la trata de personas y el contrabando de migrantes.

En España, la labor que desempeña la Fiscalía de Extranjería resulta incesante, ante la creciente casuística detectada al haber convertido España en un país de destino para la comisión de delitos contra la trata de seres humanos, con el registro de víctimas procedentes de más de 60 países.
Los datos criminológicos arrojan cerca de 600 investigaciones en este terreno desde el año 2012, entre las que destacan por encima de todo los relacionados contra la explotación sexual, con más del 86%, seguido a gran distancia de los crímenes por explotación laboral, por debajo del 9%, y de la mendicidad, con algo menos del 3%. Por debajo del 1% estarían los matrimonios forzosos, la extracción de órganos u otras actividades delictivas.Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Extranjería, el balance actualizado de la situación procesal establece que en 101 casos se acabó en una sentencia, con 66 condenas y 35 absoluciones. Otras 168 investigaciones fueron sobreseídas o archivadas provisionalmente y restarían casi 300 que estarían en tramitación.
La complejidad de investigar la trata de seres humanos por el crimen organizado y la vulnerabilidad de las víctimas
Año tras año, las investigaciones para perseguir los delitos de seres humanos se topan con el gran muro que supone la existencia de un nexo directo de estas prácticas con la redes del crimen organizado, que convierten a las víctimas en personas muy vulnerables y difíciles de obtener la colaboración activa en la persecución del delito.
Trabas que explican el hecho de que muchas de estas investigaciones, tras años de múltiples diligencias, no pueden ser concluidas. Y lo más negativo, por la pérdida de tiempo y de esfuerzos vanos que conlleva, que, a pesar de existir indicios más que suficientes de comisión del delito, casi un 48% de las investigaciones acaban siendo archivadas de manera provisional.
Tres causas provocan este archivo. Una, que no se ha probado fehacientemente la participación de los investigados, que los autores se encuentran ilocalizables –a veces, en el extranjero-, y que las víctimas identificadas, una vez liberadas, acaban por no acudir a sede judicial a ratificar la denuncia o declarar sobre los hechos enjuiciados.
No obstante, y a pesar de esta realidad, el mayor grado de preparación, especialización y compromiso de Fiscales, Jueces y Policía en la persecución de estos delitos, junto al sistema coordinado de protección de víctimas, en colaboración con ONGs integradas en la Red Española contra la Trata, está provocando un significado descenso de los sobreseimientos.
También está ayudando sobremanera la generalización del uso de mecanismos procesales adecuados, como la denominada ‘prueba preconstituida’ de la declaración de la víctima que, tras la sentencia de febrero de 2014, ha sido avalada por el Tribunal Supremo, al declarar que constituye una regla de experiencia que, en los delitos de trata de seres humanos, la presión sobre los testigos es muy intensa, por lo que esa prueba debe ser muy habitual anta la muy probable incidencia de su desaparición, huida al extranjero o incomparecencia al juicio oral, motivada por el temor a las eventuales consecuencias de una declaración contra sus victimarios.