El porcentaje de brasileños/as que se opone a cambios en la legislación para facilitar el aborto en Brasil se redujo ligeramente desde el 67 % en noviembre de 2015 hasta el 59 % este mes, según una encuesta divulgada hoy por la firma Datafolha.
Pese a que el índice de rechazo a la flexibilización de la legislación aún es muy elevado, el porcentaje medido en el nuevo sondeo es el menor desde agosto de 2006 (63 %) y se ubicó doce puntos porcentuales por debajo del récord de 71 % alcanzado en octubre de 2010.
De acuerdo con Datafolha, que entrevistó a 8.433 personas entre lunes y martes de este semana en 313 municipios y cuyo sondeo tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, el porcentaje de quienes defienden la legalización del aborto subió desde el 11 % en noviembre de 2015 hasta el 14 % en el nuevo sondeo.
La encuesta mostró igualmente que la gran mayoría de los brasileños (un 58 %) considera que la mujer tiene que ser sancionada y hasta conducida a prisión si comete un aborto. El porcentaje se mantuvo prácticamente estable con respecto al medido en noviembre pasado en una encuesta similar (57 %).
Por su parte, el porcentaje de los que se oponen a sancionar a una mujer por abortar bajó al 33 % este mes, frente al 36 % de noviembre del año pasado.
La nueva encuesta se confeccionó dos semanas después de que el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, organizara una audiencia pública para escuchar argumentos de especialistas tanto a favor como en contra del aborto antes de pronunciarse sobre un recurso en que se pide la flexibilización de la ley.
De acuerdo con la legislación brasileña, la interrupción del embarazo es considerada legal solamente en casos de violación, si la gestante está corriendo riesgo de vida o cuando el feto presenta anencefalia. Las dos primeras excepciones fueron autorizadas por el Congreso mientras que la última fue fruto de una decisión del Supremo.
La Corte Suprema tendrá que pronunciarse ahora sobre una demanda en la que el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) pidió la despenalización del aborto hasta la décimosegunda semana de gestación.
La formación izquierdista argumenta que la ley que prohíbe el aborto en estos casos viola los «derechos y principios fundamentales» de las mujeres, que están consagrados en la Constitución.
Los diferentes proyectos para legalizar el aborto presentados ante el Congreso están paralizados debido a la fuerte presión de legisladores vinculados a grupos religiosos, por lo que sus defensores optaron por buscar la despenalización por la vía judicial.
