Comunicado de la Comisión de Violencia de Género de JJpD en relación con el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género
Las medidas y recomendaciones contenidas en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados en sesión de 28 de septiembre de 2017, y por el Pleno del Senado en sesión de 13 de septiembre de 2017.
En el tiempo trascurrido desde su aprobación no se han puesto en marcha prácticamente ninguna de las medidas tomadas para su efectividad. El propio Pacto de Estado establece que todas las reformas normativas que en él se recogen debían realizarse seis meses después de su aprobación. Los seis meses han transcurrido con creces. Durante este año 2018, 26 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas y en su mayor parte no habían interpuesto denuncia.
Así las cosas, tratándose de la protección de mujeres y menores, que ven afectados derechos tan relevantes como el derecho a la vida, libertad y seguridad personal, a la integridad física y psicológica de las personas; el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes; el derecho a la igualdad en el seno de la familia y el derecho a la protección de la dignidad personal, no podemos afirmar la inexistencia de urgencia alguna para alcanzar la puesta en práctica de las medidas, ya consideradas útiles y necesarias para la protección de derechos fundamentales como los citados, mas bien consideramos necesarias e imprescindibles las reformas legislativas encaminadas a conseguir su efectividad.
Alcanzado el consenso de todas las fuerzas parlamentarias para el Pacto de Estado, entendemos que el debate y los distintos posicionamientos en cuanto a las medidas que recoge tuvieron lugar con la anterioridad a la aprobación del texto consensuado, y que así se realizó en concreto respecto a lo dispuesto en las medidas 70 y siguientes y 209 y siguientes de las que se incluyen en el Pacto.
En cuanto a la primera de ellas se recoge expresamente en el Pacto que el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género no se supeditará necesariamente a la interposición de denuncia. Se expresa asimismo la necesidad de introducir en la Ley Orgánica 1/2004 las modificaciones necesarias relativas a los títulos de acreditación. En la medida siguiente se recoge la pertinencia de diseñar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los títulos correspondientes.
Tanto acuerdos alcanzados en cursos realizados por el Consejo General del Poder Judicial, como distintas leyes autonómicas y forales recogen ya ésta necesaria distinción entre la condición de víctima a efectos de apoyos y ayudas administrativas y la condición de víctima en el proceso penal, dos conceptos que vienen siendo diferenciados con claridad normativa y jurisprudencialmente desde hace años, y que evidencian que el Estado afronta la violencia de género de forma integral y no como una cuestión que únicamente debe ser abordada desde la justicia penal, de ahí que la Ley Orgánica 1/2004 sea una ley integral.
necesaria distinción entre la condición de víctima a efectos de apoyos y ayudas administrativas y la condición de víctima en el proceso penal, dos conceptos que vienen siendo diferenciados con claridad normativa y jurisprudencialmente desde hace años,
El Pacto de Estado acuerda en las medidas 209 y siguientes desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad y en consecuencia modificar el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales, se posibilita por tanto que exista tal desvinculación también durante la tramitación de la causa.
La Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Dictámenes, el Convenio del Consejo de Europa, denominado Convenio de Estambul y el Estatuto de la Víctima incorporado a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal señalan a los poderes públicos los ámbitos en los que las necesidades de protección de niños y niñas son mayores o específicas para este colectivo, entre ellas cuando viven en un entorno familiar con violencia de género, y recogen una serie de principios básicos para el tratamiento jurídico de los menores (la dimensión pública de la protección al menor de edad, el interés superior del menor, la protección del menor frente a toda forma de discriminación).
el apoyo psicológico cuando exista una causa penal por malos tratos o abuso sexual no cercena el ejercicio correcto y adecuado de la potestad parental
De ello resulta que la patria potestad, junto con las facultades parentales de los progenitores, contemple el ejercicio de las mismas en interés del menor, por lo que la protección de éste mediante apoyo psicológico cuando exista una causa penal por malos tratos o abuso sexual no cercena el ejercicio correcto y adecuado de la potestad parental que otorga la patria potestad, sino que garantiza la atención y apoyo del niño o de la niña en supuestos de riesgo o daño causado por quien está incurso en causa penal por los citados delitos.
En base a todo lo cual, Juezas y Jueces para la Democracia considera que el Real Decreto-ley 9/2018 supone uno de los primeros pasos legislativos necesarios en aplicación de lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Con todo el respeto y buena intención, solamente decir lo que un ciego puede ver.Lo que algún partido político pretende parar, y muchísima más gente, juristas han puesto el grito en el cielo,ya que el decreto 3 de agosto sumado a las leyes de género son el mayor,y perdón por la palabra pero hay cosas que solo se pueden decir por su nombre, son el mayor genocidio contra la humanidad,los derechos humanos,la igualdad la Constitución y la vida, indistintamente si otros partidos han votado a favor o no del Pacto de Estado contra el hombre de 2017,no deben ponerlo en marcha jamás.Ese pacto no lo hizo Dios,si no que lo hicisteis vosotros,los políticos,algunos corruptos, esclavos de eso tan inmensamente grave y peligroso que llaman lo «políticamente correcto,» de intereses electorales, de ideologías perversas, incluso de políticas mundiales que realmente persiguen atacan y discriminan a la heterosexualidad, y ofrecen dinero por denuncias contra el varón indistintamente si son verdaderas o son falsas.Ejemplos son la Ley de Violencia de Género de Zapatero del 2004,el pacto de Estado contra el hombre del 2017,Real Decreto de 3 de agosto de 2018, y los cientos de ataques contra la independencia de la justicia, como «perspectiva de género» obligatoria a los jueces, tribunales «especializados» o de excepción contra el hombre, cribados en los centros de salud en maltrato contra él, casetas púrpura en cualquier evento contra el varón etcétera, fomentando odio,denuncias por lo más mínimo, y psicosis contra el hombre.
Ojalá vuelva la razón,verdadero análisis, a sus más de doscientas medidas todas contra el hombre de este perverso pacto.El pacto de Estado jamás puede salir adelante por el bien de la humanidad.
No se puede poner en marcha esta perversidad legislativa, va íntegramente dirigido contra el varón heterosexual sus derechos humanos fundamentales,va dirigido contra la igualdad la Constitución y la vida.
Señora Calvo por muchísimo,muchísimo dinero que sustente una perversidad se debe reflexionar siempre por verdaderos expertos antes que se convierta en el peor genocidio contra la humanidad y los derechos humanos,ya plasmado en el Real Decreto-Ley de 3 de agosto de 2018 en el que España pasa de ser un Estado de Derecho a la peor Inquisición de género, dónde las miles de Franciscas Granados podrán destrozar la vida a cualquier hombre de las miles de casas de la mujer existentes en toda España, asistentes sociales en ayuntamientos etc, todas ellas especializadas en «perspectiva de género» contra el hombre, como así se pretende hacer «perspectiva de género» obligatoria a los jueces contra el varón sin el menor pudor.Hace más de 14 años desde la Ley de Violencia de Género de Zapatero del 2004 que ha generado la mayor psicosis, odio discriminación, leyes,tribunales de excepción o «especializados» contra el hombre, esta ley no ha evitado ni un solo caso de violencia.Jamás nadie entenderá porque se hace mil veces más injusta en el Pacto de Estado contra el hombre,contra la igualdad contra la vida contra la razón contra la lógica, significa exactamente apagar el fuego con millones de litros de gasolina. Millones millones de hombres masacrados, sus familias sus madres sus abuelas, ley que en su perversión incluso discrimina los únicos inocentes que son los niños que tendrán derecho o no a la consideración «de género»dependiendo si quién maltrata es un hombre o es una mujer. Realmente para pedir socorro ante el mayor terror inimaginable, que es por desgracia una realidad.Políticos, y todo aquel que le quede un ápice de razón,parad esto cuanto antes.
Políticos deberéis rendir cuentas ante un juez de verdad.No salvará decir que solo os poníais de parte de las víctimas. De parte de las víctimas estamos todos pero sean mujeres hombres niños blancos amarillos altos o bajos. Un estado jamás puede violar presunción de inocencia, y convertir la justicia en Inquisición y frívolamente decir qué estás leyes y decretos tendrían algo que ver con igualdad.La Constitución Española en su interpretación jamás obliga a un estado a vulnerar derechos humanos fundamentales para evitar que se produzcan determinados delitos y solamente a una determinada parte de la población.
LO QUE LA CONSTITUCIÓN INDICA EN SU INTERPRETACIÓN, ES QUE JAMAS, JAMÁS UN ESTADO PUEDE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES EN ELLA RECOGIDOS,POR PARTE DE SUS POLÍTICOS EN LAS LEYES QUÉ DESARROLLEN. EVIDENTEMENTE ESTO ES ASÍ PARA EVITAR CRÍMENES, HOLOCAUSTOS,GENOCIDIOS. Y NO ESTÁ EXPUESTO A INTERPRETACIONES DE SUPUESTOS EXPERTOS, INVENTANDO CONCEPTOS DE IDÉNTICO SIGNIFICADO, DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA O NEGATIVA CUANDO LA VIOLENCIA NO TIENE GÉNERO Y ESPECIALMENTE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA AFECTA EXACTAMENTE A IGUAL NÚMERO DE MUJERES QUE HOMBRES Y HAY EXACTAMENTE EL MISMO NÚMERO DE MUJERES MALVADAS Y SIN ESCRÚPULOS QUE HOMBRES ,Y JAMAS PORQUE LOS BLANCOS O LOS NEGROS COMETAN MÁS DELITOS,JAMÁS DEBEMOS DISCRIMINARLES EN PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LAS LEYES.
espana/comunidad-valenciana/abci-oltra-acusa-consellera-justicia-invadir-competencias-comisaria-violencia-machista-201808231100_noticia.html
Todos han olvidado que existe una norma suprema que se llama Constitución. Qué dice que no debe haber discriminación sobre las personas,en las leyes que los políticos elaboran,ni por su sexo, su raza,su género u orientación sexual o por el color de su piel, o si son altos bajos gays lesbianas heterosexuales homosexuales etcétera.
Comisarías de la dictadura de género contra el hombre específicamente contra el varón heterosexual. Puntos violetas en todos los eventos contra el hombre, tribunales de excepción o «especializados»solo contra los hombres, cribados en los centros de salud contra el hombre, historias de Pepa y Pepe contra el hombre, películas libros comisarías, incitación al odio y la psicosis contra el hombre heterosexual a todas horas en todos los medios por todos los políticos por todas las instituciones ¿y ni tan siquiera ellos mismos son conscientes?
Incitación al odio y la psicosis por lo más mínimo,si alguna vez mira tu teléfono, pregunta qué hora volverás, afirmando que hay mujeres que son víctimas y ni siquiera ellas mismas lo saben. Tomando medidas como las del 3 de agosto de 2018 en el que cualquier mujer de los miles de Centros de la Mujer contra el hombre,de los miles de Ayuntamiento con las miles de asistentas sociales, que cualquier persona de estos centros pueda destrozar de la manera más perversa y criminal la vida de cualquier hombre sin tan siquiera conocerlo, sin el mayor atisbo de defensa para estos millones de hombres, sin derecho a juicio ni bueno ni malo. Cada vez que se conceda la condición de maltratada cualquier mujer a la vez se estará concediendo la condición de maltratador a cualquier hombre. Para que haya una víctima tiene que haber un victimario y la única condición para el victimario es que sea hombre. La demencia sustituye al Estado de derecho en la forma de la más perversa y criminal dictadura de género. La Inquisición sustituye al Estado de derecho y toma forma en las miles de casas de la mujer especializadas en «perspectiva de género» contra el hombre y los ayuntamientos, que jugarán hacer guiños al feminismo radical a ver cuál de ellos cómete la mayor perversidad contra los derechos humanos fundamentales del varón.El mayor genocidio está en marcha mientras todos miran para otro lado.