Hace unos días, la feminista Gloria Stein escribió una carta al Gobernador Andrew Cuomo del Estado de Nueva York oponiéndose a la Ley llamada “Acta para la Seguridad de las Hijas/os y Padres, una ley que legalizará la renta comercial de vientres en ese Estado de la Unión Americana. Y agregó que era indispensable detener esta ley porque la salud de las mujeres, sus derechos y sus vidas dependían de ello.
También manifestó que el peligro no era el uso de la subrogación altruista para crear una bonita familia, lo que es legal en Nueva York, pero que el Estado legalice a la industria comercial y altamente productiva de los vientres de alquiler. Como se ha podido ver en Nueva York como en otros países, esta industria daña y pone en peligro a las mujeres en el proceso, especialmente a aquellas que tienen pocas o no tienen alternativas económicas.
Con esta ley, las mujeres con necesidades económicas se convierten en vasijas comercializables para su renta, y los fetos que portan se convierten en propiedades de otros. Los derechos de las madres subrogadas sobre el feto que se desarrolla en su vientre son anulados y pierde todos sus derechos a reclamar la maternidad del o de la bebé que entrega. El proyecto de ley ignora las desigualdades socioeconómicas y raciales de la industria comercial de renta de vientres, y coloca a las mujeres desprotegidas y vulnerables a la merced financiera y emocional de personas más ricas y privilegiadas.
Usualmente el proceso empieza con una donación de óvulo, típicamente, de una joven que es, ella misma, una víctima del sistema educativo, que no ofrece educación universitaria gratuita o al alcance de todas, Se le ofrecen altas dosis de medicamentos para la fertilidad, orales, inyectados y no se les advierte de los efectos colaterales, como dolores de cabeza, hinchazón, náuseas, sensibilidad en las mamas y síndrome de hiperestimulación ovárica (SHEO), que puede variar desde malestar físico hasta enfermedades potencialmente mortales. Además, la madre sustituta también está en riesgo de todas las lesiones médicas y psicológicas documentadas del embarazo y el nacimiento, incluyendo la incapacidad de tener otros hijos e incluso la muerte.
El proyecto de ley no obliga a dar a conocer sobre esos riesgos.
Además, el único requisito del proyecto de ley de lo que llama los «padres previstos» es una residencia de 90 días en el estado de Nueva York, que se exime si el bebé nace en el estado. No se requieren verificaciones de antecedentes, y mucho menos las visitas domiciliarias y la atención a la estabilidad psicológica y económica que se les requieren a los padres adoptivos.
Esto significa que cualquier persona, desde una pareja bien intencionada y amorosa hasta un tratante sexual o un pedófilo, podría venir a Nueva York y celebrar un contrato comercial de gestación subrogada.
El proyecto de ley también permite que cualquier mujer, desde cualquier parte del mundo, sea traída a Nueva York, por cualquier persona, con el propósito de ser sometida a un embarazo comercial. Esto conlleva el gran riesgo de trata de personas para la explotación reproductiva y de otro tipo, tanto de mujeres como de niñas y niños.
La gestación reproductiva subrogada comercial está prohibida en casi todos los países de Europa, así como en la India, Tailandia, Nepal y Camboya. Si este proyecto de ley se convierte en ley, Nueva York podría convertirse en el destino perfecto para una industria mundial de gestación subrogada comercial multimillonaria que ya ha dado a otros países motivos para prohibirlo.
En 1992, el padre del gobernador Cuomo, el gobernador Mario Cuomo, fundó el Grupo de Trabajo sobre Vida y Derecho del Estado de Nueva York, y seis años más tarde, emitió un informe recomendando unánimemente que las políticas públicas prohibieran la subrogación reproductiva comercial por los daños que ocasiona a las mujeres cuyos cuerpos son usados y para las niñas y niños que portan.
Las dos décadas que han pasado desde que se publicó ese informe no han borrado o reducido los trágicos riesgos de la gestación subrogada comercial: como que socava el control de las mujeres sobre sus cuerpos, pone en peligro los derechos reproductivos de las mujeres, hace que las mujeres sean vulnerables a la trata y la explotación reproductivas, y además subordina a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, todo ello con un motivo de lucro de terceros que no está regulado.
El estado de Nueva York debe seguir lidereando la protección de los derechos de las mujeres, como lo ha hecho hasta ahora, bajo el gobernador Andrew Cuomo. Un estado que medicaliza y alquila los cuerpos de las mujeres -con ganancias de terceros como motivo y poca o ninguna regulación del riesgo para las mujeres donantes de óvulos y vientres sustitutos- pone en peligro el derecho fundamental de la mujer a la salud y la libertad y pone el beneficio económico sobre el bienestar del feto a largo plazo.
Cualquier legislación que legalice y permita la especulación de la invasión de los cuerpos -por ejemplo, convertirse en donante de órganos, donante de óvulos o un útero sustituto para la inseminación y nueve meses de embarazo- debe tener muchas más salvaguardias que esta legislación. Durante todos los años desde la menstruación hasta el final de la fertilidad, podría convertir los cuerpos de mujeres desprotegidas, tanto ciudadanas estadounidenses como inmigrantes legales e indocumentadas, en centros de jugosas ganancias.
También podría herir a los padres honestos y cariñosos de un niño nacido bajo las condiciones de este proyecto de ley. ¿Qué van a decir cuando se les pregunte sobre el bienestar y la identidad de la mujer que dio a luz a su hijo?
Las mujeres, niñas, niños y familias se merecen una vida que no esté dictada por las ganancias de una tercera parte comercial.
Este proyecto de Ley ya cuenta con la aprobación del Senado del Estado de Nueva York, pero no ha sido programada para ser votada en la Asamblea de Representantes.
