Una madre cuenta de qué manera el Estado desprotegió a ella y a sus hijas hasta un desenlace fatal. El relato en primera persona de los hechos es estremecedor. Los hechos en sí, por más que se haya extendido esta «costumbre» como una enfermedad contagiosa, son intolerables. Ocurrieron en Castellón, en septiembre de 2018. Allí, un malnacido de los que desgraciadamente proliferan, mató, en una visita, a sus dos hijas, Nerea y Martina, de tres y seis años. Luego se suicidó.
Es fácil de entender que semejante crimen sea imposible de superar, no sólo para la madre, que es quien ahora inicia acciones legales contra el Estado español, sino para toda una familia, para toda una comunidad, para todo un pueblo.
La madre de las niñas cuenta que sufrió muchas amenazas y que se atrevió finalmente a denunciar (antes no lo hacía porque temía que ocurriera algo fatídico, como realmente ocurrió) cuando el sujeto amenazó reiteradas veces con quitar la vida a sus propias hijas.
Ella denunció, hizo el VioGén que, entre otros cometidos, tiene la función de evaluar el riesgo al que se encuentra sometida la denunciante. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, esta víctima comprueba que en ningún supuesto del cuestionario figuraba cómo incluir la posibilidad de denunciar aquello que más la aterrorizaba: la amenaza de muerte hacia sus dos hijas por parte de su exmarido.
Ningún apartado lo reseñaba, cuando en el Estado español fueron asesinados por sus progenitores 29 niños y niñas desde 2013, según cifras oficiales (feminicidio.net registra, desde 2010 a 2018, la espeluznante cifra de 83 menores de 16 años asesinados). Cuando tuvimos que enterarnos, de que, así como la jueza que determinó que estas niñas no corrían peligro, por negligencia, por desinterés e incluso por abandono liso y llano, veintitantos individuos de sexo masculino se habían cobrado —por dañar a las madres más allá de la muerte— la vida de sus propios hijos e hijas.
En este mismo año dos criaturitas: el niño de Beniel, en Murcia, y el de la cueva de Santa Cruz de Tenerife. En 2018 fueron tres niños según cifras oficiales, pero Feminicidio.net contabiliza diez casos: ocho niñas y dos niños asesinados. También en base a los registros de feminicidio.net podemos saber que el filicidio de las niñas es superior (ampliamente, 68% a 21%) al de los varones.
Entre los casos más vapuleados por la telebasura aparecen sin duda los perpetrados contra Ruth y José Bretón o el del criminal que atraviesa a sus pequeñas con una sierra radial. Sin embargo, detrás de todos y cada uno de ellos no sólo hay una enorme indefensión de las víctimas, sino una ausencia total de vigilancia y protección de quien debía cuidarlas y protegerlas: el Estado.
Tampoco entendemos las diferencias entre los recuentos oficiales y los realizados por Feminicidio.net; hay muchas fórmulas que en lugar de estar destinadas a la protección de las personas parecen haberse puesto para salvaguardar la responsabilidad de un sistema que nos obvia y nos golpea, casi con la misma fuerza que nuestros maltratadores, que los asesinos de nuestros hijos e hijas.
Mientras tanto, se pasean por las salas de las más ilustres instituciones de la democracia las y los que nos ofenden, insultan e injurian. Los facciosos que cacarean que matamos a los hombres y también a nuestros hijos e hijas, en la misma proporción que ellos lo hacen con nosotras.
La madre de las pequeñas Nerea y Martina pasó un viacrucis espantoso. No le hicieron caso, como a tantas otras mujeres, como a tantas de nosotras. Solicitó al Juzgado de Guardia la suspensión de las visitas, pero fue en vano. No tuvieron en cuenta las grabaciones que recogió por indicación de su abogado, ni las fotos del carrito de la pequeña de tres años destrozado por el padre. La jueza, brillante magistrada, determinó que las versiones de ambos, maltratador y denunciante, eran contradictorias. Si no fuese terriblemente trágico provocaría hilaridad. ¿Esperaba su señoría que dijeran lo mismo? ¿Qué el maltratador y futuro asesino se autoinculpara?
Luego ocurrió lo que sabemos, como en tantos casos los asesinatos anunciados tienen complicidad desde las más altas instancias. Por eso esta madre reclama ahora algo que no devolverá la vida a sus hijas, que no reparará ni mitigará el dolor de semejante pérdida, pero que servirá como antecedente para otras madres que, desgraciadamente, pasarán por este mismo apocalipsis.
Ángela González, otra víctima de violencia, que realizó 47 denuncias, a las claras desatendidas en algún rincón del nudo de burocracia y misoginia del entramado institucional, estuvo durante 15 años reclamando justicia. Su exmarido también asesinó a la hija de ambos en una visita (siempre me he preguntado qué pasa por la cabeza de las y los jueces que permiten las visitas a los padres maltratadores al constatar el desastre provocado por sus sentencias. ¿Cómo se sentirán?, ¿podrán seguir durmiendo como si nada?). Luego de tanta absurda pelea contra un sistema que no sólo no cumple sus funciones, sino que no reconoce sus garrafales errores, consiguió que el Tribunal Supremo fallase a su favor, condenando al Estado a abonarle una abultada indemnización (que tampoco mitigará su pena, pero sentará precedentes más justos).
Así nos tratan las instituciones del Estado español, pasándose por sitios que no quiero nombrar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género (sí, de género, o machista si lo prefieren; la violencia que sí existe y se manifiesta de forma palmaria contra las mujeres, señores y señoras de la ultraderecha española), destinado a convertirse en otro montículo (¡pena de árboles!) de triste papel mojado.
